Salario mínimo y empleo

El Gobierno decretó un aumento del 7,0 por ciento en el salario mínimo. Dados los fenómenos de informalidad y exclusión, la política laboral debe ir más allá del mínimo y asegurar la generación creciente de empleo digno.

Luego de que fracasara el diálogo entre empresarios y trabajadores, el Gobierno decretó un aumento del 7,0 por ciento en el salario mínimo para el año 2016. De esta forma, el valor del mismo será de 689.454 pesos. El subsidio de transporte queda en 77.700 pesos.

La decisión adoptada por el Gobierno de aumentar el mínimo en 7,0 por ciento significa que en tal definición primó el interés de no causar más complicaciones en el de por sí difícil ambiente económico que se vive, expresado este en la desaceleración económica, la mayor inflación y el debilitamiento de la creación de puestos de trabajo.

Estos factores dificultan y entraban la generación de empleo, la cual constituye la mayor necesidad que en materia laboral tiene un gran número de hogares que viven en la informalidad y que reciben remuneraciones por debajo del mínimo.

Un alza del salario mínimo muy por encima de la inflación de 2015, aunque sin duda repercutiría en un mejoramiento momentáneo de los ingresos de los hogares, terminaría acelerando el proceso inflacionario que se vive, lo que, al final, borraría las ganancias derivadas del incremento salarial.

De allí que los economistas insistan en que el peor impuesto que pesa sobre los hogares es la inflación, lo que motiva la lucha de las autoridades económicas por mantenerla bajo control.

Infortunadamente, la puja anual para determinar el aumento del salario mínimo lleva a los ciudadanos a pensar que el epicentro de la problemática laboral del país se centra alrededor de este ritual. La verdad es que dicha problemática es mucho más compleja y amplia.

Por tal motivo, el Gobierno está en mora de poner en marcha una política laboral que enfrente dicha problemática y en la que el eje de la misma sea tanto la generación creciente de empleo formal y de calidad como el mejoramiento continuo de la productividad del trabajo.

Ello debería llevar, entre otras cosas, a la reducción acelerada de la informalidad, al acceso creciente de los grupos más vulnerables (como los jóvenes y las mujeres) a las oportunidades de empleo y a la flexibilización del mercado laboral.

Igualmente, el país debería debatir seriamente si la estructura actual del salario mínimo y la forma como se define su nivel está acorde con el propósito de asegurar mayores puestos de trabajo dignos.

La Ocde y algunos analistas nacionales han propuesto evitar que el incremento del salario mínimo lleve a un alejamiento de la remuneración promedia. Igualmente, se insiste en la necesidad de tener salarios mínimos diferenciales por región, sector y edad.

En fin, la falta de una política laboral explícita y proactiva lleva a que detrás de las banderas de la definición del salario mínimo se salvaguarden intereses que no son necesariamente compatibles con la generación de mayores oportunidades de empleo para la gran masa de informales y grupos vulnerables.

De todas formas, al empresariado le cabe la responsabilidad de garantizar que, en el marco de unas relaciones laborales armónicas, los trabajadores accedan a empleos dignos y a unas condiciones de vida decentes.

Para un país en desarrollo que enfrenta diferentes desafíos en materia social, este precepto debería ser el fundamento de la responsabilidad social empresarial. Su cumplimiento facilitaría que las barreras entre el capital y el trabajo se diluyan a favor del esfuerzo mancomunado del que, al final, ambas partes se benefician.

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