La falta de contrición pública de la guerrilla destruye la confianza en el proceso e incita reacciones como la "resistencia civil".
Dicen que las negociaciones en La Habana están estancadas por las garantías para las FARC. Garantías para que no los maten; garantías de que el Estado combatirá a las bandas criminales; garantías para que lo acordado tenga rango constitucional; garantías para que los guerrilleros puedan hacer política durante el proceso de desmovilización. Son reclamos más que razonables.
Proteger las vidas de los miembros de las FARC desmovilizados tiene que ser una prioridad nacional. Es una señal inequívoca de que la sociedad está dispuesta a facilitar su reingreso a la legalidad.
Igualmente, no podemos permitir la gestación y expansión de organizaciones criminales que el día de mañana puedan convertirse en la tercera generación del paramilitarismo. Un fenómeno que en el pasado sólo ha dejado miles de muertos y desplazados.
Es entendible que las FARC quieran blindar lo negociado. Fieles a nuestro legado leguleyo, creen que todo se resuelve jurídicamente.
Y como el desenlace esperado de las conversaciones es el reemplazo de la lucha armada por la lucha política, tiene sentido que la guerrilla pueda interactuar con la población durante la etapa de desmonte de su aparato militar.
Sin embargo, en toda esta discusión poco se habla de las garantías de los 48 millones de colombianos cuyo futuro fue afectado por el conflicto, en el cual las FARC han sido victimarios de primer orden. Garantías de que la guerrilla abandonará la combinación de todas las formas de lucha. Garantías de que cuando las FARC insisten en que dejarán las armas, mas no entregarlas, no es para hacerle conejo a los colombianos si no que es apenas una cuestión semántica. Garantías de que la promesa de no repetición de la violencia sea verdadera.
Son las mismas angustias que han acompañado toda negociación con las FARC. ¿Será que ahora sí se les puede creer? Según las encuestas, la mayoría de los colombianos aún dudan de su compromiso.
Hechos recientes, como el asesinato de soldados por francotiradores y la llegada de alias “el Paisa" a la mesa del diálogo, sólo refuerzan esa percepción. Cómo confiar en unas personas que por los micrófonos hablan de su voluntad de paz, dicen que ésta está cerca y al tiempo matan a sangre fría a soldados jóvenes campesinos. ¿Qué objetivo estratégico se obtuvo con esa acción? ¿Buscaban cumplir con un macabro “body-count? ¿O los soldados amenazaban algún negocio ilícito que las FARC quieren mantener para el futuro?
No sólo tuvimos que tragarnos el sapo de ver a alias "el Paisa" paseando tranquilo en Cuba sino que el órgano de propaganda del Secretariado consideró pertinente transmitir un video elogiando la vida y obra del comandante del frente terrorista Teófilo Forero.
Lo irónico es que mucho de este malestar e incredulidad podría desaparecer si las FARC siguieran el ejemplo del M-19, el EPL y la corriente socialista del ELN: expresar desde ya su arrepentimiento por haber acudido a la barbarie, pedir perdón no sólo a las víctimas sino al país entero y acceder a un acto de entrega de armas.
Sería una contrición pública, franca, directa y sin eufemismos y no como la de Timochenko de esconderse en frases como "hemos cometido errores y equivocaciones". El remordimiento no puede depender de lo que dicta el texto de un acuerdo. Debe ser auténtico.
Ese gesto le removería adherentes a la "resistencia civil". Dudo que lo hagan pues la arrogancia y prepotencia es parte del ADN fariano. Y han puesto una línea roja a cualquier actividad que se asemeje a una rendición.
En síntesis, para las FARC las garantías son de una sola vía. Difícil construir confianza así.
