El político uribista considera que la Constitución colombiana no contempla ningún “mecanismo idóneo” para refrendar los acuerdos con las FARC.

Carlos Holmes Trujillo (Cartago, 1951), abogado de formación, procede de una familia con una larga trayectoria en la política activa. Ha sido diplomático en cuatro países y representante de Colombia ante organismos internacionales, lo que le convierte en un hombre bien conectado internacionalmente y con amplios conocimientos sobre las relaciones bilaterales. De talante conciliador, en 2014 fue candidato a la vicepresidencia de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático, el partido del senador y ex presidente Álvaro Uribe. Holmes Trujillo es el actual coordinador de Internacional en el partido uribista y portavoz sobre los asuntos de justicia en dicha formación política.

-Una vez que se firmen los acuerdos de paz, los colombianos tendrán que dar su visto bueno. Aún no está claro qué mecanismo se usará. ¿Por qué es tan importante elegir un buen sistema para que los colombianos se pronuncien?

-Cada día es más importante y neurálgico porque pensando en el futuro del país hay que dar un paso que implique legitimidad, sostenibilidad y estabilidad institucional. Es necesario que haya un mecanismo que permita a los ciudadanos expresarse de manera específica sobre el contenido de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC,

-Las FARC llegaron a proponer una Asamblea Constituyente. ¿Lo ve viable?

-Eso está por verse. Soy de los que creen que el Gobierno al final podría ceder en esa posición que las FARC han planteado desde el principio. La Asamblea Constituyente no es mala ni buena per se, depende de lo que llegue a ser su composición, su competencia y las materias que pueda tratar. Es esa la razón por la que yo he venido insistiendo en la importancia de un acuerdo político y de Estado para diseñar un mecanismo que les permita a los colombianos pronunciarse en concreto sobre los acuerdos.

-¿Los mecanismos que contempla la Constitución no valen?

-Los mecanismos consagrados hoy en la Constitución no son idóneos bien sea por su definición o por dificultades prácticas para su aplicación. Lo idóneo sería avanzar en un acuerdo político y de Estado que permita el diseño de un mecanismo nuevo que haga posible un pronunciamiento a fondo, detallado, consecuencia de una información completa suministrada a los colombianos.

-¿Por qué el referéndum no sirve?

-El problema es que una consulta popular no es del caso frente a la magnitud del contenido de los acuerdos. Un plebiscito, como lo ha venido planteando el Gobierno, tampoco porque el plebiscito se convoca -según las normas colombianas- a efectos de decidir si los colombianos apoyan o no una política específica. Y el referéndum, que sería el mecanismo idóneo, tiene la dificultad de que pone en consideración de la gente textos legales o constitucionales para que éstos sea aprobados o rechazados. Lo más conveniente sería propiciar un gran acuerdo para diseñar un mecanismo nuevo que ayude a salvar el obstáculo práctico de poner en consideración de los colombianos cientos de normas constitucionales y legales para que ellos se pronuncien sobre su contenido.

-¿Qué mecanismo es el más apropiado según usted?

-Yo lo he llamado consulta refrendataria, un mecanismo que le permita a la gente pronunciarse sobre temas de fondo específicos de los acuerdos y no necesariamente sobre textos legales o constitucionales mismos.

-¿La postura del Centro Democrático sobre los diálogos con las FARC ha cambiado en los últimos meses?

-No, Centro Democrático se ha manifestado siempre en favor de la paz, ha señalado críticas en la manera como se ha conducido el proceso, pero el tiempo le ha venido dando la razón. Hemos dicho desde el principio que es fundamental conversar previo cese de acciones criminales por parte de las FARC, y el hecho de que las FARC hayan disminuido la violencia demuestra que se crea un clima más propicio para garantizar el desarrollo de las conversaciones. Hemos venido hablando de la necesidad de que haya paz sin impunidad, y ahora el propio Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para señalar que la jurisdicción especial para la paz no es un acuerdo en materia de impunidad. Hemos dicho que es absolutamente indispensable la verificación y la concentración para garantizar que las FARC cesan sus acciones criminales contra los colombianos. Todo eso es lo que se está presentando en este momento. Vamos a seguir insistiendo en otros temas, como en la entrega real de las armas y la exigencia a las FARC de que pongan sus recursos para financiar los programas de reparación a las víctimas.

-Después de la firma del acuerdo, ¿Colombia va a seguir sufriendo la violencia? ¿Cuánto tiempo será necesario para cicatrizar las heridas del conflicto?

-Las conversaciones en La Habana no se están adelantando con el propósito de lograr la paz sino con el propósito de poner el fin del conflicto, según lo definió el propio Gobierno, de manera que si se llegan a concluir los acuerdos y son aprobados, eso no producirá la paz inmediata en el país. Hay que seguir trabajando a favor de la seguridad y en la creación de oportunidades para los colombianos y en favor de la cohesión social.

-¿La guerrilla va a asumir la paz o habrá resistencia de grupos minoritarios?

-En todos los acuerdos en esta materia, la experiencia internacional enseña que un porcentaje de integrantes de esas organizaciones que no se acogen a esos acuerdos continúan con sus acciones criminales. En este caso habría que pensar que algo así sucedería. Pero lo fundamental es que los términos del acuerdo generen las condiciones para que desaparezca ese fenómeno criminal que le ha hecho tanto daño al país.

-¿Abandanarán el narcotráfico?

-Eso es lo que debe garantizar el Gobierno, porque si eso no es así, todo este esfuerzo se perdería. Y uno de los grandes problemas que tiene la jurisdicción especial para la paz es que abre la puerta para que el narcotráfico llegue a ser considerado un delito conexo al delito político. Es un grave error que eso llegara a suceder.

-¿Como se conjuga la unidad del país necesaria para avanzar hacia la paz con las críticas a los diálogos de La Hababa?

-En esta etapa de la vida colombiana es fundamental que diferentes sectores de opinión que no se consideran interpretados en la manera como se están conduciendo los diálogos del Gobierno con las FARC planteen sus inquietudes y promuevan el debate, porque éste va a ser un año intenso y complejo, incluso desde el punto de vista económico, y ello hace aconsejable que los escenarios de controversia nacional sean cada vez más transparentes y propositivos.

-¿Cuáles deben ser las otras prioridades del Gobierno colombiano?

-Lo fundamental es empezar a diseñar ya una propuesta de una nueva política económica para la gente porque hay que crear condiciones que permitan que haya trabajo, buena educación, condiciones de salud aceptables y la posibilidad de llegar a tener una pensión decente.

-¿Qué balance hace de la Ley de Justicia y Paz, con la cual se inició el proceso para desmovilizar a los paramilitares?

-La Ley de Justicia y Paz corresponde a los principios de justicia, verdad y reparación y hace parte de lo que ahora se llama justicia transicional, después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma del año 2002. Esa ley ha tenido problemas en su aplicación por la magnitud del fenómeno y por la debilidad de las instituciones. No obstante ha habido avances, investigaciones, condenas, se han conocido muchos hechos criminales como consecuencia de las confesiones que se han hecho. Fue un paso muy importante. La experiencia que quedó sirve para mejorar los marcos legales posteriores.