Nueva derrota jurídica de Colombia
Incertidumbre sobre límites con Nicaragua
El gobierno colombiano decidió ayer resignar la defensa de la soberanía ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, frente a las pretensiones de Nicaragua sobre la plataforma continental extendida en el mar Caribe occidental.
Como se sabe, en 2012 el país perdió alrededor de 80 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales que rodeaban el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos aledaños. La soberanía colombiana quedó asegurada en los enclaves territoriales, pero una gran porción del entorno marítimo fue otorgado a Nicaragua. Con ello, el tratado Esguerra-Bárcenas, de 1928, y los protocolos adicionales, en los que el país había pensado como límite fronterizo el meridiano 82, quedaron modificados y la Corte dictaminó las nuevas fronteras.
Posteriormente, en 2013, Nicaragua volvió a demandar a Colombia sobre la base de que estaba dando largas e incumpliendo el fallo de la Corte, que obliga a un tratado bilateral para la ratificación de los límites y las adecuaciones de pesca, ambientales y de lucha contra el narcotráfico, lo mismo que presentó otra demanda a fin de solicitar el estudio de la plataforma continental extendida a partir de la sentencia ya en firme.
Ante ello Colombia se salió del Pacto de Bogotá, que es la fuente de origen de la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, y adujo que no era, por lo tanto, competente para volverse a referir al pleito colombo-nicaragüense y que este, por lo demás, ya se había zanjado como cosa juzgada en el fallo del 2012.
Ayer, sin embargo, la Corte Internacional de La Haya desestimó las pretensiones colombianas, declarándose competente para seguir conociendo sobre el asunto por cuanto, producto de temas de procedimiento, aún se mantiene la vigencia del Pacto de Bogotá en el que, de nuevo, afincó su competencia. De otra parte, en una situación de empate que hubo de dirimirse con el voto del propio presidente de la Corte, se apartó de la cosa juzgada y también se declaró competente para conocer y fallar en su momento sobre la plataforma continental extendida aludida por Nicaragua. Ello, así mismo, nada tiene que ver con Colombia ya que el país no firmó la Convención del Mar en la cual se desarrolla esta figura. Curiosamente, la nación colombiana no adujo esta circunstancia en las excepciones preliminares, sino que seguramente la había guardado dentro del arsenal probatorio posterior.
Siendo esta instancia del proceso un pleito de forma, en el que no se ha tocado el fondo de las pretensiones nicaragüenses, no se sabe cuál será el dictamen de la Corte Internacional, ni en cuanto al incumplimiento del fallo por parte de Colombia ni en cuanto a las pretensiones de plataforma continental extendida de Nicaragua, que llevaría sus fronteras cerca de las costas colombianas. Parecería que eso quedará para futuros gobiernos colombianos. Lo que sí se sabe, en todo caso, es que la figura de la plataforma continental extendida no tiene sino uno o dos casos de pronunciamiento por parte del sistema de Naciones Unidas y está lejos, por supuesto, de constituirse en derecho internacional consuetudinario. De suyo, hay aspectos de la Convención del Mar que podrían tratarse como doctrina universal, pero en dado caso no en referencia a la plataforma continental extendida por ser un elemento de muy escaso o casi nulo desarrollo.
De lo anterior se desprende, ciertamente, un duro revés jurídico por parte de las pretensiones colombianas que fueron desestimadas. Cada una de ellas, por una amplia mayoría, salvo en cuanto al tema de la cosa juzgada, en donde se presentó el empate ya dicho y que fue dirimido por el presidente de la Corte en contra del país.
Frente a ello, Colombia decidió abandonar el terreno jurídico y pasarse a un escenario netamente político interno. No quiere decir, en ningún caso, que no se haya perdido ya el territorio marítimo en el Caribe occidental, fruto del fallo del 2012. Esto se habría podido saldar o morigerar de alguna manera si se hubiera pedido la revisión de la sentencia de entonces, pero Colombia se abstuvo de hacerlo. Y en ese término, Nicaragua pidió a la Corte la conminación a Colombia para cumplir el fallo y ampliar sus pretensiones en la otra demanda.
Al abandonar el territorio jurídico y pasarse al político interno, no se subsana la derrota judicial, aunque se intenta amortiguar el dictamen de ayer. Ya de antemano el expresidente Álvaro Uribe había pedido desconocer a la Corte, antes de la sentencia. Una línea similar adoptó el Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, minutos después de conocer la decisión en La Haya y que recibió apoyo de los sectores del país.
Entretanto, si bien Colombia ha desconocido a la más importante Corte del sistema de Naciones Unidas, emergida del Consejo de Seguridad, por otro lado solicita el respaldo del mismo Consejo para llevar a cabo la verificación del cese el fuego con la guerrilla y la financiación y monitoreo de las zonas de despeje. No se sabe si este tipo de contradicciones tendrá algún efecto en el proceso de paz.
De acuerdo con la Constitución, las relaciones exteriores del Estado colombiano se fundan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el país. Bajo esa óptica la nación había logrado ser de las más respetadas en América Latina. La renuncia a la defensa ante los estrados judiciales por parte de la nación colombiana no significa que el proceso no siga. Seguimos creyendo que la Corte Internacional fallará a favor nuestro en cuanto a la plataforma extendida, tanto porque Colombia no firmó la Convención del Mar como porque las pretensiones nicaragüenses están fuera de toda órbita. No obstante, desprovistos de defensa, reinará por un tiempo la incertidumbre. A hoy ya no se sabe cuáles son los límites colombianos con Nicaragua, tampoco con Venezuela y esperamos que las conductas actuales no lleven a una revisión general de lo acordado con otros países del Caribe occidental.
