"El dueño de la información tiene el poder", es una frase de cajón que se utiliza en eventos de capacitación de toda índole. Es el coquito de la gerencia y de la administración. De una información veraz, oportuna, confiable y suficiente salen decisiones acertadas.

Escoger los colaboradores para adelantar un proyecto cualquiera, es el resultado de un proceso de investigación con la profundidad suficiente para saber si el equipo es el idóneo para llevar a cabo exitosamente ese sueño. La política no es ajena a este requerimiento básico pues, de la capacidad, honestidad y conocimientos de los integrantes de un gabinete, dependen los resultados de la gestión del gobernante.

Ellos serán los que orientarán el trabajo de las dependencias a su cargo y es por eso que, quienes acceden al poder por medio de elecciones, si llegan con el compromiso real de hacer lo mejor por las comunidades, no deben equivocarse en la selección de sus colaboradores más cercanos. Los antecedentes de torcidos se conocen con mucha facilidad en personas que han desempeñado cargos públicos, no se necesita ser el investigador más avezado para conocer los entuertos de personajes de la vida política.

Afirmar que las acciones fraudulentas se realizaron a mis espaldas, es una elefantada muy propia de algunos miembros de un partido que pretende ser alternativa de poder. Muchos de ellos usan el jabón "Pilatos" para lavarse y pretenden aparecer de inocentes o ingenuos, vaya uno a saber, engañados en su buena fe. Claro que eso en nuestra política es el común denominador y quien está arriba siempre señala a los de abajo pretendiendo tapar su ineptitud.

Si alguien debe estar informado de todo lo que hacen los miembros del equipo es quien dirige la comedia. Por eso no se compadece que quien está a cargo acuse a sus subalternos de actuar sin su autorización. El respaldo y la confianza se demuestran y así lo hizo Uribe con el actual mandatario, en sus líos con la justicia ecuatoriana cuando dieron de baja a "Reyes".

Caso contrario se da ahora con una revista que montó un tinglado, no se sabe con qué objeto, (aunque sean muchas las pistas para develar las motivaciones reales) y ha puesto en peligro todo el aparato de inteligencia militar, destinado a defender al pueblo colombiano de las acciones narcoterroristas.

La primera reacción de quien debe asumir las consecuencias, muy de liberal por cierto, fue manifestar que eso era un acto no autorizado, propio de intereses oscuros y que se harían las investigaciones pertinentes, hasta las últimas consecuencias, para dar con los culpables (Culpable = Condena) estigmatizando a dos generales del Ejército Nacional. Poco después, en una de esas reculadas que acostumbra, manifiesta que la operación era legal y que contaba con todas las autorizaciones para ejecutarse.

El daño ya está hecho, el fiscal allana y se apropia de información muy delicada, la cadena de custodia será tan débil que se romperá con el primer jalón, la información la conocerán los terroristas, el riesgo para los colaboradores del Estado se incrementa en alto grado, y este señor pretende que lo reelijamos. Es un sainete que de verdad nos angustia por los que, queriendo trabajar en pro de la nacionalidad, se vean abocados a correr riesgos originados por torpezas imperdonables.