Mientras el país se enfrasca en el debate de la papeleta para votar el plazo del 9 de abril del 2016 como fecha límite para llegar la paz “a las buenas o a las malas”, como amenazó Santos, la economía se está yendo de bruces.

En el primer trimestre del año pasado el PIB creció en un 6.5%. En este del 2015 en solo 2.8%. El retroceso no podía ser mayor.

Ya las posibilidades de tener un PIB por encima del 4% en este año se esfuman. Pero como en país de ciegos el tuerto es rey, el ministro de Hacienda proclama con euforia, a manera de consuelo, que fuimos los que menos caímos después del Perú en el crítico panorama latinoamericano.

El pesimismo es grande. Entidades internacionales y nacionales no le ponen siquiera un 3% al crecimiento. Y aun otras, como Merryll Lynch lo calculan en un 2%. Semejante retroceso afectaría todos los pronósticos para sobrellevar los innumerables desafíos sociales y económicos y aun políticos que tiene el país.

El déficit de la balanza comercial es alto. Se estima que llegará, al término del año, a más del 4% del PIB. Y el déficit de cuenta corriente estará muy cerca del 7.6%, lo que significa, 20 mil millones de dólares.

Las exportaciones caen. No solo las petroleras -con las reservas de crudo que disminuyen-, hecho que está creando y crea en buena parte gran desajuste económico, sino las no tradicionales, contradiciendo a quienes reclamaban más devaluación del peso para estimular sus incrementos. Pareciera, como dice la revista Semana, “que los TLC no se están aprovechando” fructíferamente o se firmaron precipitadamente cuando aún estábamos muy lejos de entrar en la innovación, en la tecnología, en la productividad.

Pero si en el frente externo la situación está color de hormiga, en el frente fiscal el pesimismo es considerable.

Hay instituciones que estiman que este año el déficit fiscal superará el 3% del PIB, lo que equivaldría aproximadamente a 14 billones de pesos. En el 2016, se calcula que el déficit podría llegar a los 20 billones de pesos. Sin ser catastróficos, tal hueco colocaría en calzas prietas al fisco nacional. Lo imposibilitaría de atender demandas urgentes como los ajustes al gasto pensional y el postconflicto, que ya Santos ve como un hecho presente, así el fuego siga consumiendo vidas, honras y bienes de los colombianos.

Toda esta situación conducirá a que el país se prepare para una draconiana reforma tributaria. Todos estos huecos, especialmente en el fiscal, sirven como exposición de motivos para que el Gobierno la imponga con habilidosa estratagema. Seguramente la ambientará después de las elecciones de octubre, para que entre a regir a partir de 2016 o 2017. Ya Santos tendrá poco que perder dada la inhabilidad constitucional de otra reelección. Y cuando dé a probar la cicuta impositiva a los colombianos, estará ausente quizá ocupando silla en algún organismo internacional, distancia que lo privará de escuchar el lamento de quienes quedarán engrampados en las duras disposiciones tributarias.