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Martes 17 de Julio del 2018

Radiografía del Eln, sin algoritmos

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Juan David Laverde Palma  |

Fecha: 28/11/2015

 

El Eln se fundó en 1964. Desde hace 16 meses el Gobierno inició una fase exploratoria de diálogos con ese grupo - Foto: Archivo - El Espectador

Aunque la Fiscalía ha venido documentando la estela de violencia de esta guerrilla desde hace tres años, contrató a Natalia Springer por $3.000 millones para lo mismo. El Espectador revela el documento de 849 páginas elaborado por un fiscal de Justicia y Paz. No tiene un solo algoritmo.

Toda la historia del Eln, su radiografía criminal en más de medio siglo de conflicto y el rastro imborrable de centenares de delitos de guerra y de lesa humanidad fueron documentados por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. El fiscal Hernando Castañeda Ariza estuvo al frente de este titánico trabajo y consignó sus pesquisas en una acusación de 849 páginas conocidas por El Espectador. Todos los patrones de macrocriminalidad están allí.

Este diario hizo un resumen de la columna vertebral de esta acusación, que reposa en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. Allí se condensó el esfuerzo de la Fiscalía y de las Fuerzas Militares —estas últimas fueron claves con sus bases de datos y reportes— para reconstruir la barbarie guerrillera. Con este antecedente la siguiente pregunta es un poco obvia: ¿para qué pagarle a la firma de Natalia Springer $3.000 millones para realizar lo mismo?

Homicidio en la guerrilla

Con el objetivo de identificar sus prácticas criminales, la Fiscalía seleccionó 227 homicidios perpetrados por ese grupo entre 1966 y 2010. En ese análisis transversal halló las motivaciones esenciales de su accionar. De ese universo, el 47 % de los crímenes ocurrieron por el control territorial, es decir, fueron cometidos contra agentes considerados por ellos como su “enemigo natural”: la Fuerza Pública, autodefensas, funcionarios y población civil “informante” del Estado. En el 43 % de los casos, la motivación fue por el control social: limpieza social, en términos castizos. Apenas un 7 % de esos asesinatos tuvieron como origen el control de recursos, o sea, gente que se negó a financiarlos.

Para esta guerrilla, este crimen tiene varios nombres en el contexto de la guerra; ajusticiamiento, fusilamiento y golpes al enemigo. El ajusticiamiento comprende el asesinato de personas seleccionadas de forma individual o colectiva y puede darse en la vía pública, retenes ilegales, residencias, asaltos o instalación de explosivos. Una práctica dirigida hacia la población civil y los miembros de los cuerpos armados del Estado. El fusilamiento, en cambio, es el asesinato dentro de las filas del Eln encaminado a mantener el control guerrillero. Según sus normas, se aplica a “la cobardía, la deserción y la doble militancia”. El golpe a los enemigos se entiende como el homicidio a quienes los combaten.

La Fiscalía determinó las formas de muerte usadas por los elenos: atentados con explosivos (contra la infraestructura y la Fuerza Pública), plan pistola (muy usado en zonas urbanas), avalado por los congresos de la organización como parte de la “combinación de todas las formas de lucha para la toma efectiva del poder”; homicidios colectivos y contacto armado (combates, emboscadas y hostigamientos). Según se estableció, 20 de cada 100 muertes ejecutadas por el Eln se dan en la vía pública. Asimismo, el 20 % de los asesinatos ocurren en retenes ilegales.

Para el ente acusador, el Eln “actúa como una fuerza político-militar que emplea los atentados contra la vida consumados u homicidios como una de sus prácticas para ejercer y demostrar dominio, control, permanencia y presencia en el territorio nacional, mediante la utilización de armas y explosivos contra la población civil y organismos de seguridad del Estado que van en contravía de su política y fines”. Una conducta que realizó de manera sistemática, generalizada y reiterada, que afectó principalmente a la población civil.

Reclutamiento de menores

Este delito fue evaluado por la Fiscalía como un crimen de guerra. Entre las prácticas documentadas figuran el convencimiento de sus víctimas, la amenaza y el engaño. La Fiscalía tomó 21 casos como muestra. La principal motivación para perpetrar este crimen fue “el incremento del pie de fuerza como necesidad para fortalecer su lucha armada”. Según los hallazgos, este delito no diferencia género (curiosamente se documentó que en el 61% de los casos las reclutadas fueron niñas).

