Si las Farc fueron capaces de realizar  un atentado de las dimensiones y alcances del que sufrió el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos el 15 de mayo de 2012 en pleno centro de Bogotá, es porque ellas se instalaron, de nuevo, en Cundinamarca.

Si la organización narco-terrorista logró  golpear de esa manera a una personalidad política de primer orden, protegida por la Policía, es porque ellas han quebrado el sistema defensivo de la capital de la República y han dado un salto en su capacidad destructiva y subversiva.

Por eso sorprende mucho la actitud del Gobierno. El presidente Santos no ha tomado una sola medida que esté a la altura de lo que acaba de ocurrir y sólo ofreció a las víctimas y al país adolorido una frase sobre la lucha contra los violentos, antes de pasar a otra cosa.

Ante un atentado de esa complejidad él debería haber promovido una reunión urgente de todos los ministros y servicios relacionados con la seguridad del país. Debería haber exigido no sólo una investigación policial rutinaria,  sino una pesquisa interna sobre los cambios súbitos que sufrió el dispositivo de protección del ex ministro antes del atentado y, sobre todo, un reexamen a fondo de los dispositivos de seguridad en vigor en todo el país, puesto que éstos han fallado.

También habría sido necesario revisar la legislación  antiterrorista y ver qué puede hacer el flamante “Comité de Revisión Estratégica e Innovación”,  del cual hacen parte las cuatro fuerzas de defensa del país, y que fue presentado al país  hace  dos meses.

El atentado del martes pasado es de tal importancia que habría sido legítimo reexaminar el plan de seguridad nacional, si éste existe. Lo ocurrido en Bogotá no es sino la confirmación de que la ola de ataques terroristas y de movilizaciones violentas pseudo sociales,  que afectan en forma cada vez más sensible  varios departamentos, hacen parte de un plan coherente y en marcha.  En otras palabras, significa  que las Farc han salido de su fase defensiva y han llegado a modificar la relación de fuerzas que existía al final del segundo mandato del presidente Álvaro Uribe.

Con el atentado en Bogotá las Farc lanzaron un reto abierto no sólo contra los patriotas desarmados que luchan intelectualmente por la justicia, por la libertad de información y de discusión y por la supervivencia de nuestro sistema político-social y, por ende, contra la maquinaria de muerte y desolación que son las Farc, sino contra todo el personal político e intelectual del país. Quien se niegue a ver eso es un irresponsable.

El atentado del 15 de mayo muestra que Bogotá y Cundinamarca ya comenzaron a alojar nuevas bases operativas de las Farc. Un ataque de ese tipo no puede ser preparado desde una plataforma escondida en el Catatumbo, o en el Caquetá, o en Venezuela. Requiere, por el contrario, de centros logísticos diversos en la capital de la República  y en localidades de su periferia.

Una operación de tal precisión diabólica tuvo que haber exigido esfuerzos considerables de coordinación en comunicaciones, alojamiento, transportes, armamento  y personal. El equipo de fanáticos que se desplegó el 15 de mayo en las calles de Bogotá tuvo que haber recibido apoyo efectivo de individuos que durante semanas, si no meses, espiaron, cronometraron los movimientos, los itinerarios, los horarios y otros hábitos del  ex ministro y de su dispositivo de protección, sin ser descubiertos, para que otro grupo, aun más secreto, de fríos ejecutores,  pudiera decidir el lugar y el momento de la emboscada y pasar al acto final de instalar y detonar la bomba en el instante más propicio para realizar la cobarde matanza.

Esos asesinos, y no sólo el misterioso ejecutor de la peluca, lograron escapar del lugar y podrían estar refugiados en Bogotá, o en sus alrededores, en casas “de seguridad”, o en un hospital clandestino, parte integrante de la red banalizada de depósitos de armas, explosivos y vehículos y hasta del centro de entrenamiento que quizás utilizaron para preparar esta nueva atrocidad contra Colombia.

Recordemos que recientemente, en marzo de 2012, en Usme y Soacha, entre otras localidades, fueron allanados varios “cambuches” y hospitales clandestinos de las Farc y que en esos mismos días se supo que un militar de un batallón de artillería del sur de Bogotá vendía información al jefe del Bloque Oriental de las Farc que algunos creían desmantelado.  ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Por qué no fue hasta el final? Si se hubiera destruido el entramado completo que las Farc han construido cerca de Bogotá probablemente no habríamos tenido que lamentar el atentado del 15 de mayo. 

Qué lejos estamos pues del plan “estocada final” anunciado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en marzo pasado, contra las Farc.

Lo que más duele y alarma es la frialdad de Juan Manuel Santos ante esta nueva tragedia. Unas horas después de la emboscada contra Fernando Londoño, que mató a dos de sus escoltas e hirió a otros 54 colombianos, el presidente Santos tuvo la indecencia de decir, en Soacha: “El país va muy bien, va por buen camino, y nadie nos va a desviar de ese buen camino”. 

Esa declaración deja la impresión de que el mandatario colombiano  está totalmente desconectado de la realidad.

Fernando Londoño, entre tanto, desde su lecho de enfermo, decía esto como un desmentido involuntario a la frase increíble de Santos: “Estamos perdiendo a Colombia”.

