Lo que tiene que refrendar el pueblo no es la paz, objetivo que todos queremos, sino los acuerdos suscritos con las Farc, que no podrán contener cláusulas que sean inadmisibles.

Tan pronto el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reveló en septiembre de 2012 que comenzaría diálogos formales con las Farc para lograr el fin del conflicto armado interno, ofreció a los colombianos que serían ellos quienes refrendarían en las urnas los eventuales acuerdos.

Ese compromiso ha sido ratificado una y otra vez, tanto por el Jefe del Estado como por el negociador jefe del Gobierno, Humberto De la Calle. Incluso fue renovado por el Presidente ante dignatarios extranjeros durante su segunda posesión, el 7 de agosto de 2014: “No sobra recordarlo: serán los colombianos los que refrendarán el acuerdo final que allí se alcance. ¡Serán ustedes, los colombianos, quienes tengan la última palabra!”.

Ahora el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, siguiendo la línea de lo que ha sido su pauta de comportamiento como fiscal, de intervenir en temas que no le competen y de generar confusión en los asuntos más sensibles, donde precisamente más claridad y honradez política se necesitan, viene a decir que no hay necesidad de que los acuerdos de paz sean refrendados por los colombianos.

La cuestión es que los colombianos no sabemos ya en calidad de qué está actuando el fiscal general. Su identificación con los postulados del Gobierno llega a tal punto que defiende más las políticas gubernamentales que los propios ministros del despacho. El hecho de que empiece a ambientar un “conejo” de tan grave magnitud a la refrendación popular a los acuerdos de paz despierta todo tipo de sospechas y suspicacias.

Y si bien el propio doctor De la Calle volvió a decir que sí habría pronunciamiento popular sobre los acuerdos de paz, lo que ha quedado patente es que el Gobierno no sabe cuál va a ser el mecanismo utilizado ni tiene previstos sus términos.

Nadie ha dicho que la Constitución obligue a la refrendación. Pero casi todos, salvo el fiscal, tienen claro que la falta de ella haría ese proceso incompleto y falto de legitimidad. Sería una “paz” impuesta y de papel.

El presidente Santos ofreció en 2014 a los colombianos una “paz” sin impunidad, con justicia, con dignidad para las víctimas y sin sacrificar los principios del Estado Democrático de Derecho. Quienes votaron por él y lo reeligieron votaron por ese compromiso. Ese fue el mandato, y esas fueron las condiciones.

Teniendo muy claro, por supuesto, que lo que se refrendará no es la paz, como engañosamente lo promueven oportunistas de oficio, pues la paz la queremos todos. Los que se refrendarán son los acuerdos con las Farc, los que aún no se han culminado, que tendrán que tener el suficiente grado de dignidad y respeto por la justicia y por las víctimas para poder ser aprobados por la gente que lleva décadas sufriendo la agresión violenta de esa guerrilla.

Evidentemente, decidir el mecanismo de participación popular es una decisión de altísima complejidad. Si referendo, si plebiscito, si consulta popular o, incluso, si asamblea constituyente, es lo que deberá definirse. Todos tienen sus particularidades, todos tienen sus dificultades: los mínimos de votos requeridos, su capacidad de reformar o no las normas vigentes, la asunción de la decisión popular como otro mandato político que abra vía a las reformas o no.

Pero ya eso estaba advertido. La Constitución ofrece varias vías, sin necesidad de soluciones improvisadas tipo “séptima papeleta”. El valor de la apuesta presidencial de Juan Manuel Santos, tan importante como jugársela por el proceso de paz, fue haberse comprometido desde un principio a que sería el pueblo colombiano el que le conferiría la legitimidad, irreversible ella en caso de aprobación de los acuerdos en las urnas.