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Miércoles 13 de Diciembre del 2017

Tierras: los reclamantes falsos

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 17/10/2015

 

Ilustración: Esteban París

Las fronteras difusas de la violencia colombiana y la variedad de sus actores y víctimas crean un marco social y judicial complejo, que se presta para que aparezcan falsos reclamantes de predios.

Tan difícil como construir un relato amplio, detallado y riguroso de la verdad sobre las causas y efectos del conflicto armado en el país, está resultando armar el rompecabezas sobre la propiedad y la reclamación de tierras en diferentes zonas del territorio nacional. En el “gran Urabá”, por ejemplo, el chocoano, el cordobés y el antioqueño, y en Cesar y Sucre, la labor se ha complicado con la aparición de falsos dueños que pretenden recuperar “sus predios”.

La Policía y la Fiscalía acaban de capturar a 62 personas que reclamaban sus supuestas propiedades, al parecer sin serlo, mediante suplantaciones y falsos testimonios que, a juicio del general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, a veces tenían visos de ficción sorprendentes.

Ocurrió así con un desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (Epl), grupo que a mediados de los noventa fue absorbido por los paramilitares de los hermanos Castaño. Igual lo hacía otra organización manejada por seis desmovilizados del bloque Héroes de Tolová de las Auc, que operó en Tierralta, Valencia y San Pedro de Urabá.

Las autoridades pusieron estos casos como ejemplo de falsas reclamaciones orquestadas para quedarse con más de 1.000 hectáreas. También están los procesos emprendidos por algunas personas que la Policía describió como “comerciantes y ganaderos, con alta capacidad económica”, que anexaban documentación falsa y se presentaban como víctimas de despojo.

En un editorial pasado, este diario recalcó cómo el destierro es un fenómeno que ha afectado a miles de personas de todos los estratos, blanco de secuestro, extorsión, abigeato, masacres, coacción y persecución desatados por los grupos armados ilegales contra sus opositores, en los territorios que controlaban.

Y las extensiones van desde pequeñas parcelas de “pancoger”, de sobrevivencia básica familiar, hasta predios medianos y grandes de recreo o ubicados en zonas estratégicas de producción agropecuaria o que están en áreas de influencia de megaproyectos viales, agroindustriales o comerciales futuros. Hay mucho dinero en juego, y por ello, también, muchos intereses.

Hay que observar la escrupulosa tarea que deben cumplir el Estado y sus instituciones en este terreno. Son demasiadas las sensibilidades y susceptibilidades que pueden ser heridas en los procesos de reclamación, mucho más con los riesgos que demuestra esta investigación judicial respecto de la aparición de falsas víctimas-propietarias, capaces de una teatralidad y una suplantación impensadas.

Las sentencias de restitución siguen siendo pocas frente a la magnitud de los reclamos. Y eso que el país está ante la posibilidad de que aumenten los procesos en la eventualidad de que las Farc acaben su existencia armada. Ello hará más complejo el escenario de la restitución debido a los terrenos de los que la guerrilla desalojó a propietarios originales, o que adquirió mediante presiones y testaferratos. Ese será otro capítulo.

La restitución, que comenzó en firme en 2011, comporta retos esenciales de autoridad y justicia del Estado colombiano con todas las víctimas. De defensa de derechos y de debido proceso. Es apenas esperable el máximo nivel de rigor en todo paso que se dé en este proceso.

Las capturas recientes tal vez sean un mensaje severo de que quienes quieran quedarse con aquello de lo que no tienen justo título, recibirán el peso de la ley.

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