Qué pasó con Reficar

La Contraloría investigará y tasará los sobrecostos de la Refinería de Cartagena, así como las fallas en su planeación y construcción. Son muchas las explicaciones que el país requiere.

El 21 de octubre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos y la cúpula del sector energético y petrolero del país se dieron cita en Cartagena para inaugurar Reficar, la refinería de combustible que, según los planes iniciales, debía de haber estado operativa y en servicio 27 meses antes.

El discurso presidencial de inauguración hizo énfasis en que Reficar era “la planta más moderna del mundo”, y que los expertos que vinieron a supervisar y vigilar su proceso de construcción le aseguraron que “es un récord mundial”, refiriéndose a la relación hora trabajada/hombre.

En ese momento, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo también que Reficar “aportará 0,6 por ciento al crecimiento de la economía colombiana en 2016”.

Pues bien: aparte de estos datos que la nueva realidad económica internacional obligan a revisar y revaluar de forma constante, los colombianos vamos a oír hablar mucho de Reficar en los próximos meses. Y esto por cuanto la Contraloría General de la República decidió examinar todo el proceso de ejecución del proyecto que, según un informe preliminar, tuvo sobrecostos por valor de 4.023 millones de dólares. El costo final, según el ente de control, terminó siendo el equivalente a 1,5 veces la ampliación del Canal de Panamá, y 1,15 veces el costo estimado del Metro de Bogotá.

La Contraloría entregó el pasado lunes las siguientes cifras:

Las pérdidas acumuladas de Reficar ascienden a $ 1,69 billones de pesos. El beneficio económico no generado en los 27 meses de retraso para su entrada en operación es de 1.106 millones de dólares.

Sobre estos y otros posibles hallazgos, el propio contralor general, Edgardo Maya Villazón, dijo ayer en Caracol Radio que “la falta de planeación de este proyecto no es solo una falta disciplinaria y fiscal, sino que se constituye en delito”. Cuestionó que se hubiese escogido como firma contratista a una (Glencore) que, a su juicio, “no tenía ninguna experiencia”, y que además terminó dejando el proyecto, para lo cual Ecopetrol le pagó “549 millones de dólares en un paraíso fiscal” por sus acciones en la refinería.

Hizo el contralor otra advertencia: “la empresa americana que vigilaba la ejecución del contrato y CB&I se están yendo del país, y pueden incurrir en algunas conductas de carácter penal” si llegan a destruir los discos duros.

La Contraloría está revisando los 2.460 contratos suscritos para Reficar. Dice el contralor Maya que en obra pública la ley solo admite adiciones equivalentes al 50 % del valor del contrato, pero que aquí han encontrado que “el 18 % de los contratos (más de 440) tienen adiciones superiores al 100 %. Más de 25 contratos, superiores al 500 %. Y otros con adiciones entre el 1000 y el 37 mil %”.

El baile de cifras puede llegar a confundir a la opinión pública, pues hay muchas más, como las relativas al endeudamiento asumido por Ecopetrol que, con la caída de precios internacionales del petróleo, la dejan en situación difícil en su P y G.

A la par que explicaciones ante los organismos de control, los exdirectivos de Ecopetrol deben dar explicaciones suficientes y satisfactorias. Por ejemplo, el expresidente de la empresa, Javier Genaro Gutiérrez, quien a propósito acaba de ser designado miembro principal de la junta directiva del Grupo EPM.

La historia de Reficar puede poner ante los ojos de los colombianos un catálogo de despropósitos -por calificarlos preliminarmente de alguna manera- que no podrán ocultarse ni siquiera con las cifras de eventuales utilidades como las prometidas por el presidente Santos al poner en marcha la gigantesca refinería.

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