A pesar de que en sus estatutos está el “trabajo de masas”, 6 de cada 10 reclutados fueron llevados a la fuerza. Del universo estudiado, tan sólo se halló un caso de un menor que fue “persuadido”. Dentro de la matriz analizada se evidenció que los pocos niños que resultaron engañados lo hicieron bajo falsas promesas como consecución de ingresos, oportunidades de trabajo o estudio. Pero hay perlas. Por ejemplo, la Fiscalía determinó el protocolo dentro del trabajo de masas eleno. “Este trabajo de masas se veía reflejado cuando el encargado de reclutar jóvenes se ganaba su confianza, se hacía amigo de las víctimas y les hacía un trabajo dependiendo de las condiciones socioeconómicas”.

Apenas en un 14% de los reclutamientos hubo engaños a los niños. En realidad, en casi la mitad de los casos documentados, fue la amenaza la práctica más común para obligar a los menores a empuñar un arma. Los departamentos con más casos de este delito fueron en su orden Antioquia (33%) y Nariño. Aunque en los estatutos del Eln se advierte que desde los 16 años los menores pueden ser reclutados, el promedio de los niños es de 14 años. En medio siglo de guerra esta guerrilla ha reclutado menores en 9 de los 32 departamentos. El pico en este ítem se dio entre 1998 y 2003, señaló la Unidad de Justicia y Paz.

Ataques a la infraestructura petrolera

La Fiscalía también hizo un pormenorizado análisis sobre el impacto de los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Para ello citó informes internos de Ecopetrol que evidenciaron en una línea de tiempo las afectaciones al tubo y el impacto en la producción petrolera, las condiciones sociales, económicas y políticas de la región. Entre 1998 y 2001 ocurrieron la mayor cantidad de atentados. En este documento se cita un informe de policía judicial titulado “Impactos ambientales generados por las acciones terroristas del Eln”.

Allí se estableció que 34 municipios han resultado afectados por el derrame de crudo, asociándose a costos aproximados de limpieza en estas áreas por un valor de $181 mil millones. También se advierte del daño ambiental en las cuencas y bocatomas principales del departamento de Arauca y los ríos Catatumbo y Tarra. Curiosamente, el pasado 28 de octubre, en una publicitada rueda de prensa en Washington, y con la compañía del propio fiscal Eduardo Montealegre, Natalia Springer presentó su informe sobre el impacto de los ataques del Eln a este oleoducto. Un reporte de 46 páginas que, según varios académicos, dista mucho de ser riguroso y en el cual no se especifica de dónde salieron los datos.

Springer dijo que jamás se había estudiado este fenómeno. Pero en la acusación contra el Eln conocida por este diario se demuestra que sí.

Secuestro

Ha sido una de las principales conductas delictivas cometidas por el Eln. A partir del análisis del universo de secuestros investigados y filtrados en Justicia y Paz, conforme a patrones de georreferenciación, la Fiscalía determinó los indicadores, las políticas y las prácticas ejecutadas por esta guerrilla. Para esta acusación se depuró una matriz con 241 víctimas a lo largo del tiempo. Las razones de los plagios, como ocurre con los homicidios, siempre fueron tres: garantizar el control de recursos (en 46 % de los casos), el control territorial (41 % de los casos) y el control social (13 %).

Del universo analizado, se estableció que casi la mitad de los secuestros han tenido como fin el de sostener la organización ilegal. Según la acusación, el Eln fue “el primer movimiento guerrillero de América Latina en cometer secuestros”. En cuatro de cada diez plagios, las víctimas fueron funcionarios o agentes de la Fuerza Pública. Este control territorial buscó consolidar “el monopolio de la violencia organizada en un territorio dado”, ya que este grupo “vende la ideología de ‘servicio de seguridad’ a los habitantes del mismo territorio”, bien imponiendo tributos o impuestos.

