Imagine un escenario en el que a un delincuente solo lo pueden meter a la cárcel a cumplir la pena que merece la tercera vez que lo agarren. Un mundo absurdo, ¿verdad? Pero la realidad es que ese es el esquema generoso y exageradamente garantista que la JEP le está otorgando al Paisa, uno de los guerrilleros más sanguinarios de las Farc.

Para ponerlo en la proporción que es: según lo determinado la semana pasada, para que Hernán Darío Velásquez cumpla como correspondería por el atentado al club El Nogal, sus casas y cilindros bomba, asaltos, secuestros, violaciones y ahora sus promesas rotas, no solamente es necesario que lo detengan en medio de su incumplimiento, sino que también lo juzguen para determinar si es aún susceptible de beneficiarse de la JEP, a pesar de desconocerla. Ridículo.

El tribunal, en un fallo que ni sus propios miembros comprenden, intenta hacernos entender que su determinación está sujeta a la sentencia 007-18, que enmarca los instrumentos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, es decir, que está apegado a la ley.

En su determinación del viernes, La JEP estableció que el Paisa ha incumplido y no está contribuyendo al éxito de la reincorporación. Es por eso que el tribunal decidió que este supuesto exguerrillero ahora mínimo irá entre cinco y ocho años a la cárcel, en caso de que se le otorgue una sanción alternativa, o, en el peor de los casos, 20 años si su sanción es ordinaria. Además, dejará de recibir los pagos a los cuales tenía derecho y deberá enfrentar una orden de captura a ser ejecutada por la Policía y la Interpol, pero no la pérdida de todos sus beneficios porque seguirá en la JEP. Una decisión a lo menos floja frente a un criminal que no ha hecho más que poner su firma en un papel, el cual, a todas luces, desconoce, incumple y deshonra.

La JEP debió despojar de todos los beneficios del acuerdo al Paisa y dejarlo en manos de la justicia tradicional, así no solamente la Policía sino también el Ejército, entidad que ha dado los golpes más duros a la guerrilla, podría trabajar en su muy difícil captura y someterlo a la justicia tradicional sin ningún tipo de dádivas.

Tenemos que ser sinceros. El Paisa no ha respetado el Acuerdo y debe estar por fuera de él. El entonces presidente Santos y sus negociadores, al momento de explicar la llamada metodología de la paz, dijeron y repitieron que la negociación estaba fundamentada en la verdad, justicia, reparación y no repetición, por lo que no se entiende que alguien que no ha dicho la verdad, no ha colaborado con la justicia ni con la reparación, no está comprometido con la no repetición y además no aparece en nada de lo acordado no quede inmediatamente por fuera del pacto. ¿Es tan difícil de entender? Para ser beneficiario del Acuerdo de Paz es necesario someterse al mismo; algo diferente es impunidad y un salvoconducto para delinquir hasta que se recompruebe lo contrario. Sí, recompruebe, porque probados sus actos criminales del pasado ya están.

Sin entrar en tanta triquiñuela legal, que nos encanta a los colombianos, La premisa básica de un acuerdo de paz es llegar a una plataforma en la que se les da una nueva oportunidad a quienes participaron en un conflicto, pero esto definitivamente no puede ser interpretado como un tarjetón de disculpas para no cumplir. El perdón, en este caso, es una oportunidad, no una secuencia.

Por muy desesperados que estemos en acabar el conflicto con las Farc, no garantiza una paz estable y duradera crear incentivos para que los ahora exguerrilleros no cumplan con lo pactado bajo el entendido de que tienen oportunidades adicionales para justificar sus incumplimientos.

Que Colombia haya sido generosa una vez no significa que sea estúpida y en eso debemos estar todos claros. Un criminal arrepentido y comprometido puede merecer trato especial, uno que reitera su comportamiento no merece algo diferente que el peso de la justicia.

P.D. Escalofriante lo encontrado por la Comisión de Paz sobre la muerte de Dimar Torres. Todo parece indicar que fue una ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército. Sus autores deben ser castigados con todo el peso de la ley; una cosa es tan grave como la otra, por eso debemos dejar de estar jugando con ella.