Retos del Congreso

Equilibrio de poderes y PND, los principales.

Entre polarización política y distracción electoral

La  segunda parte de la legislatura parlamentaria que arranca esta semana trae para el Congreso varios desafíos de hondo calado. Es claro que el proyecto más importante de este tramo de sesiones, que va hasta mediados de junio, es la reforma que se ha denominado de “equilibrio de poderes”, que debe surtir sus últimos cuatro debates. Si la discusión alrededor de sus alcances fue muy movida en la primera vuelta, en esta segunda y definitiva apunta a serlo más por efecto de los últimos escándalos en las altas Cortes, que van desde la denuncia presidencial de “coqueteos” del Consejo Superior de la Judicatura a los parlamentarios para evitar la supresión de ese alto tribunal, hasta el bochornoso y todavía muy confuso caso de un presunto intento de soborno en la Corte Constitucional para torcer el fallo de una acción de tutela. Las graves implicaciones de ambas denuncias no sólo revivieron las dudas sobre la utilidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, sino sobre los cambios que plantea la reforma en trámite en torno del juzgamiento de los altos funcionarios aforados. Otros temas relacionados con los mecanismos de elección de los magistrados, la politización de la justicia, los choques jurisdiccionales derivados de la acción de tutela, el rol de los exintegrantes de los máximos tribunales y los riesgos de tráfico de influencias, igualmente fueron puestos sobre la palestra… En fin, todo un juicio a la crisis de esta rama del poder público y la polémica acerca de si es necesario impulsar una reforma de fondo y estructural a la justicia, distinta o complementaria a la de equilibrio de poderes. De entrada es necesario advertir que se debe tener cuidado en no viciar el proyecto al introducir asuntos que no hayan sido tratados en la primera vuelta o que rompan la unidad de materia normativa.

El segundo gran desafío estará focalizado en la discusión del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que en el marco del análisis en las comisiones económicas conjuntas, durante las sesiones extraordinarias citadas desde febrero, arrastra ya un sinnúmero de controversias relacionadas con la viabilidad de las metas fijadas en medio de un panorama económico y fiscal con nubarrones a la vista, la gran cantidad de leyes que deberían reformarse si se aprueba, el otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la República así como polémicas puntuales sobre los temas de tierras, regalías, institucionalidad del agro e impuestos a licores y loterías, entre otras. Como se ve, no será nada fácil el trámite de este proyecto, a lo que se suma que siempre existe el riesgo de que cada parlamentario quiera colgarle cuanto artículo se le ocurra, desfigurando así el espíritu de la ley del Plan.

Otras iniciativas de alto impacto también esperan ser abordadas en estos tres meses. La reforma al Código de Policía, la autorización del uso terapéutico de la marihuana para pacientes crónicos o terminales, el proyecto de baldíos, los ajustes a varios códigos… A ello se suma que están anunciadas otras iniciativas referidas a la reforma pensional y el referendo para cadena perpetua a violadores de niños, al tiempo que se volverá a insistir en el de la reglamentación de la eutanasia y los derechos para parejas del mismo sexo, entre otros. Igualmente hay algunas reformas que deberán ser radicadas por el Gobierno tras superar la demorada instancia de consulta previa.

A ello hay que adicionar que, sin duda, temas como el proceso de paz con las guerrillas, el apretón fiscal por la descolgada petrolera, el eterno pulso por el cambio de fórmula para calcular el precio de los combustibles o la crisis en Venezuela darán lugar a intensos debates de control político en un Congreso que, además de fuertemente polarizado entre la coalición gubernamental y la oposición uribista, estará distraído -negarlo sería ingenuo- en el arranque de la campaña para los comicios regionales y locales de octubre próximo.

Revisado todo lo anterior, es evidente que el Congreso tiene a partir de la próxima semana una tarea bastante ambiciosa. Es de esperar que las mesas directivas cuiden que el ausentismo parlamentario, los efectos de la polarización política y hasta el desorden en los debates no den al traste con el cierre de legislatura. Las últimas encuestas sobre percepción de los poderes públicos han evidenciado que el Parlamento recupera terreno, obviamente en detrimento de una administración de justicia en crisis, y es hora de revalidar esa tendencia.

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