Constituyente para la justicia

Lo que les está sucediendo a las instituciones en Colombia debe analizarse cuidadosamente, a fin de actuar con sentido de urgencia.

No es posible que, en medio de la pérdida de credibilidad de todos los poderes, haya tantos que miren lo que sucede con desinterés o un desdén que profundiza la crisis.

Infortunadamente estamos atravesando una época de cansancio y rechazo de lo público por parte de millones de ciudadanos.

Ese es un sentimiento comprensible a la luz de los hechos deplorables que afectan con regularidad a las distintas ramas del poder público.

Pero, dejar pasas las cosas, actuar con el entendido de que una noticia mata la otra, o incurrir en la complacencia dañina de decir que como todo ha sido siempre igual no sucederá nada, es, simplemente, contribuir al empeoramiento de los problemas.

Para aproximarse a la identificación de los pasos que sería conveniente dar con el fin de hacerle frente al deterioro institucional, que pone en entredicho a la democracia colombiana, debe tenerse presente que la enfermedad no afecta solo a uno de los poderes, está minando la salud de todos. Sin embargo, hablemos hoy de la justicia:

Todavía se escucha el eco de la malhadada reforma a la justicia que aprobó el Congreso en el 2012. En aquella oportunidad todo se hizo tan mal que se levantó una ola de indignación nacional.

Se manoseó el principio de colaboración armónica de los poderes, se hizo caso omiso de exigencias legales en el proceso de conciliación en el Parlamento y se actuó creyendo que se podía hacer cualquier cosa con una reforma constitucional.

Y el Gobierno, para deshacer el entuerto que engendró y neutralizar el “tsunami político” arrasador, se inventó un argumento jurídico traído de los cabellos con el que le apostó al “mal menor” en aquella coyuntura.

Fue tan infortunado ese episodio, que todavía siguen saltando los fantasmas que rondaron entonces. Nada de fondo ha pasado desde ese año.

Salvo algunas iniciativas, que hacen parte de un proyecto bautizado con pompa digna de mejor causa, de “equilibrio de poderes”, lo cierto es que no hay un esfuerzo de naturaleza estructural, que es lo que se requiere.

Como la historia ha puesto en evidencia la incapacidad del Congreso para reformar la justicia, de cara a lo que le sucede hoy a la Corte Constitucional, es necesario pensar en una cirugía mayor.

El momento no está para confundir las medidas con las políticas, ni para creer que algunos artículos incluidos en un proyecto de ley serán suficientes. Mucho menos para proclamar que basta tomar apenas medidas de carácter administrativo.

El asunto obliga a dar pasos que le den renovada legitimidad al poder judicial. Y para que esto ocurra es necesario poner en marcha un proceso en el que participen todos los poderes, incluyendo, desde luego, a los miembros de la rama, y al pueblo colombiano.

El mecanismo podría ser la convocatoria de una Constituyente limitada exclusivamente a la justicia.

Lo ideal sería un acuerdo nacional, promovido por el Gobierno, para preguntarles a los ciudadanos si desean su convocatoria, toda vez que se necesita ley.

Ahora bien, si el consenso no es posible, habría otro camino. Podría acudirse a la iniciativa popular legislativa para conseguir que la gente pueda pronunciarse sobre la materia.

A nadie escapa que estos mecanismos son controvertibles. No obstante es indispensable tener en cuenta que de lo que se trata hoy es de darle nueva legitimidad a un poder esencial para la estabilidad del orden social.