Tal vez va siendo hora de que el Ministerio de las TIC empiece a darle un empujón a una ley de medios públicos donde se elimine la nefasta influencia oficial sobre los contenidos de estos.

Hace algún tiempo me encontré con esta frase de uno de los ejecutivos de la televisión y radio públicas de Alemania: “La independencia y la calidad de los contenidos de los medios de comunicación públicos son un reflejo del estado de la democracia de cada país”. La afirmación no es difícil de comprobar; es cuestión de tomar algunos ejemplos de medios públicos y compararlos con la solidez del sistema democrático de su país de origen.

La BBC, ejemplo de radio y TV públicas, existe en un país donde se ha trazado debidamente el límite entre la junta de administración de esa casa de medios y el gobierno de turno. Los contenidos no son creados según la visión y los intereses de un partido político, sino que buscan reflejar un cierto equilibrio entre las fuentes y una visión completa de lo que pasa en el Reino Unido. No importa si hay hechos o noticias perjudiciales para el Gobierno, la BBC cumple con informar.

En Argentina, los medios públicos tienen una estrecha relación con el gobierno kirchnerista y, aunque existe una política de crear contenidos para todo tipo de públicos, es evidente que en sus sistemas de noticias, así como en los programas de opinión, la tendencia es a respaldar las iniciativas del gobierno de Cristina Fernández, mientras que el espacio para los opositores no es lo suficientemente amplio.

Venezuela, bien es sabido, tiene unos medios públicos sometidos al Gobierno, sin capacidad crítica y donde se señala negativamente al opositor. Más que la visión de un país, los medios públicos de nuestro vecino son el reflejo de un punto de vista donde no existen los contrastes, ni se toleran.

¡Cuánto quisiéramos que en Colombia nuestros medios públicos fueran más como la BBC y menos como los otros ejemplos que he dado! Sin embargo, la realidad nos lanza un duro golpe con las recientes noticias.

La reducción del presupuesto de la radio pública, que pasó de tener 26.500 millones a 17.500 millones de pesos para este 2015, termina mostrando el desinterés del Gobierno en el fortalecimiento de los medios públicos. Y no es porque cuanta más plata haya mejores serán los contenidos, pero si se tiene en cuenta el enfoque del recorte, en donde la mayor parte de los afectados (o, mejor, despedidos) fueron aquellos periodistas que trabajaban en la búsqueda de información para el sistema de noticias, o el equipo dedicado a la producción de documentales para radio, la situación no deja de ser inquietante.

Mientras eso ocurre, las ondas de la radio pública se van llenando de espacios institucionales de las entidades del Estado cual si fuera un Canal Institucional, donde no importa la audiencia, sino que cualquier ICBF, Sena o ministerio tengan un canal de difusión de sus programas en espacios promocionales, donde la crítica no cabe.

Apaga uno la radio, prende la televisión y encuentra a Señal Colombia, nuestro canal público por excelencia, que sigue apostando a los deportes, la programación infantil y algunos programas de interés general, como Los puros criollos, para cultivar su audiencia. ¿Dónde están las noticias? ¿Cuál es el miedo a hacer información pura y dura en la radio y la TV públicas?

Tal vez va siendo hora de que el Ministerio de las TIC empiece a darle un empujón a una ley de medios públicos donde se elimine la nefasta influencia oficial sobre los contenidos de estos medios y se dé el salto hacia una administración donde el gobierno de turno no sea el rector del destino (y los contenidos) de los medios que deberían ser la bandera de Colombia ante el resto del mundo.