Quisiera creer que el objetivo de la Reconstrucción Nacional sintetiza la máxima aspiración de muchos colombianos preocupados por el desmoronamiento del país, el cual venimos presenciando con angustiosa impotencia en los últimos 8 años.

¿Por qué hablamos de reconstrucción nacional? Por el desolador estado de ruina que atraviesa el país en todos los órdenes.

1.- ¿Cómo podríamos callar cuando el bien inestimable de la Democracia se diluye por la acción de un tirano que ha acumulado en sus manos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, mediante el execrable mecanismo de repartir a manos llenas los recursos públicos para comprar las conciencias de legisladores y jueces?

Ese principio universal de la separación de los poderes públicos, cuyos orígenes se remontan a la Grecia de Aristóteles y que luego se materializa en los trabajos de John Locke y del barón de Montesquieu, entre nosotros ha sido pisoteado ante el asombro de unos pocos y la indiferencia de muchos.

Si algún asomo de Democracia quedaba, ese fue arrasado en el pasado plebiscito del 2016. Recordemos que, para aprobar los acuerdos de La Habana, se había exigido como requisito sine qua non la refrendación del pueblo mediante la consulta del plebiscito. Los ciudadanos, en ejercicio de su poder soberano, dijeron NO a lo acordado. En consecuencia, tales acuerdos no nacieron a la vida jurídica, como lo sabe hasta el más atolondrado estudiante de Derecho. Sin embargo, el tirano – después de engañar a los líderes de la oposición que pretendían incorporar algunas reformas a lo pactado – puso en vigor ese acuerdo.

Pero ¿cómo iba a obviar la ausencia de esa aprobación del pueblo? Recurrió a sus cómplices del Congreso para que, óigase bien, mediante una proposición, sustituyeran la “refrendación popular” que el soberano había negado. ¿Cómo puede hablarse, entonces, de Democracia, cuando la voluntad soberana del pueblo es desconocida de manera tan burda y evidente?

2.- No paró allí la acción depredadora contra nuestras instituciones. Los magistrados de la Corte Constitucional, cuya obligación dizque es salvaguardar la Constitución, decidieron que ésta podía ser reformada por el Congreso, a través de una simple proposición. Jamás en la historia de Colombia, o de cualquier país democrático, se había presentado tan descomunal adefesio jurídico. De un tajo incorporaron a nuestra Carta Magna más de 300 páginas de basura marxista-leninista , se llevaron de calle principios universales del Derecho, como el de la cosa juzgada, permitiendo que la Justicia de las FARC pueda revisar cualquier proceso penal aunque esté ya juzgado, y – de paso- sustituyeron buena parte de nuestra Constitución Política. A partir de allí, se extinguió también el Estado de Derecho.

Continuó la desvergüenza. A través del infernal invento del fast track, y del lema del “Todo vale” que practica el régimen, se tornó normal y consuetudinario el desconocimiento de la Constitución, la que Miguel Moreno Jaramillo llamaba LEY DE LEYES, y de todo el ordenamiento jurídico. El respeto del Estado por la norma jurídica fue sustituido por el imperio de la voluntad personal del detentador del poder. Lo que era un régimen democrático quedó convertido, simple y llanamente, en una tiranía.

Todos sabemos que la norma jurídica no es un invento caprichoso del hombre, es el sustento de la vida en sociedad. Y cuando se vulnera el Estado de Derecho, surgen – de manera inexorable – el caos y la violencia. No es, pues, un daño de poca monta, la destrucción del Estado de Derecho que estamos padeciendo.

No hemos logrado explicarnos cómo en un país como Colombia, con una superpoblación de abogados, entre los cuales los hay muy connotados, no se haya levantado un gran movimiento de protesta contra este tsunami que volvió añicos todo nuestro engranaje jurídico.

3.- No son pocas las desgracias que han sobrevenido al país, pero, entre todas, cabe destacar el inusitado crecimiento de los cultivos de cocaína y, por ende, el de la producción del estupefaciente tanto para el consumo local como para su exportación.

Durante los dos períodos de gobierno de la Seguridad Democrática, realizó el país un tremendo esfuerzo para combatir el cáncer del narcotráfico y a fe que ese objetivo se estaba logrando. La extensión sembrada con cocaína llegó a su nivel más bajo en lo que va corrido del siglo, según lo certifica la DEA, y estaba en marcha una política integral para desarticular toda su fatídica parafernalia. Pero llegó, en mala hora para el país, el régimen de Santos, se entregaron en el acuerdo de La Habana todas las facilidades a los narcotraficantes de las FARC para explotar su negocio bajo la protección del Estado, y ahora nadamos en un mar de cocaína, de sangre y de podredumbre moral, que es lo que ese vicio produce.

Los centros urbanos están hoy en manos de las ollas del micro-tráfico, donde se envilecen la niñez y la juventud, ante la mirada impotente de alcaldes y policías. El prestigio que había recuperado el país durante los gobiernos de Pastrana y Uribe se ha echado por la borda pues, por obra del tirano y de su pacto con los narco-guerrilleros de FARC, nos convirtieron en un narco-estado. La degeneración moral del ilícito negocio ha contaminado al Estado en todas sus ramas y a la sociedad entera.

4.- No es menor el deterioro que al país ha causado el inimaginable nivel de corrupción política al que hemos llegado. Desde la elección del primer mandatario se hizo presente su maléfica influencia con la entrada de millones de dólares de la firma Odebrecht a las arcas de la campaña de Santos y Vargas Lleras, favores que fueron compensados con la adjudicación de multimillonarios contratos. Luego siguió el despilfarro de los excedentes de la bonanza petrolera y del producto de la venta de ISAGEN.