Es evidente que los dos hombres  públicos tienen  percepciones muy distintas de la suerte que está corriendo nuestro pobre país.

¿Cómo Colombia puede ir “muy bien” si las armas de la República no son capaces de frenar la ofensiva de las Farc? ¿De qué sirve tener un índice de crecimiento de 5% (la cifra es del presidente Santos) si el terrorismo está en capacidad de amedrentar y asesinar de nuevo en las calles de Bogotá, como hacía en 2001 cuando el país había sido catalogado como un “Estado fallido”?

Alfredo Rangel dijo, en enero de 2012, que los ataques guerrilleros se han incrementado  un 38 % en los últimos doce meses,  y que “el mes más violento de los últimos ocho años” fue enero de 2012. El director del instituto Seguridad y Democracia agregó que las acciones violentas de la guerrilla contra la Fuerza Pública durante el presente año “casi triplican las que ejecutó en 2007 o  2008”.

Esos guarismos se agravaron dramáticamente en los últimos días.  ¿Y qué medidas tomó Juan Manuel Santos para hacerle frente a la amenaza? Ninguna. El corrige a los jefes de policía que constatan y  anuncian, como es su deber, que las Farc pueden estar detrás del atentado contra Fernando Londoño.  Y, al mismo tiempo, en un plano diferente, se empeña en sacar adelante un nefasto proyecto de reforma constitucional que abre una caja de Pandora hacia las concesiones más demenciales: garantía de impunidad para los delitos y crímenes, incluidos los atroces, cometidos por los jefes y las bases narco-terroristas que se sometan a la nueva legislación “transicional” en curso y la posibilidad de que todos ellos puedan convertirse en activistas y jefes políticos con capacidad para ser elegidos al Congreso y a otras corporaciones públicas. Todo ello como parte (sólo una parte), de una utópica “salida política” al “conflicto armado”.

El llamado “marco legal para la paz” vendría a ser, en esas condiciones, la victoria más grande que las Farc jamás hayan podido imaginar en sus 50 años de matanzas y violencias contra los colombianos.  El proyecto que defiende Roy Barreras, un senador que pasó del uribismo al antiuribismo más necio, es tan escandaloso que está edificando, de hecho, un muro de opositores donde están convergiendo personalidades de todas las corrientes, dentro y fuera de Colombia: desde el ex presidente Álvaro Uribe, hasta el señor Vivanco, de Human Rights Watch.

Fernando Londoño Hoyos ha explicado que esa reforma le retiraría a la justicia ordinaria la competencia para juzgar a esos criminales y al Congreso la facultad de legislar acerca de los procesos de paz en Colombia. Esa reforma no exige siquiera a los violentos entregar sus arsenales.

De ser aprobada, esa odiosa reforma hará parte del avance de las Farc hacia la imposición de su hegemonía sobre la sociedad colombiana. En ese fatídico momento tendremos que decir que el establecimiento gubernamental colombiano quedó definitivamente atrapado en las garras del chavismo.

A ese clima enrarecido de futuro incierto contribuye el presidente Santos al evadir toda explicación acerca de lo que le está ocurriendo a ese proyecto. Todo el mundo teme  las supuestas “negociaciones secretas” entre él y las Farc, dentro y fuera de Colombia. Y Santos no se digna  desmentir o confirmar tal extremo. Su actitud es arrogante y poco hábil pues un temor social de esa naturaleza no puede ser dejado en el aire sin que genere nuevas violencias.

Puesto que somos los primeros afectados por los desmanes de las Farc, los colombianos tenemos derecho a saber en qué consisten esas concesiones.  Por el momento, sólo vemos los resultados: recortes drásticos a la protección jurídica de los militares y policías, lo que está frenando la lucha contra la subversión armada y las Bacrim,  y el “marco legal para la paz”.

La confusión es alimentada por el Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, asegura que no habrá impunidad y que los guerrilleros que se sometan a  ese “marco” no tendrán derecho al protagonismo político. Roy Barreras dice lo contrario. Un diario bogotano informó que “al conocer las propuestas del ex presidente Uribe”,  de reducir penas a los guerrilleros no incursos en delitos atroces, pero sin darles posibilidad de tener “vocería política”, Roy Barreras “respondió que sí debe abrirse la posibilidad de dar vocería política” a esa gente. El estima que más vale unos tipos que hablan que unos que disparan. Así, los más tétricos gangsters de la subversión tendrán derecho a hacer política, como cualquier ciudadano honorable.

Un terrorista que se somete a la ley y deja de matar puede ser beneficiado de alguna manera, pero ese gesto positivo no lo convierte en un ciudadano como los demás. El podrá tener derechos, salvo el de convertirse en ejemplo para la sociedad. La frontera entre lo moral y lo inmoral, en caso contrario, habrá sido abolida. No es con esa gente que los colombianos construirán su futuro.

Ese “marco legal para la paz” parece ser, para las Farc, una palanca estratégica. Utilizaron el atentado del martes para frenar la oposición a ese tema y hacerle mal a la sociedad. Se equivocaron. Fernando Londoño sobrevivió al ataque y su calvario generó una ola de simpatía por él, de todos los partidos y tendencias, y por La Hora de la Verdad, y le ha hecho abrir los ojos a millones de personas. El crimen no paga.