¿Una paz a la medida de las Farc?

Lo que los delegados del grupo insurgente están logrando en La Habana, con la complacencia del Gobierno, es firmar una paz a su medida.

Aunque el Gobierno Nacional está optimista con los avances de las conversaciones en La Habana con el grupo guerrillero de las Farc, muchos ciudadanos vemos estos diálogos como un proceso donde la guerrilla es la que está imponiendo la agenda. Basta con leer lo que dicen los delegados de la guerrilla desde el centro de convenciones donde están reunidos para darse cuenta de que buscan condicionar la firma de un acuerdo al cumplimiento de sus exigencias. Cuando proponen el desmonte de los batallones de contrainsurgencia lo que hacen es confirmar el temor de la opinión pública en el sentido de querer buscar el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Algo que, definitivamente, el Gobierno no puede conceder.

Vamos por partes. En el acuerdo sobre drogas ilícitas los delegados de la guerrilla consiguieron lo que querían. Que no era otra cosa que convertir el narcotráfico en delito político, buscando que no sean juzgados por enriquecimiento ilícito y, además, blindándose para no entregar la inmensa riqueza acumulada durante tantos años de traficar con drogas. Aquí lo grave es que, al justificar su vinculación con esta actividad, el Gobierno exime al grupo armado de cualquier responsabilidad en el tráfico de estupefacientes. Olvida que con el producto de la venta de cocaína la guerrilla ha financiado delitos de lesa humanidad. Los crímenes atroces no tienen conexidad con el delito de rebelión, aunque el Marco Jurídico para la Paz contemple abrir puertas en este sentido.

Pero sigamos con las concesiones que el Gobierno, en aras de firmar un acuerdo de paz, le viene haciendo al grupo insurgente. Cuando se habla sobre la creación de un fondo especial para la reparación de las víctimas del conflicto en ninguna parte se dice que la inmensa riqueza acumulada por las Farc debe entrar a engrosar los recursos de ese fondo. En medio de su cinismo, el grupo guerrillero señala que es el Estado el que debe alimentarlo, con el dinero de todos los colombianos. Nunca han dicho que el dinero conseguido por ellos con el narcotráfico debe utilizarse para resarcir a las víctimas. ¿Qué se puede esperar de un movimiento armado que dice ser víctima, no victimario? Ni siquiera quieren reconocer a sus víctimas y, mucho menos, pedirles perdón.

Lo que los delegados del grupo insurgente están logrando en La Habana, con la complacencia del Gobierno, es firmar una paz a su medida. Los negociadores de las Farc son reiterativos en el tema de las penas. Dicen que no están dispuestos a pagar un día de cárcel por sus crímenes. Es decir, impunidad completa. Lo que quieren es dar el salto del monte al Congreso como si no hubieran sido los responsables de tanto derramamiento de sangre. No reconocen que cientos de familias perdieron sus seres queridos por su intransigencia, ni que asesinaron a muchos secuestrados después de que las familias les entregaron el dinero que pedían por su liberación. Proponer un comando guerrillero de normalización es querer estar en igualdad de condiciones con el Estado.

¿Les han exigido los negociadores del Gobierno a las Farc que revelen rutas del narcotráfico o que denuncien a sus socios en el negocio? Esto no ha pasado. Al contrario, les quieren lavar la cara de narcotraficantes. La guerrilla está aprovechando este espacio para venderle a la comunidad internacional la imagen de una agrupación que lucha por reivindicaciones sociales para los más necesitados. Quieren quitarse de encima el estigma de delincuentes y posar como redentores. Y el Gobierno Nacional se está prestando para esto. ¿Puede equipararse una guerrilla que asesina a inocentes con un Estado que debe velar por la seguridad de sus asociados? Un grupo que causa desplazamiento forzado no puede estar en igualdad de condiciones con el Estado.

¿Se está negociando en La Habana una paz a la medida de las Farc? Todo parece indicar que sí. Primero, porque no habrá entrega de armas, solo dejación. ¿En dónde las van a guardar? ¿Para qué? Segundo, porque no tienen la más mínima intención de reconocer ni reparar a las víctimas. ¿Es esto justo? ¿Tiene aceptación que un grupo de delincuentes que sembró tanta muerte no aporte de sus riquezas para resarcir a sus víctimas? El Procurador General de la Nación se expresó sobre el “inexcusable silencio” del Gobierno frente a los dineros mal habidos de esta organización delictiva. Así las cosas, ‘Timochenko’ y su corte saldrán a disfrutar de su dinero sin que las autoridades los persigan no obstante saber que esa riqueza es producto del narcotráfico. Para allá vamos.

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