El silencio cómplice del gobierno colombiano también se extiende a la clara condición de ilegitimidad del gobierno de Maduro.
Es inadmisible el silencio cómplice que ha guardado el gobierno colombiano sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre las infames acusaciones del supuesto presidente Maduro contra Álvaro Uribe. Es evidente que la Cancillería ha hecho de la genuflexión el eje de su política hacia el gobierno ilegítimo de Venezuela.
Las alucinadas acusaciones contra el expresidente Uribe han debido ser rechazadas inmediatamente con una nota de protesta escrita y pública, y no con una tibia inconformidad oral y casi clandestina. Nadie le estaba pidiendo a Santos que saliera a gritos a romper sus relaciones con el dictadorzuelo, pero es indignante que de manera tardía y evidentemente forzada su canciller sólo hubiera emitido un susurro; cualquiera sospecharía más bien cierta complacencia con los ataques del dictador. Ni gritos ni susurros: los colombianos reclamamos que en el Estado haya una voz altiva que de manera oportuna y vertical defienda la dignidad del país, encarnada hoy en el expresidente Uribe, mañana en cualquiera de los expresidentes, que lo fueron de todos los colombianos y representaron la majestad del Estado.
Por esto es obligado reconocer la gallardía del aislado reclamo del expresidente Pastrana exigiéndole al Gobierno dejar a un lado las diferencias con Uribe para defender la dignidad nacional. Así lo hizo Zapatero cuando Chávez insultó a Aznar, y lo hizo Obama ante improperios contra Bush. Más obligado a hacerlo estaba, obviamente, Juan Manuel Santos, por haber participado en el gobierno de Uribe: los chiflados señalamientos de Maduro contra Uribe también salpicarían a Santos, quien fue su ministro de Defensa. Pero con tal de no defender a Uribe, ni se dio por enterado y asimiló el insulto.
El silencio cómplice del gobierno colombiano también se extiende a la clara condición de ilegitimidad del gobierno de Maduro. La prueba reina de que es ilegítimo es su negativa a hacer una auditoría de todos los votos. Maduro y sus secuaces engañaron de frente al mundo entero. Para que otros gobiernos reconocieran su elección, prometieron que se realizaría tal auditoría; una vez reconocida su elección, se negaron a hacer la auditoría. A la vista de todo el mundo se pasaron por la galleta los países de Unasur, por ejemplo, que en previa declaración pública ligaron el reconocimiento a la auditoría. Esta no se hizo y todos siguieron tan campantes. Unasur está obligado ética y políticamente a revisar la situación del gobierno Venezuela, en vista del incumplimiento de sus propios compromisos.
Cada día que pase Maduro en el poder es un día más de deterioro de la legitimidad de instrumentos como la OEA y su Carta Democrática Interamericana, documento firmado por todos los Estados latinoamericanos que los compromete a defender la democracia en la región frente a las amenazas dictatoriales y totalitarias. Los argumentos a favor de sanciones contra el gobierno de Chávez por sus evidentes comportamientos antidemocráticos –como la manipulación de los jueces, la falta de independencia de los organismos de control, la persecución a la prensa, la persecución a la oposición, etc.– siempre se estrellaban contra el inapelable origen democrático de su mandato. Pero el de Maduro no es democrático ni por su origen, ni por su desempeño. No habría ningún argumento serio para no aplicar inmediatamente la Carta Democrática y producir advertencias y sanciones al espurio régimen venezolano. Ningún argumento, digo, aparte del miedo, la complicidad, o algún mezquino interés.
Y parece que el gobierno Santos los combina todos, por eso jamás tomará la iniciativa de cumplir los compromisos del Estado colombiano con la democracia: miedo a que se le caigan sus lánguidos diálogos en La Habana, aunque las FARC están allá tan a gusto y aprovechando de tal manera la situación, que jamás se levantarán de la mesa por ningún motivo; complicidad con un régimen con quien comparte el afán de desacreditar a un mismo enemigo: la postura altiva y democrática de Álvaro Uribe contra el terrorismo y el totalitarismo;y el mezquino interés de un comercio binacional en franca decadencia que nunca llegará a recuperarse mientras el chavismo asole las tierras venezolanas.
La tapa de todo esto ha sido el silencio cómplice de Santos frente a las agresiones de que ha sido víctima la oposición democrática en Venezuela. Negar la palabra a los opositores tiene como antecedente a los nazis en el Parlamento alemán. Golpearlos sin misericordia recuerda las expediciones punitivas de los fascistas en Italia. Camisas pardas de Hitler, camisas negras de Mussolini y camisas rojas de Maduro se emparentan en el odio y la violencia física contra sus opositores democráticos en el Parlamento. La misma tradición fascista, la misma verborrea populista, el mismo totalitarismo de Estado. Ellos son ahora nuestros nuevos mejores amigos. Y en esto acompañan al Gobierno los partidos políticos de la Unidad Nacional y las Juntas Directivas de Senado y Cámara, que no han sido capaces de expresar su condena contra las violentas agresiones a la oposición venezolana. Silencio cómplice.
