La semana que pasó dejó un hecho sin precedentes en la historia nacional. Ante el asesinato de dos indígenas en Toribío, Cauca, que se opusieron a que guerrilleros de las Farc exhibieran pancartas alusivas al grupo, la guardia indígena del pueblo Nasa asentado en este territorio, persiguió a los responsables de los crímenes y capturó a cuatro adultos y dos menores. Después de un juicio que duró cuatro días, la guardia indígena condenó a 60 años al autor material del doble homicidio, a 40 años a sus cómplices y a 20 latigazos a los dos menores. Aunque las voces de muchos se alzaron, argumentado que este proceso ante el cabildo indígena no respetó el debido proceso y el derecho a la defensa de los guerrilleros, lo cierto es que la condena tiene plena validez en el país, pues la Constitución reconoce que la jurisdicción indígena es autónoma en su territorio.
Quienes aplauden la decisión consideran que se hizo justicia, exaltan la rapidez del juicio y consideran que por fin se impuso una condena ejemplar a los guerrilleros que atacan sin piedad a una población siempre inerme.
Esta condena rápida y ejemplarizante pone sobre la mesa una vez más la realidad de la justicia ordinaria: es una justicia inoperante, ineficiente, que se enreda en formalidades, en la que prevalece la artimaña jurídica por encima de la búsqueda de la verdad y que no muestra resultados.
Tan acostumbrado está el país a que la justicia no opera, que completa un mes con los despachos judiciales cerrados por cuenta de un paro en el que los trabajadores de la rama siguen exigiendo privilegios mientras sus despachos se mantienen en mora. Y a nadie parece importarle, pues el Gobierno no toma medidas y los ciudadanos, acostumbrados a no tener justicia, ven en este paro una más de las razones por las cuales no tienen una respuesta efectiva de los jueces. La rápida y efectiva justicia del pueblo Nasa debe cuestionarnos por qué en la justicia ordinaria es precisamente el alegato del cumplimiento del debido proceso, las formalidades del juicio, el respeto por las libertades individuales, por los tratados internacionales y demás pilares de nuestro sistema judicial, lo que, en lugar de llevarnos a una justicia eficaz, ha sido el caballito de batalla de abogados, fiscales y jueces para dilatar procesos, enredar la verdad y evadir las condenas.
Hoy, por más garantista que se considere la justicia ordinaria, la realidad es que se trata de una justicia completamente desprestigiada en la que los ciudadanos no creen. Y es gracias a la ineficiencia de este aparato judicial que condenas como la del cabildo indígena terminan por llevarse el reconocimiento ciudadano, pues el sentir general es que por fin alguien “hizo justicia”.
