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Lunes 19 de Agosto del 2019

Rifirrafe por implementación de acuerdos marca primer debate de Farc en el Congreso

Publicado en:

RCN Radio  | 

Autor(a): Daniel Jerez  |

Fecha: 27/05/2019

 

Debate Partido Farc. - Foto: Colprensa

La Fiscalía reveló que detrás del asesinato de ex combatientes hay varias organizaciones criminales.

El Gobierno tuvo que comparecer ante el Congreso en un debate de control político que citó el partido Farc, el primero de la exguerrilla, para pedir cuentas por el retraso que ha habido frente a la implementación de la paz y el asesinato de excombatientes y líderes sociales.

El senador Carlos Antonio Lozada, citante al debate, arremetió contra la administración del presidente Iván Duque por la gran cantidad de asesinatos que se han presentado después de la firma del acuerdo.

Según Lozada, se tiene reporte del homicidio de 133 líderes del Partido Farc y es lamentable que “a este Gobierno haya que medirlo por la gran cantidad de muertos”.

“Eso se llama falta de voluntad política, indolencia, como si la vida de los colombianos no valiera, como si el mandato constitucional primario no fuera garantizar la vida de los ciudadanos. Si el Estado y el Gobierno no son capaces de garantizar la vida de los ciudadanos, no puede llamarse un Estado legítimo”, indicó.

El congresista pidió a las autoridades resultados frente a los responsables de estos hechos. “Este sistema no puede quedarse solamente en capturar sicarios, en capturar el arma, es necesario que lleguemos a los autores intelectuales de estos hechos”, añadió.

Sin embargo, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, rebatió las denuncias del senador Lozada, advirtiendo que los problemas frente a la implementación del acuerdo y la falta de garantías, vienen desde el pasado gobierno.

“El 28 de octubre del 2017, alias ‘El Paisa’ aseguró que se iba del proceso porque el Gobierno no le cumplía, eso es mucho antes de las elecciones presidenciales", dijo la ministra.

"El 23 de noviembre de 2017, alias ‘Romaña’ abandonó la zona de reincorporación de Tumaco. El 22 de mayo de 2018, Estados Unidos pide formalmente la extradición de alias Jesús Santrich por narcotráfico, es decir, un mes antes de la posesión del presidente Duque”, agregó.

La ministra señaló, además, que entre agosto de 2018 y febrero de 2019, se ha presentado una disminución en el asesinato de líderes de un 23%, con 49 casos reportados.

“Entre enero de 2016 y mayo de 2019, se han reportado 281 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos, esta cifra resulta de la verificación que hace Naciones Unidas de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional”, manifestó.

Gutiérrez desmintió a las Farc y dijo que el Gobierno no ha actuado de mala fe: “No senador Gallo (Lozada), nosotros no actuamos de mala fe, nosotros partimos del principio de la buena fe y la obligación del Gobierno es la protección de todos los líderes, no solamente de los excombatienes de las Farc, para los que se diseñó toda esta institucionalidad a la que hacemos referencia”.

El senador Lozada de Farc también cuestionó la falta de medidas de protección para los líderes sociales. Ante esto, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, respondió que el Gobierno está trabajando en el diseño de una política que será lanzada en las próximas semanas.

“Esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no es la responsable de la seguridad de los líderes sociales, es la responsable del diseño de una política de desmantelamiento de las organizaciones que atentan contra los líderes sociales. En esa comisión hay seis personas que no son parte de ninguna entidad del Estado”, manifestó.

Sin embargo, el senador Antonio Sanguino, de la oposición, por su parte denunció que ha habido una campaña de desprestigio frente al acuerdo firmado con las Farc.

“Un discurso hostil y descalificador del acuerdo de paz y de quienes hacen parte de él, incentiva hechos de violencia contra las personas en tránsito a reincorporación a la vida civil. Es un discurso hostil incluso de funcionarios del Gobierno”, manifestó.

La tesis fue respaldada por el también senador Alexander López, quien indicó que el asesinado y la persecución de los líderes sociales se ha dado en muchas oportunidades con complicidad del Estado colombiano.
Fiscalía: Organizaciones criminales están detrás del asesinato de excombatienes

La Fiscalía General de la Nación reveló que se ha venido avanzando en las investigaciones por el asesinato de líderes de las Farc que se desmovilizaron con el proceso de paz.

La fiscal Marta Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, indicó que son varios los grupos que están detrás de estos hechos.

“Cuando hablamos del Clan del Golfo tenemos ocho casos y cuatro de familiares que bordea un 22% en afectación. El ELN siete casos, organizaciones criminales tipo C con siete casos, EPL con cinco casos, los Caparros con uno, Fuerza Pública con dos, particulares con nueve, en averiguación dos y muerte natural un caso”, aseguró.

Y añadió: “Esto significa que el 79,10% de afectación a los excombatienes, detrás hay una organización criminal que afecta a esta población”.

La fiscal Mancera dijo además que Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Meta, Valle del Cauca y Arauca, son los departamentos en los que mayor número de excombatientes han sido afectados por hechos de violencia.

Para la senadora Paloma Valencia, no es cierto que exista un asesinato sistemático de líderes sociales o excombatientes en el país y acusó a los desertores del proceso de ser los responsables.

“De los 158 homicidios que ha reportado la ONU, se han resuelto el 56,3% y las cifras son clarísimas y no se las inventó el Centro Democrático, la Fiscalía ha dicho que el mayor asesino de líderes sociales son las disidencias de las Farc”, manifestó.

El uribismo defendió al Gobierno del presidente Iván Duque y negó que sea el responsable del asesinato de líderes sociales y desmovilizados del Partido Farc, antes bien, culparon de todo lo que está sucediendo a la “impunidad” que dejó la administración de Juan Manuel Santos.

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