Son demasiadas y contundentes las señales de peligro para la democracia colombiana emitidas por el actual gobierno. Pudimos apreciar algunas de ellas durante las elecciones presidenciales con la abrumadora publicidad oficial y la compra de votos a favor del presidente-candidato.

Es evidente que el curso de maniobra del presidente Santos se está expresando cada vez con más claridad hacia la cooptación del Estado. La influencia que tiene el presidente en las altas cortes comenzó con el cambio de la terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Tumbar de una patada la que había dejado Uribe, mal-enquistado en especial con la Corte Suprema, le granjeó un acercamiento en asuntos que tienen que ver con la judicialización de funcionarios uribistas. Santos también ganó, y mucho, al nombrar un personaje incondicional que ha preconizado la legitimidad de una paz con impunidad y que además le colaboró a todo vapor en su campaña por la reelección.

A su vez, el Fiscal colocó una de sus fichas en la Corte Constitucional. Los últimos cambios que se han producido en esta corporación le permiten a Santos allanar el camino hacia la aprobación de una paz con elegibilidad política para las guerrillas, muy poca cárcel (¿días, semanas, abonando jardines o cuidando albergues de la tercera edad?), reconocimiento retórico de víctimas y sin dejación de armas, para que experimenten su ingreso a la vida civil. Tal es el sentido del fallo que tiene entre manos el magistrado Rojas, que apunta a eliminar, por vía constitucional, la obligación de castigar los crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes guerrilleros.

El presidente tiene entre sus manos dos platos de jugosa y abundante mermelada para distribuir entre los partidos de la Unidad Nacional. De una parte la Contraloría por vencimiento del periodo de la actual directora. De otro lado, la Procuraduría General que debe quedar a la orden cuando fructifique la maniobra de declarar nula la reelección del actual director, piedra en el zapato de la impune política de paz de Santos. Se apoyaron en un principio, que no ley, según el cual en el servicio público solo se puede hacer lo que esté expresamente autorizado y como la reelección del Procurador no está reconocida por ley entonces es ilegal la del Procurador Ordoñez. Se les olvida la reelección del anterior procurador, Edgardo Maya. Y si fueran consecuentes con ese principio, pues tendrían que pedir su aplicación a los congresistas reelectos ya que la ley no estipula en parte alguna su reelección.

La verdad monda y lironda es que Santos necesita nombrar un procurador manipulable, títere de su política de paz. Y tiene a su favor a la intelectualidad “liberal” e izquierdista, que vive aterrada con las posiciones conservadoras de Ordoñez y ven ahí la oportunidad de librarse del “oscurantista”, no importa que sea al precio que sea, así sea violando “legalmente” la ley, cosa que ha hecho posible este gobierno que se ha acomodado al criticado “todo se vale”.

Santos está ad portas de controlar directamente y a través de intercambios clientelares a las Cortes, a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía y al legislativo buscando las dos terceras partes del Congreso de la República a costa de reventar el partido conservador. Al paso que lleva, no reconocerá al Centro Democrático como el partido de oposición ni dejará aprobar el Estatuto Orgánico de la Oposición.

En suma, lo que tenemos es una situación de control y cooptación de los poderes públicos por parte del presidente de la república y eso significa, aquí y en cualquier país, una afrenta a la democracia, casi que un golpe de estado sin disparar un tiro y sin sacar un tanque a las calles, con elegancia y con sutil aprobación de casi todos los poderes de la sociedad.

Santos, ha logrado “amansar” a militares y de policía con mano de hierro. Ya cuenta a su haber con tres cúpulas sacrificadas porque no compartían sus tesis, decenas de generales y oficiales de alto rango, experimentados en el oficio de combatir el terrorismo y muy claros en cuanto a que estas conversaciones de paz igualan el estado y a la Fuerza Pública con los terroristas, fueron llamados a calificar servicios, humillados al cabo de años de sacrificios para darle seguridad a la sociedad.

Pero, la concentración de poderes no se limita a los otros dos poderes ni a las instituciones del Estado. También se observa en la fuerte influencia en los grandes medios nacionales cuya línea editorial está al servicio de las políticas oficiales. Durante la campaña reeleccionista terciaron francamente a su favor, al precio de herir de muerte la independencia y la función crítica de los medios y de los periodistas, tal como se los reclamó en momento oportuno Juan Gossaín, cuya voz no fue escuchada.

Para cerrar el círculo, Santos interviene con su dedo nominador en las decisiones de los gremios, impuso el nuevo director de la ANDI, regañó al de FENALCO, le parece inadmisible que el de FEDEGAN le haga críticas y asustó a los demás con dejarlos por fuera de las políticas públicas.

De modo pues que, hay razones de peso para estar alertas ante la manipulación de los poderes del estado y de la sociedad y el cercenamiento de la democracia. Nos están clavando el puñal con toda la legalidad del caso y no nos damos por enterados.