Estrategias adelantadas por este grupo empresarial antioqueño no sirvieron de mucho para evitar que jueces de restitución fallaran en su contra una solicitud de restitución en Montes de María.

Una dura sentencia contra la empresa cementera Argos profirió el pasado 17 de febrero la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta. De nada le sirvió al grupo económico antioqueño diseñar varias estrategias para evitar que decisiones judiciales concluyeran que por lo menos una de las las compras de tierra que hizo en la región de los Montes de María no estuvo enmarcada en la buena fe exenta de culpa.

¿Y por qué me pregunto qué piensa el presidente Juan Manuel Santos al respecto de esa sentencia? Porque, de acuerdo con un artículo publicado en el portal lasillavacia.com (La difícil reconciliación de Argos con Montes de María), directivos de la firma cementera acudieron a él para hablar de los problemas que les ocasionó la compra masiva de tierras en una zona que fue duramente golpeada por grupos paramilitares a finales de la década del 90 y comienzos del 2.000.

Lasillavacía.com relató en ese texto detalles de la visita de directivos de Argos a la Presidencia de la República. Citando a Sergio Osorio, uno de los vicepresidentes de la compañía, dice: “Y el presidente al frente de nosotros, cogió el teléfono, llamó a Ricardo Sabogal y le dijo: ‘Ricardo, tengo al presidente de Argos aquí en mi oficina, me está contando una cosa que me parece bastante grave, yo quiero que revises muy bien ese caso. ¿Qué está pasando ahí? Porque yo por esta compañía meto las manos al fuego, es una compañía muy decente’”.

Ricardo Sabogal es el director de la Unidad de Restitución de Tierras. En reiteradas ocasiones ha dicho que la única orden presidencial que ha recibido es la de “cuídeme la ley”, incluso, a lasillavacia.com se lo dijo también en ese artículo.

Los cementeros intuían que los jueces que atendían las solicitudes de restitución presentadas por campesinos que tuvieron que abandonar sus fincas en el municipio de Carmen de Bolívar, que luego fueron adquiridas por Argos, iban a fallar en su contra, por lo que requerían un respaldo institucional, y qué mejor que el de la Casa de Nariño.

Lo contradictorio de Santos es que el 11 de febrero del 2012, un poco más de un mes después de entrada en vigencia la Ley 1448 de 2011, también conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras, visitó el Urabá antioqueño y envió un mensaje claro: “Sabemos que hay muchos enemigos de la restitución de tierras, algunos porque les quitamos argumentos políticos y otros porque les estamos quitando sus tierras mal habidas, a todos ellos les decimos: olvídense de que le van a poner un palo en la rueda a este proceso”.

Me pregunto si Argos ha recurrido también al lobby con directivos de las instituciones que cumplen un papel en el proceso de restitución de tierras o con funcionarios del ministerio público, llamados a vigilar el proceso.

Hablar con Santos no fue la única estrategia del conglomerado. La primera de ellas fue suspender toda actividad forestal en las tierras adquiridas entre los años 2005 y 2010 en Montes de María una vez se conoció que estaba en trámite en el Congreso el proyecto que posteriormente se convirtió en la Ley 1448 de 2011, también conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras.

Luego, con el fin de tomar distancia del problema que se les iba a venir, creó en julio del 2015 la Fundación Crecer en Paz, con el fin de donarle 6.600 hectáreas adquiridas en los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar y desde ella buscar mecanismos de solución amistosa con los campesinos que reclamaban sus tierras, más allá de lo que decidieran los jueces.

¿Mantendrá el presidente Santos su palabra sobre Argos cuando lea en la sentencia que los jueces consideran que “el comportamiento negocial de la sociedad adquirente, se dirigió a expandir sus negocios en zonas que fueron azotadas por la violencia y a costa de la situación de desplazamiento y abandono sufrido por los propietarios de los fundos adquiridos”?

Curiosamente, y paralelo a las estrategias adoptadas por la cementera paisa, el 18 de diciembre pasado, el abogado Maximiliano Londoño Arango, en calidad de ciudadano y en apariencia sin ninguna representación de Argos, demandó ante la Corte Constitucional el artículo 94 de la Ley 1448 del 2011, que precisa que “no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el juez o magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno”.

Lo que pretende el abogado Londoño Arango es que la Corte declare inexequible la expresión “ni la conciliación”, lo que, a mi juicio, y así lo escribí en días pasados en este mismo espacio, favorecería a Argos, pues le permitiría acercarse a los campesinos para sugerir soluciones amistosas, antes de que se profieran las sentencias judiciales. (¿Argos, detrás de demanda a Ley de Restitución de Tierras?) Hasta donde tengo información, ya lo ha hecho en por lo menos dos ocasiones, a mediados de febrero y comienzos de marzo, en el municipio de Carmen de Bolívar con varios de los labriegos.

En entrevista a El Espectador, publicada el 2 de marzo pasado, el abogado Londoño reconoció que su firma, Londoño & Arango, “ha sido asesor legal de empresas del Grupo Argos. Sin embargo, debo mencionar que nunca hemos asesorado al Grupo Argos en procesos de restitución de tierras o trámites bajo la ley 1448”. (Abogado que demandó la Ley de Restitución de Tierras niega representar a Argos).

Mientras la Corte Constitucional responde a la demanda, el Grupo Argos, que no pudo probar la buena fe exenta de culpa en por lo menos el negocio sobre el que se basa la sentencia, tendrá que acatar el fallo, que sentenció que no tiene derecho “a favor suyo la compensación que el legislador únicamente estableció para los adquirentes de buena fe exenta de culpa, cualificada o creadora de derechos; en consecuencia tampoco hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno relacionado con la continuación del proyector macroindustrial”.

Por todo ello sería interesante que el presidente Santos expresara su opinión, una vez lea la sentencia contra Argos. ¿Seguirá metiendo las manos al fuego?