Llegó el momento de entender la realidad que viven los departamentos controlados por las mafias.
Después de haber visto el proceso de paz en medio de serias turbulencias, hoy hasta los más críticos frente a las negociaciones de La Habana, como el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, han dado muestras de empezar a creer en la viabilidad de llegar a un acuerdo. Se prendió nuevamente la luz de la esperanza. Un cambio inteligente en la estrategia de comunicaciones del Gobierno sobre lo que viene sucediendo ha variado sustantivamente el panorama. Y las Farc decretaron un cese de actividades –el país espera que se cumpla– y el presidente Santos suspendió los bombardeos y dejó en sus manos únicamente la decisión de revocar esa decisión.
Pero, al mismo tiempo, se apaga la luz de la política. Hay una gran amenaza, ante la cual solo parecen estar inquietos y preocupados aquellos que no van a sufrir directamente sus consecuencias. Se trata, nada menos, de los funcionarios públicos que en octubre serán elegidos a nivel departamental y municipal. Miles de personas sobre quienes no solo recaerán las funciones históricamente incumplidas de hacer realidad los derechos de los ciudadanos, como lo consigna la Constitución de 1991, sino dos elementos adicionales, que les quitan el sueño a quienes les preocupa seriamente la nación.
En primer lugar, las políticas llamadas de enfoque territorial están haciendo carrera en muchos ámbitos gubernamentales desde donde se plantean, sugieren o recomiendan estrategias públicas. En el fondo, es el reconocimiento de una verdad de a puño: la descentralización que ha hecho Colombia ha sido solamente de gasto público, pero nada más, y las órdenes que se siguen pensando, elaborando y mandando al resto del país se hacen en Bogotá, ciudad cuya realidad se aleja cada vez más de la situación de gran cantidad de departamentos y municipios.
Se trata, entonces, de entender que parte de esa brecha existente entre el centro de la nación y el resto obedece a esa lejanía y al desinterés en reconocer lo que sucede fuera de Bogotá. Es una buena decisión, pero ¿de qué territorios estamos hablando? De unos capturados por mafias que, lejos de desaparecer, se consolidarán en las elecciones de octubre. Mafiosos, ‘paras’, ignorantes, corruptos llenan las listas de candidatos que pueden llegar a sobrepasar a los honestos y eficientes que, sin duda, también aspiran. No habrá gobernabilidad porque se perderán importantes territorios, con el aval de sus habitantes. Enfoque territorial, un chiste.
El segundo elemento es que la paz se hará particularmente en aquellos territorios donde ha ocurrido con mayor intensidad el conflicto armado. Pero, precisamente, gran parte de ellos, como la región caribe, el Pacífico, Meta, Casanare, Santander, entre muchos más, quedarán en manos de barones de toda índole que en gran cantidad de esos sitios ya han suplantado al Estado, para su propio beneficio.
Es decir, cuando los territorios adquieren semejante importancia para el desarrollo equitativo y sostenible, y para lograr la verdadera paz, es precisamente el momento en que se van a quedar por fuera de los grandes propósitos nacionales. Y este inmenso daño se deberá a la corrupción política, a esos desacreditados partidos, a sus líderes clientelistas y nepotistas, a quienes no les importa este país sino su propio bienestar y, sin duda, a la gran debilidad estatal, que no está exenta de muchos de esos vicios.
¿Por qué los habitantes de esos territorios no dicen nada y van a elegir un gran número de gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas con pasados oscuros? Llegó el momento de entender la realidad que viven los habitantes de esos departamentos, de esos municipios controlados por mafias. ¿Será que, a falta de presencia estatal real, estos oscuros personajes llenan ese vacío con dádivas que solucionan necesidades inmediatas, así dañen para siempre el futuro? Futuro que puede seguir siendo lejano para aquellos que se enfrentan a la dura realidad de simplemente sobrevivir día a día.