No fueron suficientes estos recursos extraordinarios para saciar el voraz apetito de los corruptos incrustados en el Gobierno, y de sus cómplices .Había que arbitrar más ingresos, y fue así como la deuda pública se aumentó en este régimen en 125.000 millones de pesos, sin que se haya construido una sola obra que lo justifique. Según informe de la CEPAL, somos ahora el cuarto país más endeudado de Latinoamérica, con un endeudamiento cercano a la mitad del PIB.

5.- Callan sospechosamente los analistas económicos, las entidades financieras y los gremios privados frente a la crisis económica en la que nos debatimos. Naufraga la clase media bajo el peso de las cuatro reformas tributarias decretadas por este gobierno que había ofrecido firmando en mármol que no subiría los impuestos. Se esfuerzan los áulicos del régimen en tapar el sol con las manos, y se cuidan de mencionar que el crecimiento económico que dejó la administración de Uribe en un 6,9%, no llegó en el 2017 ni siquiera al 2%. ¿Cómo se puede ofrecer posibilidades de empleo digno a la juventud en medio de semejante depresión?

6.- Si el tema económico resulta preocupante, ¿qué diremos de la podredumbre que ha contaminado a la administración de justicia? Parece que la sociedad ha perdido ya su capacidad de asombro ante los escándalos que, como la cosa más natural del mundo, suceden en los tribunales. Magistrados que venden sus sentencias; otros que afirman desvergonzadamente que hay que fallar en política, no en Derecho; persecución política a los opositores del régimen y absolución a siniestros personajes inmersos en el narcotráfico o la corrupción es el pan de cada día. Por último, y para colofonar la inmoralidad y el desprestigio de nuestra Justicia, se crea un tribunal a la medida de los facinerosos de la FARC, que ya comenzó su sesgada misión decidiendo que alias Santrich no puede ser extraditado por el delito de narcotráfico, cometido después de la firma del acuerdo habanero, violando en forma manifiesta la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Estamos en mora de iniciar una reestructuración a fondo de todo nuestro sistema judicial.

7.- El único objetivo del régimen, está demostrado, ha sido la protección de sus aliados de las FARC, para continuar con el fatídico negocio de los estupefacientes. Centró su gestión en sellar los pactos de La Habana, implementarlos por la vía rápida con la complicidad del Congreso y las Cortes y en garantizar a los narco-guerrilleros su libertad e impunidad, amén de llevarlos al Congreso para que nos dicten las leyes.

Las obligaciones elementales del Estado de proporcionar seguridad a la población, fuentes de empleo digno, servicios eficientes de salud, educación de calidad, vivienda o protección social en la infancia o en la vejez a los colombianos, han sido abandonadas por el régimen. Todavía continúa por ahí el tirano insistiendo en su discurso de la paz, cuando medio país está dominado por los cultivadores de coca y los terroristas de FARC disfrazados de disidencias o con brazaletes del ELN.

8.- Podríamos continuar indefinidamente con la sola enunciación de los males que nos dejan, por un lado, estos 8 años de desgobierno, y por el otro, la implantación del acuerdo con los narcoterroristas de FARC. Pero – en aras de la brevedad- quiero detenerme sólo en uno de ellos: La degradación moral en la que estamos inmersos. Ya los valores tradicionales que aprendimos en el hogar y la escuela han sido desterrados.

El delito es premiado no solamente con la impunidad, sino también con honores políticos, y con la protección del Estado y hasta de la Iglesia Católica a los más tenebrosos criminales. Los medios se encargan de endiosar a los delincuentes cual si fueran estrellas del cine o del deporte. Desde el Gobierno – y ahora desde la propia Constitución, merced a la incorporación de lo pactado en Cuba- se atenta contra la familia, base de la vida en sociedad y pilar de nuestras creencias, con la receta de la ideología de género. Nuestra juventud es educada por un sindicato de maestros que pregona que su objetivo es la implantación de un régimen marxista-leninista. La Universidad, tanto pública como privada y la administración de justicia están en poder del marxismo y de sus simpatizantes.

¿No es suficiente este aterrador diagnóstico para aspirar a una RECONSTRUCCIÓN NACIONAL?

Por fortuna, los ex presidentes Pastrana y Uribe entendieron la necesidad de convocar a una Gran Alianza para la Reconstrucción del País, la cual ha logrado en pocos meses recoger el apoyo de las grandes mayorías. Para llevar a cabo tan magna tarea han sido designados Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que han generado un rayo de esperanza en este sobrecogedor panorama.

Ya se colocó, entonces, la primera piedra para reconstruir una nación destruida en todos los aspectos. Nos corresponde a todos los colombianos de bien poner nuestro granito de arena, movilizando a nuestros conocidos para elegir en primera vuelta al candidato de la Gran Alianza, Iván Duque Márquez.

Para salvar a Colombia se requiere un segundo esfuerzo: Pidamos al Presidente Duque, una vez elegido, que presente a consideración del pueblo, por la vía del referendo, un proyecto de Nueva Constitución, que enmiende todos los errores de la actual, y brinde paz, seguridad, equidad y garantía de los derechos individuales a todos los colombianos. Así lo hizo el general Charles de Gaulle, cuando fue llamado para salvar a Francia que se debatía en el caos y la inestabilidad política. Esa constitución que dio origen a la Quinta República, normalizó la situación de ese país y lleva 60 años de vigencia, convirtiéndose en un modelo digno de ser imitado.

Ese es, en mi concepto, el camino más eficaz para que hagamos realidad esa aspiración de todos de reconstruir al país.