Dizque un gobierno republicano es aquel donde están equilibradas armónicamente las ramas del poder público. Eso era cuento del profesor de Derecho Constitucional hace muchos años, porque según la solemne declaración de los magistrados presidentes de las Cortes, estamos en la era milenaria de “siglo de los jueces”. Por lo tanto el Poder Judicial (o el eufemístico Poder Jurisdiccional) ha decidido en Colombia estar por encima de cualquiera otra expresión orgánica de la Constitución Nacional. En cualquiera otra nación, esto equivaldría a un golpe de estado incruento, progresivo e indoloro. Pero no inoloro. Porque aquí huele a materia humana podrida. O al azufre luciferino que el diablo del odio y del resentimiento político, ideologizado desde algunas facultades de Derecho, impregna una buena parte de sus egresados en ejercicio.
Está al descubierto el más inmoral “indebido proceso” aplicado a un coronel que participó en el rescate del Palacio de Justicia, 1985, cuando la sede de la Corte Suprema fue asaltada por una célula guerrillera al mando de un paranoico llamado Andrés Almarales. En el holocausto cayeron esclarecidos magistrados y un sinnúmero de ciudadanos corrientes y comunes. ¿Sabemos acaso cuántos miembros de la Fuerza Pública? Lo cierto es que este magnicidio dejó una profunda huella en la historia, tan honda que el odio y el escarnio entre las familias de las víctimas, proclaman la continuidad de su resentimiento. ¿Lo estimulan los jueces y el derecho positivo para que no haya perdón? En Colombia casi nunca las guerras tienen fin porque la revancha es cíclica y el cobro de la ofensa pasa por los abogados y por los vengadores de vidas propias y ajenas. En el caso en comento, para sentenciar al Coronel Plazas Vega se apeló a la suplantación de un testigo, base para su condena. Edgar Villareal fue presentado en la investigación como cabo del Ejército que llegó de emergencia desde Granada, Meta, en un helicóptero. Se puso a órdenes de Plazas Vega, lo escuchó dar la orden de desaparecer a personas rescatadas. Resulta que Villareal no es Villarreal, sino Edgar Villamizar Espinel, que nunca estuvo en el lugar de los hechos, no conoce al Coronel Plazas Vega, ni la firma ni el documento aportado al proceso corresponden al presunto testigo. Descubierto este fraude procesal, el procurador Alejandro Ordoñez ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de Plazas Vega y, además, investigar a la Fiscal Cuarta Delegada ante la CSJ, Ángela María Buitrago. Y contra esta evidencia e injusta condena, el defensor de las familias de los desaparecidos argumenta que la prueba es extemporánea.
Los colombianos parados en la orilla del tiempo, debemos reconocer que los militantes supérstites del M19 pidieron perdón, se desmovilizaron y han cumplido con los compromisos adquiridos en democracia. No podemos tampoco convertir el pasado en un garrote inequitativo contra los militares a quienes, por lo menos, debe aplicarse la justicia transicional. Pero que unos funcionarios de la rama judicial hagan trampa para condenar a un colombiano meritorio es la catástrofe del “siglo de los jueces”.
¿Qué pensarán los sencillos y honestos centenares de jueces municipales, los fiscales que trabajan en recónditos lugares y en ciudades distintas a la encopetada e inmarcesible cúpula cortesana? ¿Qué sentirán los magistrados de provincia cuyas sentencias y autos van palo arriba del sofoco moral? Como decía el poeta: “¿Qué dirán mis arzobispos, qué dirán tus sinagogas?”.
Jaime Jaramillo Panesso
Elmundo.com
Junio 19 de 2011
