Eike Batista anunció esta semana una oferta pública (OPA) para comprar las acciones en el mercado de su Compañía Colombiana de carbones CCX y, con el 100 % en sus manos, proceder a retirarla de la bolsa de valores de Sao Paulo, donde cotiza.

La noticia ameritó apenas un par de notas en los periódicos económicos.

CCX tiene certificadas reservas por 5.200 millones de toneladas de carbón de muy alta calidad, lo que permitiría una explotación sostenida por decenas de años, y su proyecto, que incluía puerto en Dibulla, Guajira, un ferrocarril de 140 kilómetros y tres minas, había programado inversiones por más de $5.000 millones de dólares.

Sin haber producido aún una libra de material, ha invertido ya 492. Aunque el proyecto no se acaba, la decisión es reducirlo a lo mínimo indispensable para no matarlo.

Algunos dicen que la crisis es resultado de algunas restricciones de liquidez que Batista sufrió el año pasado, otros a que la magnitud de las inversiones programadas se había salido de proporciones.

La realidad es que es una combinación de dos factores, uno público y conocido, la caída estrepitosa del precio del carbón en los mercados mundiales por la baja de la demanda como consecuencia de la crisis económica y el aumento sostenido de la producción en China, y otro que no se ventila públicamente: la compañía está desesperada por la ausencia de reglas de juego claras en materia ambiental y de consultas con las comunidades indígenas.

Después de cinco años de iniciar operaciones y de tres en búsqueda de que se apruebe la consulta previa, el Gobierno le indicó a CCX que tenía que hacer 22 reuniones con cada una de las 21 comunidades indígenas de la zona.

Leyó bien: CCX deberá reunirse 462 veces más con los indígenas para poder sacar adelante la consulta previa. La logística y el costo de semejante despropósito es enorme.

Y no tiene garantías.

La Corte Constitucional ha obligado a compañías de exploración a repetir procesos de consulta porque a última hora se produce una desavenencia interna entre las autoridades indígenas o porque considera que la certificación del Ministerio del Interior es insuficiente.

Parecido a lo que ocurre en materia medioambiental en Santurbán, donde después de la declaratoria del parque regional se amenaza con crear un área de amortiguación adicional de uno a cuatro kilómetros, fuera de la ley y de cualquier propósito de conservación.

En fin, baste decir que a la suspensión de CCX se suma la decisión del Cerrejón de congelar su proyecto de expansión P60 y a la salida de Vale del país, la segunda minera más grande del mundo.

Agréguese que hay mucha preocupación en el sector por lo que se percibe como una intervención desafortunada de la Contraloría en la renovación del contrato de Cerromatoso.

Además no hay coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno. Para rematar, los episodios de secuestros de trabajadores extranjeros y nacionales, el último por el Eln, han prendido las alarmas.

Mientras tanto, el viernes el Ministro de Minas daba una entrevista que el diario Portafolio tituló "La locomotora minera no se detiene", en su portada, y "Locomotora minera va muy bien", en la página donde trae el texto de la entrevista.

El contraste entre las noticias del sector y la percepción del Ministro no puede ser mayor.

Federico Renjifo está haciéndolo bastante mejor en Minas que en Interior, donde la avalancha de la fallida reforma a la justicia se lo llevó entre las piernas.

Pero su optimismo no se compadece con la realidad: la verdad es que la ausencia de reglas de juego claras, la eternidad de las consultas, la falta de una política gubernamental expresa y las dificultades de coordinación internas, el deterioro de la seguridad, la mala imagen pública de la minería, empiezan a hacer estragos en el sector, aplazan inversiones o, peor, como en el caso de Vale, impulsan a la salida del país.

Si a eso se suman los bajos precios internacionales, el Gobierno debería replantear su hipótesis de la locomotora.