Inversamente proporcional a la alegría que me embarga el saber libre al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, es la tristeza que siento cuando pienso en hombres de bien como el exgobernador Luis Alfredo Ramos que tanto ha trabajado en pro de su región y del país, o en todos esos otros militares que después de ofrecer sus vidas para proteger la de los colombianos, están injustamente privados de su libertad.
Estoy en completo desacuerdo con todos aquellos que afirman que con el coronel (r) Plazas Vega “finalmente se hizo justicia”, porque no creo que la palabra justicia pueda siquiera mencionarse después de que un inocente, quien quiera que sea, ha perdido ocho años y medio de su vida tras las rejas.
Como lo he dicho en otras oportunidades, no sé hasta cuando vamos seguir tolerando que nuestra Justicia, además de lenta, sesgada y arbitraria con los acusados, sea mentirosa. Que tenga ese poder desmesurado y cometa tanto abuso con la detención preventiva.
Es, tal vez, la rama del poder público con mayor corrupción. Está plagada de jueces y fiscales incompetentes o que obran de mala fe, movidos por intereses políticos o económicos.
Además, es un sistema que, contrario a lo que sucede en la mayoría de países, concede mucho valor a los testimonios de los presos, dando como resultado, la creación de los nauseabundos carteles de falsos testigos que, como bien dijera alguien, se convirtieron en el cáncer del sistema judicial colombiano. Se consiguen falsos testigos como en feria, para todos los casos y para todos los bolsillos, o si no, pregunten a los del famoso colectivo de abogados, tan afecto a los narcoterroristas de las Farc, cuán útiles han sido esos carteles para la reclamación de multimillonarias indemnizaciones por unos muertos que hoy gozan de muy buena salud, o bien, para para pasar cuentas de cobro políticas, sobre todo, para todos aquellos que hayan tenido alguna cercanía con el expresidente Uribe.
Por fortuna aún quedan personas decentes como los magistrados que rectificaron, aunque con tardanza, los mayúsculos despropósitos cometidos por la juez María Estela Jara y por la fiscal Ángela María Buitrago, quienes embriagadas con el poder que les concede su investidura sumado al obtenido por exceso de exposición mediática, atropellaron el proceso e hicieron caso omiso de todas las pruebas favorables. Fortuna además, contar con luchadores incansables como el periodista Ricardo Puentes Melo, que no solamente encontró que el mayor instigador en contra del coronel Plazas Vega era un exguerrillero del M-19, sino también, al individuo que fue suplantado como testigo, cabo (r) del ejercito Édgar Villamizar Espinel, y lo convenció de presentarse a declarar en la Procuraduría General de la Nación.
Alfonso Plazas Vega, consiguió salir pero son cientos los que están guardados injustamente y por ellos hay que abogar porque, sin incurrir en exageración alguna, se puede afirmar que el estado de indefensión del ciudadano ante la corrupta y politizada maquinaria judicial colombiana, es francamente aterrador.
Si esto es ahora ¿qué podremos decir si permitimos que el país sea entregado al Socialismo del Siglo XX?.
