¿Sin querer queriendo?

Parece increíble. El oficio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde confirma la interceptación accidental al teléfono del expresidente y senador Álvaro Uribe tiene toda la apariencia de ser una broma, pero no, se trata de una providencia judicial verídica. ¿Cómo pretende el tribunal mantener el respeto de los colombianos con actuaciones tan problemáticas? ¿Qué dice esto sobre la administración de justicia en Colombia?

En el marco del proceso que se adelanta en la CSJ contra Uribe por presunto soborno y fraude procesal, el expresidente tuvo que insistir para que el tribunal le explicara por qué había sido intervenido su teléfono. La respuesta, que fue dada a conocer el pasado viernes hacia el final del día —como buscando evitar la parte más activa del flujo noticioso— es, cuando menos, cantinflesca.

Según la CSJ, en medio del proceso por el cartel de la toga que adelanta contra el representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, uno de los números asociados a este político fue intervenido. No obstante, al escuchar las conversaciones producto de esa interceptación se percataron de que quien lo usaba era Álvaro Uribe. Por eso, el tribunal ordenó cancelar la intervención, pero también remitir los audios obtenidos al proceso contra el expresidente, por considerarlos relevantes. Se trata, en palabras de los magistrados, de un “hallazgo imprevisto e inevitable”.

En otras palabras, intervinieron por error el teléfono, pero, ya que lo hicieron, decidieron aprovechar los resultados. Difícil entender como justificada esta vulneración de los derechos del expresidente (y de cualquier colombiano).

Las explicaciones que ha dado la CSJ no son suficientes. ¿Cómo es posible que el número del expresidente fuese asociado a otra persona? ¿No se verificó con la operadora antes de realizar la intervención? Y, si fue así, ¿por qué no ha contado eso el tribunal?

Además, ¿por qué tan pronto se escuchó que se trataba del actual senador, no se canceló inmediatamente la interceptación? ¿Cuál podía ser la justificación para mantener la “chuzada” por lo menos durante un mes? ¿Se puede remitir la prueba a otro proceso de esa manera, incluso si claramente hubo una interceptación injustificada?

Más preguntas: ¿por qué la falta de celeridad en dar a conocer estos hechos? ¿Por qué en otras intervenciones relacionadas al proceso contra el expresidente hay comunicados de prensa y, en este caso, se trató solo de un oficio de viernes al atardecer? ¿Acaso así funciona toda la justicia en el país, a punta de hallazgos “accidentales” que se llevan por delante los derechos de los colombianos? Si esto ocurrió bajo la supervisión del magistrado José Luis Barceló, el más experimentado de la CSJ, ¿qué puede esperarse del resto de la administración de justicia colombiana?

Finalmente: ¿así es que pretende el tribunal construir confianza en uno de los procesos más politizados que tiene bajo su investigación? El país necesita respuestas y la mayor transparencia. Así no se vale.

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