Las palabras tienen un significado y cambiarlas, o tratar de darle vuelta a lo que dicen, busca siempre un propósito. No es nuevo. Los comunistas son expertos. Porque lo saben, por ejemplo, llaman “democracias populares” a sus regímenes dictatoriales. Así, la Alemania comunista, una tiranía hasta los huesos, se llamó República Democrática Alemana. Y a sus órganos de dirección, una oligarquía de la peor especie, los denominan “comités populares” y cosas parecidas.

En el mundo contemporáneo el asunto se ha sofisticado y, a partir de la sicoterapia, se ha desarrollado una técnica, la programación neurolingüística, que busca modificar nuestras conductas y nuestras emociones a través de la influencia que en ellas tiene el lenguaje.

Aunque es evidente que sus inclinaciones íntimas son solo el poder y la fama, por herencia familiar Santos ha estado cerca del lenguaje y sabe de su importancia. Por eso no es gratuito que este Gobierno tenga una aguda inclinación por torcerle el pescuezo a las palabras. A veces burdo, a veces sofisticado, es parte de su estrategia de amodorrar y preparar a la población con miras a que se trague los sapos que nos quieren dar de cenar desde La Habana.

En esa línea, Santos nombra como “enemigos de la paz” a sus críticos, dejó de hablar de terroristas y subversivos para llamarlos “contrapartes” e “insurgentes”, ya no hay secuestros sino “retenciones” y abandonó la entrega de las armas para pasarse a la “dejación”.

Y ahora pretende que los crímenes de guerra y el narcotráfico sean calificados como “delitos políticos” o como “conexos” con esos delitos. El primer propósito es restarles gravedad a esas conductas criminales a los ojos de los ciudadanos, aquellos que deben aprobar los acuerdos a los que se llegue en La Habana, salvo que entre el Gobierno y las Farc se inventen alguna trampa para evadir ese compromiso. Cometido en medio del horror de la guerra, dirá Santos, un crimen es menos espantoso. Si es para financiar la guerra, el narcotráfico no es tan grave. Y si la motivación de tales crímenes, dirá el Gobierno y pretenderá que lo crea la gente, tiene un fin político, no merece mayor reproche.

Por otro lado, el Gobierno pretende que los responsables de esos crímenes en las Farc no paguen por ellos. Quiere que queden impunes. Al definir esas conductas como delitos políticos, podrían ser amnistiadas e indultadas y, por tanto, los responsables no tendrían sanción alguna por haberlos cometido. Así las cosas, las únicas conductas criminales por las que tendrían que asumir su responsabilidad serían los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Es lo que dice el marco jurídico para la paz. Aunque como vamos, no sería de extrañar que incluso intenten una nueva reforma constitucional para levantar esa restricción.

Calificar como delito político los crímenes de guerra y el narcotráfico tendría una consecuencia adicional: permitir que los miembros de las Farc que los hayan cometido puedan ser elegidos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas y presidentes de la República. Hoy la Constitución establece que los sancionados por cualquier delito que no sea culposo (simplificando, culposos son los cometidos sin intención) no pueden acceder a cargos de elección popular. Con una única excepción: los delitos políticos y conexos con los mismos. De manera que llevar esos crímenes a la categoría de políticos o conexos le daría vuelta a la prohibición constitucional de elegir delincuentes.

Para rematar, no es posible extraditar por delitos políticos y conexos. Al incluir el narcotráfico entre ellos, se cierra esa puerta. Los narcos de las Farc estarían libres de semejante asedio. ¿Qué dirán los Estados Unidos?

En fin, que los criminales de guerra y narcotraficantes de las Farc queden impunes, que hagan política sin restricciones, y blindarlos de la extradición, es lo que quiere Santos.

Que el tratamiento favorable de los delitos políticos haya sido abandonado en todo el mundo, que ahora incluso pena de manera más severa a quien delinque con esos propósitos, le tiene sin cuidado.