Sábado 21 de Octubre del 2017

SECRETO DEL VOTO Y REVOCATORIA

Hace una semana, Nicolás Maduro, en tono amenazante, afirmó que tendrían identificados a los 900 mil venezolanos que habrían votado en octubre pasado por Chávez y que el 14 de abril sufragaron por Capriles. "900.000 compatriotas, ya los tenemos con cédula de identidad y todo", dijo Maduro en un acto oficial.

Casi de inmediato, el mismo Capriles salió a desmentirlo: "Todos sabemos que el voto es secreto (…) quieren hacerles creer a los seguidores del presidente (Chávez), que me dieron la oportunidad a mí, que saben por quién votaron".

Lo mismo hizo el único de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que no está en la nómina del chavismo, Vicente Díaz, quien calificó de "falsa y criminal" la declaración de Maduro y señaló que era una "coacción pública".

Díaz agregó que pediría a los otros magistrados del CNE un pronunciamiento de protesta que desmintiera al excanciller. Hasta hoy ninguno más ha hablado.

La razón de por qué Capriles y Díaz reaccionaron defendiendo el secreto del voto es sencilla y nada tiene que ver con que crean que efectivamente en Venezuela se cumple ese derecho: miedo.

Si los votantes por la oposición concluyen que el Gobierno tiene en sus manos sus nombres y documentos de identidad, no volverán a sufragar por temor a las represalias del Gobierno y a perder sus puestos. Muchos son funcionarios.

Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela existían 16 ministerios y hoy son 36 y la nómina del gobierno nacional saltó de 900.000 empleados a 2.300.000. Al socialismo, acá y allá, le gusta engordar la burocracia oficial.

Además, nadie ha olvidado la ignominiosa lista Tascón, que tenía las identidades de quienes pidieron el referendo revocatorio contra el Teniente Coronel y a quienes el chavismo persiguió con saña.

Así que Capriles y Díaz creen que defender la realidad del secreto del voto es lo único que garantiza que la gente vuelva a votar por la oposición en el futuro. Si los ciudadanos creen que no existe tal secreto, apoyarán al Gobierno, piensan.

Puede ser que tengan razón y que las declaraciones de Maduro y el silencio de los miembros chavistas del CNE sea solo un bluff, un farol para intimidar a los votantes.

En cualquier caso, los antecedentes venezolanos enseñan dos lecciones para Colombia: una, que es absolutamente inaceptable que la Registraduría Nacional les haya entregado a los alcaldes las planillas de quienes están promoviendo sus referendos revocatorios.

Esa práctica vulnera los derechos de los electores y pone en peligro a quienes respaldan las peticiones de revocatoria.

El secreto no puede limitarse al voto mismo. Al permitirles a los alcaldes amenazados conocer la identidad de los solicitantes, se vulnera de antemano el secreto del voto y se les da a los alcaldes una herramienta de coerción contra los potenciales sufragantes.

Además, permite que, como parece haber ocurrido en Bogotá, se pongan recursos públicos, dinero, tiempo y funcionarios, a buscar errores en las listas de peticionarios. Esa tarea es de los alcaldes y sus partidos, pero no de la burocracia municipal.

La otra es que es indispensable poner atención a los más minúsculos detalles del proceso de voto electrónico e identificación digitalizada de electores que quiere implementarse en Colombia.

La sistematización es pieza clave de la modernización del proceso electoral y una herramienta indispensable para frenar buena parte de los fraudes y trampas que vivimos hoy.

Pero, uno, sería peligrosísimo entregar la sistematización a una empresa de origen venezolano que ronda por ahí.

Dos, hay que asegurar que además de voto electrónico haya papeletas físicas que permitan comprobación manual cuando se ponga en duda la transparencia del sistema, como ocurrió en abril en Venezuela.

Y tres, hay que asegurar que el sistema de identificación de huellas esté completamente desconectado del sistema de votación, de manera que no puedan cruzarse huella y voto y se proteja el secreto del sufragio.

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