Es hora de que el Gobierno deje de ponerle curitas al colapso de la justicia.

Al magistrado Jorge Pretelt (si es que alguna vez figuró entre sus planes) no lo dejaron renunciar en primer lugar sus colegas de la Corte. Al exigírselo, quisieron tapar con ello sus propias vergüenzas. Empezando por la presidenta, María Victoria Calle, quien, a sabiendas parcialmente de los rumores que había difundido el abogado Pacheco sobre Pretelt, votó por él para la presidencia, pero después de explotar el escándalo se cambió rápidamente de bando liderando la petición de renuncia que implicaba un fallo político anticipado contra Pretelt. Aparentando una dignidad que por allá pocos tienen, lo que querían era tapar los ‘roscogramas’, las otras visitas de Pacheco y las chuzadas ilegales de un magistrado. De ahí que Pretelt diga: “Si me voy yo, se tienen que ir todos”. Deberían.

Tampoco dejó renunciar a Pretelt el Congreso, a pesar de que este había ofrecido la salida. En una de las decisiones más torpes de la historia, le negaron su derecho a pedir una licencia no remunerada para asumir su defensa, que habría facilitado la transición institucional hacia su separación del cargo. Hoy, la Corte Constitucional se encuentra en la insólita situación de que aunque sus magistrados manifiestan que no sesionarán con Pretelt, tampoco pueden abandonar sus funciones constitucionales, lo que sería grave falta disciplinaria. Al negarle la licencia, el Congreso condenó también anticipadamente al magistrado, cerrándole la más mínima posibilidad de un juicio imparcial ante la Comisión de Acusación.

Otro que volvió imposible la renuncia de Pretelt fue el Gobierno. ¿A qué horas dos de sus ministros se sintieron con la atribución de pedirle a un magistrado retirarse de su cargo sin que él haya sido oído ni acusado formalmente? ¿Qué tal que a un magistrado le diera por hacer lo mismo, pero viceversa?

Pero, sobre todo, la renuncia de Pretelt la volvieron imposible desde la Fiscalía. Muy curioso (¿o muy torpe?) que la Comisión de Acusación de la Cámara, cuyo secretario, según se dice, supuestamente llegó allí de la mano del fiscal Montelegre, hubiera proferido su llamado a indagatoria el mismo día en el cual Pretelt se despachó contra el Fiscal. Ni siquiera esperaron hasta el martes, como para disimular.

El mismo viernes, el Fiscal cometió la torpeza de meterse con la esposa de Pretelt (ni la mafia se mete con las esposas), llamándola a interrogatorio acerca de unas tierras compradas hace 17, 13 y 12 años. ¿Cómo pudo pasar todo este tiempo sin que jamás se hubiera investigado a la señora por lo que hoy se aproximaría a gravísimos crímenes de guerra, usurpación y desplazamiento? ¿Por qué la Fiscalía aparenta haber abierto los ojos cuando tumbar a Pretelt se volvió el objetivo? ¿Algún hecho es nuevo?

Eso no es todo. La Fiscalía, como se ha vuelto usual, filtró a los medios, precisamente ahora, unas grabaciones a las que les pasaron por encima tres fiscales –Mendoza Diago, Vivianne Morales y el actual–, sin que antes de este escándalo ellas hubieran ameritado la menor curiosidad de su parte. Esas grabaciones, que para ser entendidas en contexto y calificar su nivel de gravedad ameritaban un análisis técnico de investigadores de la Fiscalía que brillaron por su ausencia, se hicieron públicas convenientemente para darle un pastorejo al tambaleante Pretelt.

Con esos antecedentes, el magistrado salió a decir el viernes en La W que no renunciará a su fuero porque asegura conocer las calidades de su persecutor. Que allá en esa Fiscalía solo proceden contra quienes manifiestan objeciones hacia el Fiscal, mientras los verdaderos culpables de las fechorías pasan de agache.

Más grave aún: según Pretelt, vaya uno a saber si es verdad, el Fiscal General de la Nación invita a magistrados a su casa para venderles la premisa de que hagamos la paz bajo la máxima impunidad.

Entre tanto… Es hora de que el Gobierno deje de ponerle curitas al colapso de la justicia. Con esta Corte Constitucional no se puede hacer la paz.