Todos los indicadores de seguridad nacional muestran cifras en rojo y los de seguridad ciudadana siguen siendo muy preocupantes.
Como ocurrió en los dos años anteriores, también en el 2012 retrocedimos en seguridad. Perdimos el año. Todos los indicadores de seguridad nacional muestran cifras en rojo y los de seguridad ciudadana siguen siendo muy preocupantes. Ha continuado el rebrote de la guerrilla, siguen creciendo las bacrim, aumenta el narcotráfico, y la delincuencia común está descontrolada.
Los primeros meses ya lo auguraban: fueron los peores en más de cinco años. La violencia de la guerrilla empezó disparada y continuó en alza. El paro armado de las bacrim, que afectó municipios de seis departamentos costeros durante una semana, no tenía antecedentes. Los sabotajes contra la infraestructura económica se multiplicaron, aumentaron los ataques contra la fuerza pública, crecieron los retenes ilegales de la guerrilla, la extorsión se expandió y los atentados terroristas aumentaron, lo que conforma un cuadro muy crítico de inseguridad.
Como consecuencia de lo anterior, la sensación de inseguridad ha crecido en el país, tal y como lo registran todas las encuestas de opinión. Para Gallup, en los dos últimos años el número de ciudadanos que creen que la seguridad empeora subió del 48 al 78 por ciento. Según Datexto, el 56 por ciento cree que Colombia es hoy menos segura que hace dos años. En Ipsos, el 65 por ciento desaprueba el manejo que el Gobierno le ha dado a la seguridad. Las encuestas no mienten, ni la gente se engaña. Los hechos corroboran que es una realidad el deterioro de la seguridad.
En efecto, según el Ministerio de Defensa, entre enero y octubre de este año los atentados contra los oleoductos crecieron 173 por ciento con respecto al año anterior, fue el número más alto de los últimos 10 años, y duplicaron los ocurridos en el 2002. La voladura de puentes creció 400 por ciento, el más alto número de los últimos seis años, que duplica los casos del 2008. Las emboscadas contra la fuerza pública aumentaron 48 por ciento, el mayor número de casos de los últimos nueve años, y triplicaron las ejecutados en el 2007. Los ataques contra instalaciones oficiales subieron 54 por ciento, el mayor número de los últimos nueve años, y multiplicaron por 10 los ocurridos en el 2007. Los hostigamientos guerrilleros aumentaron 13 por ciento, fueron los más numerosos de los últimos tres años, y triplican los ejecutados en el 2008.
De otra parte, según el Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, los retenes ilegales de la guerrilla crecieron en 151 por ciento, el más alto número de los últimos cinco años, el triple de los ocurridos en el 2008. Al menos cuatro departamentos que no padecieron estos retenes el año pasado los sufrieron en el presente año: Cesar, Sucre, Risaralda y La Guajira. En total, fueron 17 departamentos los que padecieron estas acciones. Esto es un síntoma claro de la expansión de la presencia violenta de la guerrilla, que, según dicho Centro, en los últimos años ha retornado a por lo menos 50 municipios de donde había sido erradicada.
Aunque la extorsión es uno de los delitos menos denunciados, las cifras del Ministerio de Defensa muestran un incremento del 9 por ciento en relación con el año anterior, siendo el número de casos más alto de los últimos seis años y el doble de los registrados en el 2008. Este delito habría aumentado casi en la misma proporción en que disminuyó el secuestro, que bajó 7 por ciento. Se nota, pues, una sustitución de un delito por otro, al menos por parte de las FARC. Las acciones terroristas distintas de las arriba mencionadas subieron 52 por ciento, fue el más alto número registrado en los últimos nueve años, y duplican las ocurridas en el 2008. Muchas de ellas estarían relacionadas con presiones violentas para forzar el pago de extorsiones.
Es muy preocupante que el número de desertores de los grupos guerrilleros haya disminuido este año 28 por ciento en relación con el año pasado, al presentarse el menor número de deserciones de los últimos 10 años, solo una tercera parte de las ocurridas en el 2008. Esto sería un efecto de los diálogos de paz: suele suceder que, por efecto de un incremento de las expectativas, durante los diálogos bajen las deserciones y aumenten las incorporaciones. Así, al final de unos diálogos fracasados habría una guerrilla más fortalecida y en expansión.
Sin duda, estamos pagando las consecuencias del desmonte de la política de seguridad democrática que ha hecho el gobierno Santos. El deterioro de la seguridad es consecuencia del desmonte de las redes de informantes, de la extinción de los soldados campesinos, de la inseguridad jurídica de la fuerza pública, de sacar a las Fuerzas Militares del combate contra las bacrim, de la contemporización con Chávez, de diálogos sin exigencias a la guerrilla, del discurso ambiguo sobre las drogas ilícitas, de promesas de impunidad para la guerrilla. Por eso, en seguridad otra vez perdimos el año.
