El fiscal no puede seguir tapando los resultados de millonarias consultorías con el argumento de que sus temas son de seguridad nacional.
Hablemos un poco de lo que el fiscal no quiere hablar. Hablemos de lo que está pasando en esa unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación, creada en 2012 para que expertos en diferentes ciencias sociales contribuyeran a construir los contextos de violencia sobre todo en ciertas regiones del país.
Con cerca de 200 trabajadores directos, la de Análisis y Contexto es la unidad que más funcionarios tiene la Fiscalía, quizá después del CTI. Pero como si no resultaran suficientes estos trabajadores de planta, en un reciente informe de la periodista Diana Durán en El Espectador, los colombianos vinimos a enterarnos de que el fiscal Montealegre ha firmado más de 18 contratos con asesores externos de alto nivel que suman cerca de dos millones de dólares en sólo dos años.
De inmediato las preguntas que surgieron fueron muchas y todas ellas perfectamente válidas: ¿Eran necesarios tantos asesores externos teniendo un grupo tan amplio de funcionarios al servicio directo de la Fiscalía? ¿Quería el fiscal contratar expertos o simplemente pagar simpatías de opinadores calificados?
Algunos de los contratados dieron sus explicaciones. Natalia Springer y Pedro Medellín pusieron la cara ante todas esas preguntas y, para ser justos, habrá que decir que Natalia siempre que ha tenido intervenciones en público que comprometen su opinión frente al fiscal, pone de presente su relación laboral con Montealegre.
Pero las dudas son enormes y no terminan ahí. Mi impresión después de consultar diferentes fuentes y ver algunos documentos es que a Eduardo Montealegre se le desmadró su unidad de análisis y contexto y han quedado algunos enredos vivos de los que, sin embargo, nadie quiere hablar.
Para desmigajar lo que digo, me gustaría referirme al nombre de un asesor muy cercano al fiscal que creó la mentada unidad de Análisis y renunció sorpresivamente a comienzos del 2014, después de casi dos años de estar hablándole al oído a Montealegre. Su nombre es Alejandro Ramelli. Siempre contó con la máxima confianza del fiscal y de repente un buen día presentó su carta de renuncia y se marchó, guardando para sí los motivos de su salida. ¿Renunció acaso porque no estaba de acuerdo con la ‘contratitis’ ordenada por su jefe, o lo renunciaron porque sospechaban de su conducta y de los resultados de su gestión?
Ambas cosas serían muy graves y alguna de ellas pudo haber constituido el motivo de su salida. Colaboradores de Montealegre que siguen en su despacho dicen que el fiscal lo echó. Amigos de Ramelli –porque fue imposible contactarlo antes de escribir esta columna– afirman que los contratos, en especial el de Natalia Springer, y su pésima relación con ella fueron detonantes de su salida.
Como Ramelli, insisto, se fue sin dar a conocer sus razones para haber salido de la Fiscalía, y Montealegre tampoco se ha esforzado en ofrecerle explicaciones a la gente, nos quedamos sin saber qué fue lo que pasó en esa unidad de análisis y contexto que sigue con una regordeta nómina entre asesores directos y externos divinamente bien pagados. Pero algo maluco pasó y nuestro elocuente fiscal, que habla de todo menos de esto, ha permanecido callado convenientemente frente a esa renuncia.
Ahora bien, el fiscal no puede seguir tapando los resultados de todas esas millonarias consultorías con el argumento de que sus temas son de seguridad nacional. O sirvieron esas asesorías o han sido puro bluff y la única forma de saberlo es accediendo a los ‘productos’ que entregaron Springer, Medellín y el juez chuzador Baltasar Garzón.
La investigación de Natalia Springer, sobre todo, se debe conocer. Su análisis sistemático de los crímenes de las FARC en casos de reclutamiento de menores, violencia sexual, genocidio y secuestro tiene que salir a la luz pública como parte de este proceso de verdad y reparación en el que nos embarcamos. Si el fiscal lo calla, callará también la realidad de los más de 14.000 secuestros o los 4.000 niños reclutados sólo por el bloque oriental de la guerrilla o la esterilización forzada de guerrilleras y el negocio de prostitución que en ciertas zonas controlaban las FARC, porque seguramente de todo eso quedó evidencia.
En el caso de la Springer no me preocupa entonces cuánto costó su trabajo profesional, sino cuántas verdades incomodan las tesis peregrinas de un fiscal bocón que ha salido a pedir que los máximos responsables de esa guerrilla queden impunes sin más.
Fiscal: Cuéntenos qué ha pasado en su unidad de análisis y contexto, entregue los resultados de esas asesorías y cumpla su labor frente a las constataciones que resulten de este trabajo de investigación que tanta plata nos costó. ¡No calle más!
