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Viernes 15 de Diciembre del 2017

Se alarga parálisis fronteriza

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 22/10/2015

 

Ilustración: Esteban París

Las medidas de excepción de Venezuela se extienden 60 días, incluido el cierre del paso desde y hacia Colombia. Para nosotros es muy perjudicial. A los vecinos los preocupa más una inflación del 80%.

Aunque la sensación de lado y lado, por lo menos a nivel de las autoridades, es que la seguridad fronteriza mejoró, los opositores venezolanos advierten que todo sigue igual y que el gobierno de Nicolás Maduro solo quiere aprovechar las facultades extraordinarias para el control político de cara a las elecciones del 6 de diciembre y para distraer la atención pública en torno a la amenaza de “un paramilitarismo demonizado y sobredimensionado” y un contrabando frente al que, vaya paradoja, la guardia venezolana siempre fue permisiva.

El estado de excepción seguirá imperando 60 días más en seis municipios de una frontera porosa y problemática de 2.219 kilómetros. Cabe recordar que desde el 19 de agosto pasado, dos días después de un ataque de supuestos paramilitares contra guardias de ese país, Maduro ordenó acciones extraordinarias con el interés de recobrar la normalidad.

Venezuela expulsó en condiciones indignantes a 1.000 colombianos y entre 10 y 12 mil más abandonaron el país vecino temiendo persecuciones y xenofobia. En medio de redadas contra asentamientos de nuestros compatriotas, incluso con marcas en las paredes que al parecer indicaban el derribamiento de viviendas, la crisis se disparó en todas las direcciones: se paralizó el transporte intermunicipal entre localidades fronterizas, se impidió el flujo cotidiano de colegios y del comercio y se partió la vida de familias con parientes en ambos territorios. Colapsó un intercambio comunitario que tiene cientos de vasos comunicantes en una población binacional hermanada y activa.

La peor parte del drama humanitario por supuesto la llevaron nuestros connacionales y nuestras autoridades, obligados a sortear el desalojo y la reubicación mediante planes de contingencia improvisados y limitados.

Ahora el presidente Maduro alarga la medida, no obstante que sendas delegaciones ministeriales intentan suturar los agujeros que dejó la suspensión temporal de relaciones diplomáticas y la indefinida del paso fronterizo.

La Cancillería de Colombia volvió a exigir “argumentos serios” y a manifestar que quien cerró la frontera debe abrirla. Pero ello no alcanza para paliar el malestar que trajo la fractura de cientos de historias familiares y comunitarias, partidas de golpe por la acción denigrante, contra todo debido proceso y derechos de los inmigrantes.

Al presidente Juan Manuel Santos y a su Ministerio de Relaciones Exteriores les ha faltado ser más explícitos en condenar el autoritarismo oficial venezolano en una frontera que puede ser tan pacífica y benigna como se lo propongan los programas de seguridad e inversión de ambos gobiernos. No hay duda de que a pesar del tráfico intenso y permanente de personas y mercancías, ese corredor ha sufrido el abandono estatal de Venezuela y Colombia.

Los opositores venezolanos subrayan que la crisis fronteriza ya no es noticia en el territorio vecino, aunque el presidente Maduro la siga usando como elemento distractor frente a una economía reventada, con una inflación del 80%, la más alta de América Latina, y que el régimen chavista califica de “inducida, especulativa y criminal” por parte de ciertos sectores del empresariado venezolano.

A Maduro el cierre y las excepciones le sirven a sus intereses, a Colombia le dejan caras largas, desconcierto, pobreza y erupciones sociales que, de prolongarse, no se sabe a dónde puedan ir a parar en materia de seguridad y estabilidad en una región tan frágil y expuesta a los grupos armados ilegales y sus negocios dañinos: el narcotráfico, el contrabando (incluido el de gasolina) y la reventa y especulación con bienes de primera necesidad.

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