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Miércoles 17 de Enero del 2018

“Que guerrillera Tanja sea expulsada del proceso de Cuba si su situación migratoria no es legal”

Autor(a): FCPPC  | 

Fecha: 14/09/2014

Bogotá, 10 de septiembre de 2014 (CD). El Representante por Antioquia del Centro Democrático, Santiago Valencia, solicitó este miércoles al Gobierno un informe público sobre la situación migratoria de la guerrillera TanjaNijmeijer, y que sea expulsada del proceso que se adelanta en Cuba si no se ajusta a la normatividad.

La solicitud la hizo el Congresista mediante constancia que fue radicada en Plenaria de Cámara.

“Solicitamos al Gobierno y a la Cancillería, así como a las autoridades migratorias, que se le informe a la opinión pública nacional la situación migratoria de Tanja Nijmeijer, y en caso de que no se ajuste a la ley, sea excluida de manera inmediata de la mesa de negociaciones y el proceso de paz que se adelanta en Cuba”, expresó.

Adicionalmente exigió que de establecer que no cumple con esos requisitos, no se le permita el ingreso bajo ninguna circunstancia al territorio nacional y sea capturada por las autoridades competentes.

La constancia presentada por el Representante Valencia, además reitera la solicitud al Gobierno para que explique los motivos de la expulsión de los estudiantes venezolanos del territorio colombiano.

El siguiente es el texto completo de la constancia radicada:

“En el marco de la semana de la paz, y a pesar de encontrarnos en un Estado social de derecho, con una larga tradición respetuosa de los Derechos Humanos, y la defensa de las libertades, vale la pena conocer la historia de uno de los jóvenes venezolanos expulsados de manera arbitraria la semana pasada de nuestro país:

Lorent Saleh, estudio Comercio Internacional, tiene 26 años, dirige la ONG “Operación Libertad”, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y las libertades en Venezuela, y América Latina. Llego a Colombia el 19 de febrero de 2014, perseguido y criminalizado injustamente por el gobierno de Nicolás Maduro, ingreso al país bajo un permiso PIP6 que permite adelantar actividades académicas no formales en el territorio nacional por 90 días. Dicho permiso venció el 19 de mayo pasado y no se renovó.

El joven opositor venezolano en agosto, se presentó ante las autoridades de migración, y pago una sanción pecuniaria de $400.417 lo cual le otorgo un salvoconducto por 10 días que se cumplían el 07 de septiembre de la presente anualidad, lo descrito, con el fin de regularizar su situación y obtener una visa. Sin embargo, el joven opositor no tuvo oportunidad de cumplir la cita del viernes 05 de septiembre en la que esperaba obtener su visa.

Fue capturado y entregado a funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en San Cristóbal y de la oficina de Migración de San Antonio del Táchira, en calidad de deportado por el gobierno de Colombia, el jueves 04 de septiembre hacia las 5:35 PM, en medio de un fuerte operativo en el que camionetas de la Policía Nacional interceptaron el taxi en el que viajaba, de inmediato fue trasladado a la ciudad de Cúcuta y a tres horas después fue entregado en medio de agresiones y físicas y verbales de los funcionarios colombianos al cuerpo de inteligencia militar de la Guardia Venezolana.

A través de su página web, la autoridad para la vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado Colombiano informó mediante un comunicado que para el procedimiento de deportación de Saleh se apegó al Artículo 105 del decreto 4000 de 2004, el cual consagra:

…“se podrán expulsar los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social o cuando se haya comunicado por autoridad extranjera al Estado colombiano que, en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura, por delitos comunes o se encuentre registrado en los archivos de Interpol”.

A propósito de la detención realizada por parte del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en contra de Lorent Enrique Gómez Saleh y Gabriel Valles Sguerzi, que culminó con su entrega a las autoridades venezolanas en la ciudad fronteriza de Cúcuta, nos permitimos manifestar y dejar la presente constancia:

1. Los hechos acontecidos en contra de Lorent y Gabriel, evidencian, además de su condición de víctimas del régimen de Nicolás Maduro, la complicidad del Gobierno Santos en el propósito de callar en nuestro país y en América el grito de libertad de quienes claman el respeto por los Derechos Humanos de los estudiantes y compatriotas hermanos del pueblo venezolano.

2. Creemos que la defensa de la democracia no tiene fronteras, y por lo tanto es nuestro deber defender, apoyar y promover las causas que busquen su reivindicación como manifestación natural de la voluntad popular de los venezolanos.

3. Rechazamos vehementemente la persecución y flagrante violación a los Derechos Humanos, así como la vulneración a lo preceptuado en el Art. 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos el cual preceptúa:

“Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”. (Subrayado fuera del texto)

4. Hoy hacemos responsable al Presidente Juan Manuel Santos y al Estado colombiano de cualquier acto en contra de la vida, la dignidad y la integridad de los líderes estudiantiles Lorent Saleh y Gabriel Valles, jóvenes defensores de la libertad y la democracia de Venezuela en América Latina.

5. Instamos a los jóvenes de Colombia, más allá de su color político, a exigir garantías y respeto por los derechos de los jóvenes opositores de Venezuela. Los hechos advierten la posibilidad que el día de mañana seamos nosotros las víctimas de un gobierno opresor.

6. Solicitamos al Gobierno Nacional y a la Cancillería Colombia, así como a las autoridades migratorias, que se le informe a la opinión pública nacional la situación migratoria de TANJA NIJMEIJER, y en caso de que no se ajuste a la ley, sea excluida de manera inmediata de la mesa de negociaciones, y el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Asimismo, exigimos que no se le permita el ingreso bajo ninguna circunstancia al territorio nacional, y sea capturada por las autoridades competentes.

Si en este país no somos capaces de refugiar y evitar la tortura de jóvenes pacíficos y demócratas, y los expulsamos en aras de garantizar la seguridad nacional, no podemos permitir que extranjeros negocien nuestra paz, y mucho menos que ingresen a nuestro país”.

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