¿Qué hacer frente a la corrupción de la era Santos?

Entre dejarla prescribir en la impunidad del olvido o crear conciencia y corregir para mitigar la desafección política.

Los ciudadanos suelen decir que “no va a pasar nada”. La desconfianza en la justicia se extiende al “sistema” y la ilegitimidad resultante de las instituciones nos deja al borde del abismo del populismo.

El sistema político sabe a ciencia cierta que Juan Manuel Santos permitió que la corrupción del Estado y de la política llegara a niveles insospechados, con un clímax en torno a la segunda vuelta presidencial de 2014.

La gente reaccionó no votando por Vargas Lleras en 2018 y asume que el contralor, el procurador y el fiscal no serán los que establezcan la verdad y las sanciones porque el sistema político enmermelado los eligió.

El voto por Petro, sin embargo, representa el mayor desafío. El grado de desafección, descontento y castigo con la democracia y sus instituciones que envuelve es tal que por primera vez Colombia se podría salir de su proverbial moderación.

La era Santos nos dejó un descrédito del “sistema” tan grande que el tema tributario y fiscal es hoy inviable política y psicológicamente. Ante la certeza del despilfarro y el robo de la bonanza petrolera, la gente no quiere saber nada del Estado con su bolsillo. El pacto tributario está averiado, casi roto.

El establecimiento tiende a creer que bajándole al escándalo y al reclamo de investigaciones judiciales las cosas volverán a su cauce. Esto equivale para la gente a “se arropan con la misma cobija” los corruptos y los poderosos. Y probablemente ya no volverá ningún cauce conocido con la sociedad. La ilegitimidad se creció en ocho años y está dificultando enormemente la gobernabilidad.

Los costos del déficit de legitimidad del sistema (o del orden) para la sociedad son muy altos en la medida en que el poder político no puede atacar los problemas estructurales.

Así que el dilema a la vista es “arroparse con la misma cobija” o catarsis. O la pretendida impunidad del paso del tiempo (en términos del control fiscal, por ejemplo) o establecer la verdad judicial de los hechos fundamentales de corrupción de la era Santos y asumir las consecuencias en la narrativa histórica de Colombia.

La corrupción no ha sido solamente raparse la plata de todos. Ha sido dañar el funcionamiento de las instituciones, degradar la ética de los servidores públicos, empeorar la ineficiencia del gasto público, un desastre para las funciones del Estado en una sociedad con escasez de Estado y de mercado.

La situación de gobernabilidad es complicada, y no solo por la decisión de desmontar la herencia político-burocrática de Santos. Desafección política es el fenómeno con el que debemos lidiar, y no nos sirve evitar la cuestión de la era de Santos.

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