Ha hecho falta un debate amplio que permita al público examinar los pros y los contras de la medida.

La Cumbre Hemisférica de Alcaldes, reunida en Santa Marta la semana pasada, fue una oportuna ocasión para discutir la propuesta gubernamental sobre la reelección consecutiva de los mandatarios locales. Su debate, sin embargo, pareció confinado al recinto de la cumbre. Y algunas de las opiniones expresadas confunden lo que se tramita en el Congreso.

“Es importante entender que la gerencia de las ciudades necesita de más períodos de tiempo –dijo el alcalde anfitrión– o, por lo menos, una agenda que trascienda un escaso periodo de cuatro años.” El embajador de Argentina en Colombia también fue partidario de la reelección, para “fortalecer los procesos de transformación y cambio que se llevan a cabo en una comunidad”. Opinión a la que se sumó el secretario de la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios, “dentro de la lógica de castigar o premiar a quienes lo hayan hecho mal o bien” (El Espectador, 8-11-14).

Importa aclarar.

El proyecto que se discute en el Congreso no busca adoptar indefinidamente la posibilidad de reelegir a los alcaldes y gobernadores. Se ha propuesto de manera excepcional, por una vez, para los actuales mandatarios por un periodo de tres años, con el fin de unificar el hoy disperso calendario electoral. Más aún, es una medida que va en contravía de la principal reforma del proyecto: acabar con la reelección presidencial.

En medio de tan abierta contradicción, el Gobierno se ha visto en dificultades para defender lo propuesto. En la “exposición de motivos” del proyecto de acto legislativo, presentado por separado de la reforma sobre “equilibrio de poderes”, es notable la falta de argumentos en favor de la medida.

“Hay que moverse –dijo uno de los alcaldes en la Cumbre de Santa Marta–: hay que llamar a los representantes y a los senadores de nuestras regiones para hablarles de las bondades del proyecto, hay que hacer la tarea.”

Pero ¿cuáles son las bondades?

Sí, la tarea está pendiente, tanto en las comisiones y plenarias del Congreso, como en el debate de opinión. Pues hasta ahora es difícil identificar en la discusión pública razones en su defensa, excepto la de ser el instrumento para unificar el calendario electoral –una medida también bastante cuestionada–.

A falta de argumentos, ni débiles ni poderosos, el único que se aduce con insistencia es el de que la propuesta fue una “promesa de campaña”. Es lo que han reclamado algunos alcaldes.

El reclamo parece a todas luces improcedente. No se trataría de una de esas promesas que se hacen a todo el electorado, sino a un grupo específico de potenciales interesados. Lo que sí parece haberse prometido en campaña es la unificación del calendario electoral. Pero, claro, para unificar el calendario electoral parece necesario hacer maromas, como la propuesta.

“Hay más probabilidades de que llueva de abajo hacia arriba de que ese proyecto pase en el Senado”, dijo el senador de un sector de la oposición Antonio Navarro Wolff. Otro partido de la oposición, el Centro Democrático, también ha anunciado su voto contra el proyecto. Adicionalmente, el Partido Conservador está en contra. Senadores de otros partidos cercanos al Gobierno, como Carlos Fernando Galán y hasta el mismo presidente del Senado, José David Name, han expresado ser contrarios a la medida. Es posible que los cálculos políticos de los distintos congresistas, en sus relaciones con los alcaldes y gobernadores hoy en el poder, sean el determinante decisivo de la suerte del proyecto. Pero ha hecho falta un debate amplio que permita al público examinar los pros y los contras de la medida. Y pesan las razones para enterrar de una vez por todas la iniciativa.