UNA PROMESA INCONVENIENTE

En el todo vale de la campaña electoral fueron muchas las propuestas que hicieron los candidatos, algunas de las cuales de cumplirse podrían costarle muy caro al país. Entre estas está la del presidente Santos de revivir las horas extras, eliminadas en la reforma laboral de 2002.

Y, si bien para cualquier persona desprevenida esto podría sonar como muy atractivo y quizás el camino adecuado a seguir, lo cierto es que hacerlo no solo implicaría un retroceso, sino que terminaría causando más daño que beneficio por su impacto negativo sobre el empleo, la informalidad y la competitividad.

En Colombia, los altos costos laborales asociados a los sobrecostos a la nómina y la baja productividad de los trabajadores dificultan la generación de empleo formal, y son la razón principal de la alta informalidad laboral que tanto daño le hace a la economía. Así, si lo que se busca es reducirla, no hay solución diferente a la de actuar directamente sobre sus causas; reduciendo los costos del empleo formal, y capacitando mejor a la fuerza laboral para que mejore su productividad y por tanto su nivel de ingreso.

Los esfuerzos para reducir los costos laborales se iniciaron hace más de diez años con la reforma laboral de 2002, que con el ánimo de incentivar la creación de empleo formal, eliminó precisamente las horas extras, amplió la jornada laboral y redujo el pago adicional de domingos y festivos. Más adelante, en 2010, con este mismo propósito, se expidió la ley de Formalización y Generación de Empleo, y más recientemente, en la reforma tributaria de 2012, se redujeron en ocho puntos los sobrecostos a la nómina para los salarios inferiores a diez salarios mínimos.

Gracias al efecto combinado de estas tres leyes y de otras medidas, el empleo formal está creciendo, en especial para los trabajadores con educación superior, y se está viendo por primera vez en muchos años una reducción de la informalidad laboral. En este sentido, reversar cualquiera de las medidas que se han adoptado sería una gran equivocación. El costo de la mano de obra subiría, la generación de empleo formal sufrirá y los más afectados serían los trabajadores.

Afortunadamente, hace pocas semanas se hundió en el Congreso por inconveniente una iniciativa similar a la prometida por el presidente de revivir las horas extras. Es de esperar que el nuevo Congreso haga lo mismo en caso de que en efecto el presidente insista en cumplir su promesa y radique un proyecto en ese sentido.

Pasada la campaña, y en esta nueva etapa que empieza para el país, posiblemente de post conflicto, lo adecuado es continuar reduciendo la informalidad para beneficio de la economía en general, pero principalmente de los trabajadores.

Para acelerar el proceso hay que continuar con la reducción de los costos laborales y acompañar este esfuerzo con políticas de formación y capacitación pertinentes y de calidad que conduzcan al mejoramiento de la productividad de los trabajadores. Es la única forma de mejorar sus condiciones laborales.

De otro lado, es muy difícil competir con una fuerza laboral siete veces menos productiva que la de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

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