Es una señal del océano que aún separa a Grecia del resto de la eurozona que un acuerdo alcanzado la semana pasada para sólo sostener “conversaciones técnicas”, que fracasaron el lunes dejando a la zona euro sumida en la incertidumbre, haya sido celebrado como un paso hacia adelante en la búsqueda de una solución para la crisis de deuda del país.

Sin dudas fue un paso atrás por parte del nuevo gobierno griego, que antes había descartado sostener cualquier tipo de negociaciones con su “troika” de prestamistas internacionales. Y siguió a otros pasos atrás: Atenas ahora pide una reestructuración de deuda en lugar de rebajas, y ahora dice que cumplirá con 70% de las reformas requeridas por su actual programa de rescate.

Pero a las palabras se las lleva el viento. Incluso este paso más reciente fue posible sólo al evadir el asunto luego de que fracasara un intento inicial de ministros de finanzas de la zona euro por iniciar conversaciones. La zona euro insiste en que el propósito de las conversaciones es evaluar los planes del gobierno griego con vistas a extender el actual plan de rescate, y así asegurarle a Atenas el margen de maniobra necesario para negociar un nuevo acuerdo a largo plazo. El gobierno griego afirma que el propósito de las discusiones es preparar el camino para un programa completamente nuevo, ya que descarta extender el viejo.

Como se temía, el intento de los ministros de finanzas por resolver este impasse fracasó el lunes. Las conversaciones se interrumpieron luego de que Grecia volviera a negarse a pedir una extensión de su actual programa de rescate, que termina a fin de mes. Pocos creen que las diferencias se solucionen antes de que termine esta semana, el momento en el que se vuelve demasiado tarde para conseguir la ratificación parlamentaria necesaria en varios estados miembro para extender el programa.

Cualquier esperanza de un acuerdo depende de lo que quiera decir Atenas con “70% del programa” y si el primer ministro Alexis Tsipras puede exprimir suficientes concesiones fiscales y de reformas para poder vender una extensión como un programa “nuevo”. El punto crucial es la insistencia de Grecia en revertir reformas clave en el mercado laboral. “Eso no es negociable”, dice un alto funcionario alemán. “Consideramos que son el 80% del programa”.

Enfrentándose al riesgo de que Grecia permita que su programa actual se venza a fin de mes, algunos funcionarios de la zona euro comenzaron a hablar sobre cómo facilitar una salida del programa lo más “limpia” posible. Esto implicaría fijar un cronograma claro para negociar un programa nuevo, incluida una fecha límite para un acuerdo, afirma uno de estos funcionarios. La esperanza es que esto aliente a los griegos a dejar su dinero en los bancos y persuada al Banco Central Europeo de seguir permitiendo que los bancos reciban financiación de emergencia. Eso podría conseguir un poco de tiempo extra para negociar un nuevo acuerdo a largo plazo.

Como Plan B, tiene muchas falencias. La economía griega se contrajo 0,2% en el cuarto trimestre de 2004, en base trimestral, lo que acabó con expectativas de un crecimiento de 0,4%; la recaudación fiscal fue más de 20% menor a las metas de enero, y alrededor de 14.000 millones de euros (US$15.950 millones) en depósitos se han retirado de los bancos desde fines del año pasado, lo que la semana pasada obligó al BCE a aumentar el límite de asistencia de liquidez de emergencia a 60.000 millones de euros. Nadie sabe con seguridad cuándo se quedará sin dinero Atenas, pero se teme que pueda suceder en marzo. Sin embargo, funcionarios afirman que negociar un nuevo acuerdo llevaría un mínimo de dos a tres meses.

Además, no queda claro que sea posible que Grecia y la zona euro se comprometan de forma creíble a alcanzar un nuevo acuerdo a largo plazo en base a sus posiciones actuales. Atenas ahora está firmemente marginada de los mercados, con costos de financiación a tres años de cerca de 20%. Por lo tanto, cualquier programa nuevo deberá financiar a Grecia durante al menos los próximos dos años, lapso durante el cual debe desembolsar más de 24.000 millones en financiación. Y este nuevo rescate inevitablemente vendrá con condiciones que a su vez requerirán de monitoreo por parte de los prestamistas. ¿Podrá Tsipras, que asumió con la promesa de terminar con los rescates y la supervisión de la troika, tragarse una medicina política tan amarga?

De forma crucial, cualquier programa nuevo casi son seguridad involucrará al FMI. Este es un tema decisivo para Alemania y otros países. El FMI se necesita en parte porque los gobiernos de la zona euro comenzaron hace poco a ayudar a apuntalar las arcas del fondo y querrán usar esta financiación barata para reducir su propia carga. Aún más importante, el FMI tiene un deber fiduciario ante sus accionistas de asegurar que cualquier préstamo nuevo sea sostenible. Por lo tanto su involucramiento es una fuente importante de garantía para los parlamentos de la zona euro de que los contribuyentes recuperarían su dinero.

Sin embargo el involucramiento del FMI probablemente complique la búsqueda de un nuevo acuerdo, en particular si la zona euro se mantiene firme en su condición de no conceder rebajas y Atenas sigue insistiendo en implementar su programa económico. Allí hay dos problemas.

El primero son las metas fiscales de Grecia y su impacto en la trayectoria de la deuda de este país. Aún asumiendo que una política fiscal flexible consiga un estímulo sostenible, un recorte en la meta del excedente presupuestal primario al 1,5% que pide Atenas, desde el 4,5% requerido según el programa actual, podría requerir que Grecia pida prestado otros 42.000 millones para 2020, según Zsolt Darvas del centro de estudios Bruegel. Parte del impacto podría ser compensado por un nuevo paquete de rescate generoso que extienda los vencimientos de préstamos existentes en 10 años y reduzca la tasa de interés al nivel del costo de financiación de la zona euro. Pero esto no evitará que la proporción de deuda frente a PIB de Grecia suba para 2030 más de lo que preveía el programa antiguo.

El segundo problema son las asunciones de crecimiento que sustentan cualquier análisis de la sostenibilidad de la deuda futura de Grecia. Es probable que el FMI sea escéptico sobre la fe de Atenas en una recuperación impulsada por el consumo que se basa en elevar el salario mínimo, volver a contratar a muchos de los empleados públicos despedidos, restablecer las negociaciones salariales colectivas, reducir impuestos e incrementar los pagos de seguridad social. El FMI pasó cinco años insistiendo con medidas diseñadas para alentar un crecimiento impulsado por la inversión, reformas de los códigos fiscal y de insolvencia, y privatizaciones, a mucho de lo cual se oponía Tsipras en su momento. Sin dudas, la determinación del FMI a mantenerse firme contribuyó a la caída del gobierno previo. Es poco probable que cambie su postura ahora.

Si Tsipras siente que no puede dar los pasos atrás necesarios para asegurar una extensión del programa a corto plazo, podría descubrir que las concesiones necesarias para un acuerdo a largo plazo son aún más difíciles.