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Sábado 23 de Junio del 2018

Reforma pensional en calzas prietas

Dudas sobre su impacto fiscal y aumento en cobertura, oposición de gremios empresariales y sindicales, indisposición del Congreso y división entre los ministros le auguran un futuro incierto al muy endeble proyecto de reforma pensional.

Después de dos años de anunciar la pomposa reforma pensional el gobierno ha salido con un proyecto fofo, enredado y que no ataca los problemas de fondo. Aunque no se conoce el texto preciso, las explicaciones del Ministro de Trabajo Rafael Pardo dan suficientes pistas.

La cercanía a las elecciones parece explicar que se haya producido semejante parto de los montes, en opinión de algunos. Es probable que así sea. Varios congresistas, empezando por el locuaz Roy Barreras, han expresado su desgano con la reforma. Pero ha pesado más, sin duda, la vieja actitud irresoluta y vacilante de la actual administración, que le juega más a cultivar votos e imagen que a resolver los asuntos que tiene en sus manos.

Los expertos hace tiempo han detallado las falencias de nuestro sistema pensional. Empezando por su mínima cobertura, siguiendo con su vergonzosa inequidad, para terminar con las amenazas para que su sostenibilidad a largo plazo. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se adelantaron algunos cambios constitucionales y legales que le dieron un respiro al sistema y corrigieron algunas de sus distorsiones; pero la tarea quedó a mitad de camino.

Sin embargo el proyecto del gobierno de Santos no tocará, lo ha dicho el ministro Pardo, ninguna de las dos variables centrales del esquema, la edad de jubilación ni las semanas de cotización, por su sensibilidad para los electores. Arma una especie de colcha de retazos que deja demasiadas dudas sobre su impacto en la cobertura y el fisco.

Para la ampliación de la cobertura la propuesta simplemente revive herramientas ya vigentes desde el gobierno anterior. Nada nuevo en este campo. Los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), dirigidos a cubrir con una protección en la vejez a las personas que ganan menos del salario mínimo, fueron creados por el Acto Legislativo 01 de 2005, reglamentado por la Ley 13 28 de 2009. Y el programa de ayuda a los ancianos indigentes, que ahora se llama Colombia Mayor, se había iniciado con la Ley 797 de 2003 y el Decreto 3771 de 2007. La pensión familiar, establecida en ley del año pasado, fue también una iniciativa que contó con aval oficial en años pasados, sin lograr éxito en el Legislativo.

Sus objetivos son loables, pero existe incertidumbre sobre su costo fiscal. Se trata de subsidios, a cargo unos del Fondo de Solidaridad Pensional (para los ancianos indigentes), y otros del presupuesto nacional (para los BEP). Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda de este gobierno, ha calculado que solamente para el programa de pensiones familiares se requerirían 6 billones de pesos anuales de subsidio. El auxilio para los ancianos desprotegidos está fijado en $ 150.000 cada dos meses y se propone cubrir en pocos años el total, estimado en 2.400.000 personas.

En cuanto a los BEP, los interesados deben constituir una cuenta de ahorro personal, y al final el Estado les sumará un 20% como subsidio, para completar los beneficios. Según ANIF el costo fiscal puede ser de 2% del PIB en Valor Presente Neto (VPN); los cálculos oficiales son del doble, un 4% del PIB, pues suponen salarios promedio de los cuenta-habientes más altos.

Los cambios del régimen pensional mismo aún no están claros. Al parecer el gobierno busca implantar el sistema llamado de “pilares” en la jerga económica. Un primer pilar consistiría en un sistema de prima media, administrado por Colpensiones solamente, que cubriría hasta un salario mínimo, tanto para quienes lo devenguen como para quienes devenguen más. El Estado aportaría un subsidio equivalente a 87 millones de pesos por pensionado.

El segundo pilar, con el sistema de ahorro individual sería administrado tanto por Colpensiones como por los fondos privados. Consistiría en cuentas individuales de ahorro, donde se capitalizarían los aportes de los afiliados, para constituir el capital que servirá para el pago de su pensión cuando cumplan la edad y semanas de cotización. No tendría subsidio estatal. Se suprimiría el régimen de prima media a partir del salario mínimo. Ello significa un ahorro para el fisco, que cubrirían los afiliados con la reducción de sus pensiones (menores en ahorro individual frente a prima media).

El Ministerio del Trabajo ha estimado que se ahorraría una suma significativa al erario. Para el año 2060 el pasivo pensional no sería de 129% del PIB, sino del 114%. Sergio Clavijo, conocido economista, pregunta si este ahorro fiscal es menor que los subsidios que se otorgan. El balance no está claro. Además advierte un peligro: que los BEP puedan ser asimilados a larga a pensiones por los jueces y se obligue –como lo contempla la Constitución- a no reconocer pensión inferior al salario mínimo. El subsidio del Estado se incrementaría bastante.

Santiago Montenegro, de Asofondos, ha advertido sobre posibles problemas de la reforma. En su criterio, las ayudas a los ancianos y los BEP son incentivos contra la formalización, que es la verdadera solución del sistema pensional. Añade que el aumento de cobertura está en duda por esta razón, lo mismo que por el hecho de que los trabajadores que devenguen el mínimo no podrán estar en los fondos privados, donde se requieren menos semanas para pensionarse, lo que provocará deserción o menor número de personas que llenen los requisitos completos para jubilarse.

Para rematar, a la reforma le han aparecido inesperados tropiezos en el mismo gobierno. Para el Ministro de Hacienda lo prioritario es aprobar una reforma a la salud; la pensional puede esperar. No solo -como la mayoría de los proyectos de Santos- llega tarde, sino preñado de controversias internas.

Dudas sobre el impacto fiscal y aumento en cobertura, oposición de gremios empresariales y sindicales, indisposición del Congreso y división entre los ministros le auguran un futuro incierto al muy endeble proyecto de reforma pensional.

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