La educación fue uno de los pilares del programa de gobierno del candidato y hoy presidente Juan Manuel Santos y así quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.
En éste la educación se concibe como un instrumento para combatir las desigualdades e inequidades tanto socioeconómicas como territoriales, las cuales están en la raíz de muchos de los problemas del país.
Sin embargo, además de las metas relacionadas con el acceso y la calidad de la educación, que sin duda son centrales para alcanzar los propósitos señalados, es muy importante prestarle atención a la gestión y procedimientos administrativos de las entidades educativas. Recientemente Transparencia por Colombia publicó los resultados del Índice de Transparencia de Instituciones de Educación Superior —IES—, el cual evaluó riesgos de corrupción en 32 universidades y 30 institutos técnicos y tecnológicos públicos del orden nacional y regional. De las 62 IES evaluadas, ninguna presenta riesgo bajo o moderado de corrupción, 25 tienen riesgo medio, 33 riesgo alto y cuatro se ubican en un nivel muy alto. Esto muestra que si bien las primeras tienen mejores capacidades institucionales que las segundas, y en promedio están diez puntos encima de los institutos técnicos y tecnológicos, aun presentan brechas que deben cerrar para blindarse de la acción de los corruptos.
En general, se observa un deficiente acatamiento de las normas que rigen la gestión de estas instituciones y un bajo cumplimiento de los procesos y procedimientos que se han diseñado para fortalecer su institucionalidad y reducir riesgos de corrupción en temas sensibles como son la contratación, la gestión del talento humano y de la planeación. Así mismo, los espacios de rendición de cuentas a la comunidad educativa y a la ciudadanía son bastane reducidos.
Al desglosar la información de esta medición por regiones, se observa que un número importante de las universidades con riesgo alto de corrupción está en departamentos que a su vez también tienen mayores riesgos de corrupción. Pero además, tienen altos índices de pobreza, influencia de actores armados y criminalidad, y ldébil presencia del Estado. Además, en muchas regiones del país la educación ha sido capturada por familias políticas y objeto de prácticas clientlistas para obtener votos. Una tendencia similar se observa en los institutios tecnicos y tecnológicos. Lo anterior es particularmente preocupante si tenemos en cuenta que a estas instituciones tienden a acceder los jóvenes de menores recursos.
La conjunción de todos estos factores no solo vulnera el derecho a la educación de amplios sectores de la población, sino que ponen en riesgo el objetivo planteado por el Gobierno en el Plan de Desarrollo, el cual “asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales, y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos".
