La confianza ciudadana y el buen funcionamiento de las instituciones del Estado son bases del sostenimiento de la democracia. Hay que exigirles buen desempeño buscando que no se destruyan.

Examinar con atención el Gallup Poll que hoy presentamos muestra que la opinión pública manifiesta un desencanto casi absoluto con las instituciones colombianas. Las credibilidad de las autoridades y entidades públicas continúa en picada, sin que muestren asomos de recuperar la confianza de la gente.

La autoridad más visible, el presidente de la República, alcanza el peor índice de aprobación de todo su mandato. Solo un 21 % de los encuestados considera buena su gestión. El índice de desaprobación, igualmente, es el más alto desde que asumió la Presidencia: 72 %.

Pero no es solo el presidente quien se desfonda, sino buena parte de sus políticas. Varias de ellas alcanzan el más alto índice de desaprobación en estos seis años: 88 % cree que la inseguridad está peor; la asistencia a la niñez (60 %); la calidad y cubrimiento de la salud (83 %); la lucha contra la pobreza (70 %); la corrupción (85 %), de cuya erradicación irá a dictar cátedra en Londres los próximos días; el desempleo (74 %); la lucha contra el narcotráfico (61 %), cuyo errático manejo y ambigüedad en el discurso se traducen en el aumento del consumo, los cultivos ilícitos y la salida de droga.

Pero el Poder Ejecutivo no es el único que se enfrenta a tan alto desprestigio. Las propias Fuerzas Militares, antes tan cercanas a los afectos nacionales, ven caer su popularidad. Al inicio del gobierno Santos se acercaba al 90 %, y hoy es del 60 %. La Policía Nacional es reprobada por el 59 % de los consultados, su peor récord en décadas. La Fiscalía General de la Nación tiene el peor indicador: el 57 % la reprueba, lo cual no es extraño cuando un ente de tal importancia vadea sin rumbo y dedica sus esfuerzos a todo menos a acabar con la impunidad. La Corte Constitucional, que tuvo niveles de apoyo del 70 %, hoy solo genera confianza a poco más del 31 % de la población. El sistema judicial en su conjunto solo merece aprobación del 13 % de los encuestados, el porcentaje más bajo también en décadas.

Del Congreso de la República ni qué decir. Alcanza el mayor nivel de desaprobación de los últimos 16 años: 76 %. La pregunta es si será por eso que se desprenderá de buena parte de sus funciones para delegarlas en el presidente de la República, para efectos de reglamentar los acuerdos de paz con las Farc.

Hay que precisar que el desgaste en la imagen presidencial es habitual en gobiernos largos. El problema en el caso colombiano, aquí y ahora, es que el jefe del Ejecutivo no ha podido consolidar su proyecto bandera, que a veces parece el único: firmar la paz con las Farc. Cuando más fortaleza política y vigor en el liderazgo requiere para convencer a los colombianos de que los acuerdos con esa guerrilla son lo mismo que la paz, es cuando más falta de credibilidad padece.

Esta falta de confianza generalizada no hace bien a nadie. La fortaleza institucional es esencial, pues sean cuales sean las contingencias de un gobierno, el funcionamiento cabal de todas las instituciones asegura que el país pueda seguir funcionando como una democracia normal. Quienes ocupan cargos públicos, como en las altas cortes o en las cúpulas militar y policial, deben asegurar la dignidad de sus investiduras pero ante todo de las instituciones a las que sirven. Los malos desempeños personales no deberían lesionar la imagen pública de la institución en su conjunto, pues éstas permanecen y deben mantener su respetabilidad.

Tan alta ausencia de legitimidad institucional es uno de los más graves problemas que habrán de remediar la democracia colombiana y la sociedad en su conjunto en el inmediato futuro.