Si la semana pasada nos anunciaban un “congresito” o “comisión legislativa especial”, el mismo engendro con distinto nombre para arrebatarle las funciones constitucionales y legislativas al Congreso y a una eventual asamblea nacional constituyente, los únicos órganos colectivos que la Constitución consagra para la tarea de cambiar la Carta Magna y hacer las leyes, la noticia de ayer es el anuncio hecho por el presidente de un “tribunal especial” para juzgar a las Farc.

Santos y los miembros de la coalición de gobierno han llegado al convencimiento de que lo que se firmará en La Habana no será aceptado por la mayoría de la población y que, por tanto, hay que arrebatarle al pueblo, al parlamento y a la justicia la posibilidad de refrendar lo que allá se acuerde, tramitar las reformas jurídicas que sean necesarias y juzgar a los bandidos de las Farc. El asalto contra la Constitución y las instituciones democráticas es resultado del miedo y de la cobardía.

Al referendo le tiene miedo porque “se necesita la participación de un umbral que, según la experiencia, es casi inalcanzable”, “según las encuestas, un referendo hoy hundiría lo pactado en La Habana” y, según ellos, “se ha demostrado que textos tan complejos son casi de imposible asimilación por parte de ciudadanos comunes y corrientes”. Es decir, por un lado, los ciudadanos de a pie somos unos ignorantes que no entendemos lo que los sabios delegados gubernamentales y las Farc firmarán en Cuba y, por el otro, están convencidos de que se hundirá lo que se firme, bien porque el referendo no alcance el umbral del 25 % del registro electoral, bien porque se vote en contra de lo pactado. Es decir, como la gente no quiere lo que firmarán los ungidos del gobierno y de la guerrilla, se le negará la posibilidad de expresar su opinión y se le impondrá a la brava lo acordado. Las minorías políticas en el gobierno y las violentas de las Farc impondrán su voluntad sobre la mayoría ciudadana. Y como el referendo “es muy difícil que logre los umbrales respectivos”, están pensando en un “mecanismo de consulta en que englobemos las preguntas generales de los acuerdos de paz en una sola pregunta y que el ciudadano pueda decir sí o no”, según confesión del presidente del Congreso. Así, sin más, al diablo con el referendo, la Constitución y la democracia.

Sí, el mismo presidente del Congreso que después de que le aseguraron su puestico no tiene ya problema con la creación de una “comisión especial” que, según el ministro Cristo, se propondría “muy pronto” para que asuma las funciones constitucionales y legales del Congreso y en que participarían proporcionalmente los partidos representados hoy en el parlamento y los terroristas. Es decir, diluyen a la oposición y, para rematar, a las fuerzas gubernamentales le suman las de la guerrilla que, por supuesto, votarían con ellas. Es decir, un órgano elegido a dedo y controlado por Santos y las Farc, que silencie a la oposición y que evite una constituyente cuya conformación, esa sí por voto ciudadano, es incierta, pero en la que, según todas las encuestas, seguramente perdería el Gobierno. De nuevo, al diablo con el Congreso, la Constitución y la democracia.

Y para rematar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de cuyo nombre no quiero acordarme, no tiene empacho en decir que “el derecho no puede ser un obstáculo para la paz y ninguna institución jurídica puede ser una camisa de fuerza” y que “las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición soberana del destino de la nación”. Después de olvidar que el derecho es precisamente la norma de convivencia entre los ciudadanos y que ninguna paz es posible sin respetar el derecho, no tengo duda de que va a avalar, sin ningún pudor, el “tribunal especial” de Santos. Otra vez, al diablo con la justicia, la Constitución y las instituciones.

Y semejante atraco, de la mano del Gobierno y las Farc, por física cobardía. Son tantas las barbaridades que van a firmar, que le tienen pavor al pueblo y a la democracia. Sí, además de trampa, ¡cobardía!.