El Niño ha puesto a prueba la confiabilidad del sistema eléctrico y ha generado dudas sobre la regulación y ciertas actuaciones. Es imperativo saber el destino de los cargos por confiabilidad.

Hasta hace pocos meses el país confiaba en el sistema de suministro del servicio de energía eléctrica. Desde el apagón de los años noventa y a pesar de la presencia de diversos Fenómenos de El Niño (unos más severos que otros), la capacidad instalada de generación abasteció de manera adecuada la demanda.

De otra parte, el modelo de regulación y operación del sector eléctrico que se ha venido configurando durante las últimas décadas no sólo se ha mostrado eficaz sino que ha sido objeto de reconocimiento nacional e internacional. De esta forma, la confiabilidad del sistema estaba asegurada.

No obstante estos logros, la presencia de un fenómeno climático tan agudo como el que actualmente afecta al país ha puesto en evidencia que las cosas no estaban tan bien como se pensaba y que, además de problemas con la regulación, se presentaban dificultades coyunturales que afectan la viabilidad financiera de algunas plantas de generación térmica.

Para sortear la situación, el Gobierno se vio forzado a adoptar un conjunto de medidas que, además de asegurar la oferta requerida de energía eléctrica, implican aumentarles a los usuarios, incluidos los hogares, el costo del servicio. Entre las decisiones gubernamentales estaban algunas tendientes a aliviar la situación financiera de las térmicas.

Sin embargo, diversos sectores de la sociedad se muestran molestos con algunas de las medidas adoptadas e indignados, con toda razón, por ciertos hechos que se han revelado, en particular los que tienen que ver con la falta de claridad con el uso y destino de los recursos que los colombianos han pagado ya, derivados del cargo por confiabilidad.

Aunque la opinión pública tiene claro que las autoridades deben actuar para evitar un nuevo apagón, pues, como se aprendió del último evento, ello implica altos costos para el país, también espera que estén en capacidad de aclarar e investigar ciertas actuaciones que se han ventilado en las últimas semanas y, de ser el caso, tomar las medidas correctivas y sancionatorias establecidas por la ley.

En este orden de ideas, no se entiende por qué los recursos provenientes del cargo por confiabilidad finalmente no fueron suficientes y ahora todos los colombianos tendremos que salir a cubrir un faltante que supuestamente no debería existir.

Para hacer las cosas más confusas, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, que se supone conocedor del sector, le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que le explicara al país cómo se han empleado los recursos del cargo por confiabilidad. Para sorpresa de muchos, lo que esa entidad respondió es que dentro de sus funciones no está la de vigilar los ingresos que reciben los generadores térmicos que ofrecieron obligaciones de energía en firme.

Este tipo de situaciones aumenta la confusión y con ella la indignación ciudadana, pues da la sensación de que en el sector eléctrico no hay claridad sobre en qué órgano (o entidad) recae la responsabilidad de la rendición de cuentas de los multimillonarios recursos de origen público que allí se mueven.

A todas estas, también han surgido críticas a la regulación eléctrica y a las actuaciones del regulador. En particular, hay dudas sobre la forma como se calcula el precio de escasez y se ha pedido la revisión del cargo por confiabilidad.

Con el propósito de asegurarle al país la confiabilidad del sistema, el Gobierno y las instancias correspondientes deben aclarar las actuaciones de los agentes y adoptar las medidas y los correctivos a que haya lugar.