Urgente depuración de subsidios

Hay que mejorar la focalización
No se trata de ‘eternizar’ la pobreza

La estructura de subsidios en Colombia es muy compleja y entre los expertos hay coincidencia en torno a que existen graves deficiencias en materia de focalización. Ello se evidencia en que hay muchas personas que continúan recibiendo esta clase de ayudas del Estado pese a que por su nivel de ingresos, patrimonio y necesidades básicas satisfechas no deberían hacerlo.

No es un tema menor ni tampoco puede circunscribirse a la coyuntura de estrechez fiscal. Todo lo contrario, es un asunto de alta política pública en un país en donde una tercera parte del presupuesto anual se destina a subsidios de asignación directa o indirecta que impactan a millones de colombianos. Incluso, los estudios de entidades públicas y privadas revelan que los recursos destinados a estos programas asistenciales han ido creciendo en las últimas décadas, más aún porque algunos que nacieron como medidas gubernamentales de corto plazo o bajo alcance, con el pasar de los años multiplicaron exponencialmente a sus beneficiarios o terminaron convertidos en políticas de Estado, como es el caso de “Familias en Acción” o “De cero a siempre”.

Desde ese punto de vista es viable la revisión que de la estructura de subsidios ya anunció el Gobierno para el próximo año. No en el sentido simplista y puramente fiscalista de recortar las ayudas a los sectores poblacionales más vulnerables como única vía para equilibrar las finanzas estatales, sino dirigido a depurar la base de beneficiarios de forma objetiva y con carácter progresivo. Hay distorsiones sobrediagnosticadas como aquella, tantas veces advertida, en torno a que en el sistema pensional las mesadas más bajas, que son las de mayor volumen, terminan subsidiando a las más altas, que por obvias razones son un porcentaje marginal.

Por otra parte, el subsidio en sí se concibió como una medida de apoyo temporal en la que un Estado ayuda a un grupo poblacional determinado a superar una necesidad básica insatisfecha cuando éste no puede hacerlo por medios propios. Esa premisa es clave puesto que en Colombia la cantidad de población que estaba años atrás en las franjas de pobreza y de pobreza extrema ha ido disminuyendo gradualmente. Sin embargo, esa realidad socio-económica no se refleja de forma proporcional en la cantidad y el monto de las ayudas que se continúan destinando, en una porción de gasto oficial que ya se volvió inflexible.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que el exceso de subsidios tiende a generar un efecto perverso, en el sentido de que muchas personas se acostumbran a un Estado de corte asistencialista. Es vox populi en muchos municipios y veredas que con tal de no perder las ayudas oficiales en materia de salud, educación, servicios públicos, pensiones, alimentación, transporte, asistencia a la tercera edad y otros rubros, hay personas que no se esfuerzan por progresar, emplearse de manera formal, acceder a planes de vivienda o incluso mejorar su calidad de vida. Esto bajo el entendido de que si lo hacen, ya no podrán ‘vivir de los subsidios’.

Ya en el pasado, desde el Departamento Nacional de Planeación se ha insistido en que debe avanzarse de forma significativa en mejorar la focalización de los subsidios, no sólo para sacar una gran cantidad de colados en el sistema de identificación de beneficiarios, sino para que exista un impacto más directo y prioritario en las familias que necesitan realmente estas ayudas oficiales. Mientras no se proceda en esa dirección, los porcentajes de inversión social dentro de los presupuestos generales anuales de la Nación serán cada vez menores.

Para ello es clave, por ejemplo, que continúe la depuración del Sisbén, que es la base de datos multidisciplinaria que las entidades oficiales utilizan como herramienta clave para clasificar a las personas según su nivel de necesidades básicas insatisfechas y sus principales vulnerabilidades. Muchos colados han sido sacados de los listados pero la corrupción y la politiquería impiden un mayor control.

Lo importante, en todo caso, es que esa revisión de la estructura de subsidios se haga de forma objetiva, realista y bajo la premisa de que en un Estado Social de Derecho es viable que se entreguen ayudas y asistencias a los sectores más pobres. Pero también  que las mismas se vayan disminuyendo a medida que mejora su situación económica y social. No puede Colombia volver permanente la política asistencialista ni paternalista. No se trata de ‘eternizar’ la pobreza ni la dependencia endémica de los recursos oficiales. El modelo socioeconómico debe generar por sí solo las dinámicas de progreso en calidad de vida de la mayoría de la población y el Estado solo intervenir para solucionar los desequilibrios en cuanto a los más vulnerables y desamparados para ayudarlos a salir de la crisis no para perpetuarlos en la misma.

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