Como toda organización compleja, las guerrillas de las Farc enfrentan el problema de asegurar el poder de la jerarquía sobre sus mandos medios, que aspiran a reemplazar a los actuales algún día.

Este problema se agudiza al extremo cuando la organización se prepara para cambiar su naturaleza, de revolucionaria a reformista, que les exige aceptar la legitimidad del poder estatal, al que han combatido durante medio siglo, a cambio de que el Estado reconozca su poder de facto como abanderados de intereses sociales, dentro de las reglas democráticas. En esta transición pasarán a la sombra los líderes militares y se pondrán al frente los líderes políticos, para convertir en apoyo electoral las lealtades sociales que hayan logrado acumular, y para defenderse de los rechazos y odios que también han cosechado en abundancia.

Durante tres años, en la mesa de negociaciones de La Habana, los dirigentes de las Farc han tratado inútilmente de convertir sus banderas ideológicas en compromisos de reforma del poder estatal y en políticas públicas afines a sus sueños de cambio social, táctica que López Michelsen desacreditó como “la revolución por contrato”. Han sido tres años de duro aprendizaje sobre lo que significa gobernar con reglas democráticas y límites constitucionales, a diferencia del gobierno autoritario de una organización militar. La negociación de paz, en este sentido, es la reconversión de sus dirigentes en agentes políticos que encabezan la reincorporación de sus militantes al juego democrático, con sus posibilidades y restricciones, siendo la principal prohibir la violencia para fines políticos.

El problema es que muchos mandos medios y militantes de las Farc se han convertido en empresas criminales lucrativas con dominios territoriales, cuyos negocios son incompatibles con el cambio hacia un movimiento político y la consolidación de la democracia en el manejo del Estado. Esos mandos son aliados de las mafias que controlan el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, y saben que al terminar el conflicto armado serán los próximos objetivos del aparato estatal de seguridad. Las mafias, incluyendo en ellas a los frentes narcotraficantes y extorsionistas, prosperan mejor si persiste el conflicto armado.

Sólo entendiendo este conflicto interno entre dirigentes y mandos medios se puede explicar la ruptura del cese unilateral del fuego con el asesinato de los soldados en el Cauca, que provocó la reanudación de bombardeos por el Gobierno y la escalada terrorista contra la naturaleza y la población del último mes. La inercia del conflicto armado les da ventaja a los mandos medios para sabotear la negociación de paz y reduce enormemente el poder de negociación de sus dirigentes en la mesa de conversaciones de La Habana, lo que acelera su suicidio político y su continuación en organizaciones del crimen organizado. Mientras la restricción autoimpuesta del cese al fuego mostró la unidad de mando de las Farc bajo su dirigencia, la reanudación de sabotajes desplaza el poder interno hacia los mandos medios que protegen territorios para la continuidad de los negocios mafiosos y debilita la posición de los dirigentes en la negociación de paz.