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Sábado 17 de Agosto del 2019

Riesgo electoral

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 19/03/2015

 

Foto: canalcapital.gov.co

De acuerdo con un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), y en el marco del proceso de paz que se lleva en La Habana entre Gobierno y Farc (sobre todo en la idea de que se cambien “balas por votos”), hay 203 municipios en Colombia donde esta guerrilla podría afectar un proceso democrático formal: en tres zonas específicas este grupo armado presenta una fuerte actividad a través de sus bloques y, en la práctica, funge como autoridad hecha y derecha.

Eso de que la guerrilla mande en ciertos territorios no es nuevo. No es, digamos, un problema de un gobierno específico sino un dilema estatal de hondo calado. Y lo que nos dice este informe es, en resumen, que la fuerza armada de las Farc podría verse traducida en votos en dichas regiones. Lo cual no debería alarmar si ya tuviéramos una paz acordada y las armas hubieran dado paso a la actividad política legal; pero con miras a octubre próximo, sin abandonar todavía las armas, es algo sumamente preocupante.

La MOE lo pone en términos mucho más específicos: la zona fronteriza con Venezuela (La Guajira, Cesar, Catatumbo, Arauca y Casanare), donde hacen presencia los bloques Caribe, Magdalena Medio y Oriental; el sur del país (costa Pacífica, cordillera Central y el suroriente colombiano), donde operan los bloques Occidental, Central y Suroriental; el norte de Antioquia, sobre todo hacia el Chocó (la serranía de San Lucas, el nudo de Paramillo, Urabá y el Pacífico), donde están los bloques de Magdalena e Iván Ríos. Un mapa grande: toda una cartografía geográfica y social de donde emanan conclusiones más bien lógicas.

Conclusiones, por demás, tan reiteradas que olvidan realidades bastante variables y volátiles. Los municipios donde las Farc pueden influir de manera considerable en un eventual juego electoral tienen las siguientes características: hay poca densidad poblacional, nula presencia del Estado (salvo en su forma más rudimentaria), muy bajos indicadores en materia de riqueza, empleo formal, educación y participación política. Por el contrario, sobran la minería ilegal, los cultivos ilícitos o la actividad corriente de bandas criminales.

Estos factores implican realidades alejadas de lo que un Estado serio puede permitirse: inseguridad permanente, crisis alimentarias agudas, necesidades básicas insatisfechas, violaciones de derechos humanos, bajos niveles de ciudadanía.

Es por eso mismo, por esta alerta que la MOE muy oportunamente ha puesto sobre la mesa, que debe pensarse desde ya en la aplicación del tan mentado concepto de “paz territorial”: eso de que las comunidades, de acuerdo a sus realidades más íntimas, establezcan una propuesta institucional de abajo hacia arriba. Sólo así, sólo de una forma en la que el Estado llegue de maneras mucho más creativas a las que ha usado hasta ahora (no con caridad, no con medidas paliativas, no con fuerza, no con imposiciones políticas), podría lograrse la inyección necesaria de ciudadanía que permita el nacimiento de una voluntad política autónoma.

Claro, podría decirse que para estas elecciones ya no hay tiempo y que si las Farc van a abandonar las armas, ya entrarían en el juego democrático abierto y legal y su influencia sería válida. Pero no. No sólo porque el acuerdo sigue siendo incierto sino, además, porque si el Estado sigue de espaldas a esas regiones, cualquier otra fuerza ilegal —incluso las que pueden nacer dentro de las Farc luego de una desmovilización— va a ocupar ese espacio y capturar ese apetecido poder local. Esa tarea debe comenzar de una vez, con o sin acuerdo. Es la única manera.

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