Sobredosis de mermelada

En un país con los niveles de pobreza del nuestro, y con los niveles de desempleo e informalidad que tenemos, es una ignominia que el Gobierno Nacional le invente a los congresistas una prima de casi 8 millones de pesos mensuales ($7.898.445), que equivalen a más de 12 salarios mínimos, solo para remplazar dos primas —de salud y localización— que el Consejo de Estado les había eliminado semanas atrás.

Pero la gravedad del asunto no se queda en el mero hecho de extender privilegios absurdos a los parlamentarios cuando su trabajo, su gestión y su comportamiento dejan tanto qué desear. Más grave aún es que los sueldos de cerca de 2.000 altos funcionarios del Estado estén atados a los generosos sueldos de los congresistas, de manera que en medio de la precariedad de las condiciones de vida de muchos ciudadanos, miles de funcionarios ganan sueldos cercanos a los 20 millones mensuales a pesar de que sus resultados son pírricos, en entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, las altas cortes y otras más.

Como si fuera poco, de los sueldos de esos 2.000 altos cargos dependen los de otros 40.000 funcionarios que también devengan jugosos estipendios a costillas nuestras. Recordemos los interminables paros judiciales en los que incurre a menudo esa rama para exigir nivelaciones salariales que no son otra cosa que acercar todos los salarios del sector judicial a los pingües ingresos de los magistrados, todo a pesar de los magros resultados que estos servidores le ofrecen al país.

Aun más grave es que esta decisión grotesca, vulgar e inaceptable no tuvo otro objetivo que aceitar a los congresistas para lograr que retornaran a sus actividades y votaran favorablemente los proyectos presentados por el Ejecutivo, ya que habían incurrido en una especie de operación tortuga a raíz del retiro de las dos primas, dineros que una vez restablecidos, por obra y gracia del presidente Santos, permitieron destrabar, en cuestión de horas, el trámite de la reforma a la salud.

Lo que hizo Santos no solo fue una perversa compra de voluntades y la aceptación de un chantaje sino el darle un entierro de tercera al anhelo ciudadano de reducir los altos ingresos salariales del Estado colombiano, los cuales, además de injustos, constituyen uno de los eslabones más importantes de la corrupción que nos aqueja. De tan apetitosas dietas se desprenden, por ejemplo, los aberrantes roscogramas —tu me eliges, yo te elijo— que han cooptado al Estado por intermedio de parentelas y grupúsculos de poder.

Lamentablemente, esa es la despreciable manera en la que este Gobierno ha manejado al Congreso, a punta de dádivas, o de la denominada ‘mermelada’, con la que se logró agrupar los más disimiles intereses en la llamada ‘unidad nacional’, que es la bancada oficialista más poderosa que ha tenido gobernante alguno en nuestro país pero que a Santos no le ha servido de mucho.

Lo cierto es que esta prodigalidad se la cobrarán a Santos los sectores sociales en las próximas negociaciones para definir el salario mínimo, lo que deteriorará mucho más su imagen y dificultará aun más la reelección. Y tendrá que haber un debate serio sobre los salarios del Estado porque no nos pueden venir a hablar de la necesidad de tener cargos bien remunerados cuando muchos de estos funcionarios carecen de méritos para ocupar esos cargos, no tienen un desempeño eficiente y su comportamiento a menudo es indigno. Esos funcionarios, ¡hasta gratis son caros!

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