En números fríos la estadística es esta: 47 % de las veces el secuestro es con fines económicos, el 26 % de tipo político, el 17 % por “desatención a las normas establecidas por la guerrilla; y el 10 % como forma de debilitamiento al enemigo (el Estado). Según los hallazgos de la Fiscalía, la mayoría de los secuestros realizados por el Eln han sido en la vía pública, (36 %), en la vivienda (22 %) y en retenes ilegales (18 %). La Fiscalía también halló una particularidad: el 16 % de los plagios fueron a aeronaves (con lo ocurrido con el Fokker de Avianca en 1999). Por último, en el 55 % de los casos el Eln llevaba prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

Desaparición forzada

Para documentar este crimen y analizarlo de forma transversal, la Fiscalía seleccionó 65 casos atribuibles al Eln ocurridos entre febrero de 1984 y febrero de 2007. Para desaparecer gente, este grupo ilegal acudió a la fuerza, la amenaza, el engaño y la intimidación. En el 42% de los casos, este delito se ejecutó cuando las víctimas se negaban a financiar “la causa”, y en el 41% para mantener el control territorial. Con siete frentes de guerra, el Eln “llevó a cabo desapariciones forzadas contra aquellas personas consideradas como obstáculo a su estrategia”, dice el documento.

Este delito se dio contra cuatro grupos: su enemigo natural, es decir, contra la Fuerza Pública o funcionarios del Estado, contra guerrilleros desertores o infiltrados, contra la población civil y contra las autodefensas. Tan sólo en 4 de 100 casos se estableció que estas personas fueron desaparecidas para mantener un control social. Con otra estadística feroz: apenas el 4% de estas víctimas fueron inhumadas (enterradas). Sobre el 96% restante se desconoce cómo desaparecieron. Uno de cada cuatro desaparecidos fue borrado del mapa en horas de la mañana, a pleno desayuno.

La mayoría de crímenes acontecieron en sectores rurales con una topografía muy agreste. El promedio de edad de los desaparecidos se ubicó entre los 18 y los 46 años. “Podríamos deducir de la gráfica, en cuanto al género masculino, que muchas de las desapariciones forzadas se presentaron intrafilas (en la misma guerrilla) por reclutamientos ilícitos que a la postre generaron fusilamientos”, concluyó la Fiscalía.

Desplazamiento forzado

La Fiscalía analizó este delito desde el marco jurídico internacional. Así estableció la existencia de un patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, mediante la cual el Eln adoptó políticas de estigmatización de las víctimas por presuntos vínculos con “el enemigo”. El análisis señala que este delito se ejecutó acudiendo a prácticas como la amenaza directa, el temor de la población y la inseguridad. A través de cuadros estadísticos, el organismo investigador documentó que dichas prácticas tuvieron un carácter sistemático, generalizado y reiterado.

La Fiscalía tomó como base 65 hechos de desplazamiento ocurridos entre 1989 y 2005 que afectaron a 238 personas. Con esa muestra y tras cruzar estos datos con confesiones de postulados y víctimas en Justicia y Paz, se determinó que la mayoría de estos crímenes se perpetraron en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. En el 36 % de los casos el principal detonante de este crimen es el control territorial. “El Eln direccionó el desplazamiento forzado contra determinados grupos poblacionales, que consideraba enemigos” —se lee en la acusación— agrupados así: servidores públicos, civiles que no estaban de acuerdo con ellos, agricultores, ganaderos y comerciantes.

En el 95 % de los hechos, el desplazamiento se dio por amenazas directas y el porcentaje restante como consecuencia del temor que infundía en la población este grupo ilegal. Las amenazas, según la Fiscalía, eran explícitas cuando había de por medio una “orden expresa” e implícitas cuando la “víctima percibía un peligro inminente”. En más de la mitad de los casos, la gente se fue de sus tierras debido al ultimátum de los fusiles. En un 30 % ocurrió luego de un “hecho victimizante”, como el asesinato, la desaparición, el reclutamiento o la extorsión. En su orden, Santander, Norte de Santander, Cesar, Antioquia y Bolívar fueron las regiones más afectadas históricamente por este fenómeno de violencia.

Siete de cada diez víctimas de este flagelo se rehusaron a regresar a sus tierras. Los tres restantes lo hicieron —casi que obligados por la vida— porque se estaban muriendo de hambre en los lugares a los que llegaron. En cuanto la afectación a las víctimas, la mayoría oscila en rangos de edad entre los 36 y los 59 años. Casi todos los desplazamientos ocurrieron en zonas rurales.

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