Dudoso que se llegue a 150.000 hectáreas en todo el año (aparte, claro, de las titulaciones que no requieren procesos ante tribunales por desplazamiento u otras causas). Incluso si se acepta ese ritmo de restituciones anuales y son más de dos millones las hectáreas reclamadas, la tarea durará cerca de 15 años.
El programa de restitución de tierras del gobierno, una de sus banderas más publicitadas, sigue sin despegar. Por más que el presidente Juan Manuel Santos y sus subalternos en el Ministerio de Agricultura se empeñen en anuncios grandiosos cada cierto tiempo.
Como el reciente de Santos en San Vicente del Caguán, cuando denunció que las Farc en el oriente colombiano se habían apoderado de 500 mil hectáreas, y que rápidamente el Estado iba a proceder a restituir a los campesinos despojados no menos de 130 mil en ese solo municipio. Pocos se percataron que el medio millón de hectáreas que mencionó el jefe de Estado eran baldíos de la nación.
Ese mismo día, para ponderar las grandes realizaciones en este punto, Santos señaló que su gobierno había entregado un millón seiscientas mil hectáreas a campesinos de zonas afectadas por el conflicto. Una suma considerable en apariencia. Pero, de nuevo, cuando se decanta la información se halla que es la simple suma, un poco exagerada, de la adjudicación de títulos de baldíos en este mandato. Que sigue la misma línea, y con los mismos promedios, de titulaciones de baldíos en los anteriores gobiernos.
Ahora en la prensa vuelve el gobierno al teatro. Esta semana la alharaca fue que gracias a la política de restitución prevista en la Ley de Víctimas, un juez había devuelto poco más de 8.000 hectáreas a cinco familias despojadas por los paramilitares en Puerto Gaitán, Meta. Agregaba la fuente oficial que con ese fallo sumaban ya 32 los proferidos por jueces especializados en restitución, que habían devuelto a sus legítimos dueños cerca de 11.000 hectáreas.
De nuevo, mirando con lupa la letra menuda de la información encontramos que lo que ordenó el juez al Incoder en el Meta fue proceder a efectuar la titulación de unos baldíos. Como ha sucedido en la casi totalidad de los casos fallados, desde el primero en Mampuján (Bolívar).
Según la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, en su último informe estadístico del mes pasado, 32.688 presuntas víctimas de despojo o desplazamiento de sus tierras han reclamado un total de 2.368.908 hectáreas. Con la advertencia de que el total de esa extensión es menor, pues algunos predios son reclamados por varios denunciantes a la vez. Según datos oficiales de finales del año pasado, un 60 por ciento de los reclamos de las víctimas corresponden a baldíos.
El gobierno diseñó por entonces un “plan de choque” para acelerar la devolución de tierras. Sus ejes eran dos: intensificar la entrega de predios abandonados, baldíos en realidad, a sus poseedores anteriores, entregando los títulos respectivos, “evitando que los casos tengan que pasar por la justicia agraria”. Se esperaba que un millón de hectáreas fueran transferidas a los campesinos rápidamente.
El otro eje consistió en presionar a los jueces especializados en restitución para que profirieran sentencias a las volandas, con tal de mostrar resultados, y cuantiosos. El gobierno llegó al extremo de conminar a los jueces respectivos a que no practicaran pruebas o se abstuvieran de analizar las que las víctimas habían presentado a la Unidad de Restitución de Tierras del ministerio, como venían haciéndolo en los primeros procesos.
Ni más ni menos que convertir un acto administrativo, de recepción y aceptación de unos documentos o testimonios, en una oficina no judicial, como un elemento irrebatible que no podía ser evaluado en el proceso judicial. Hasta el mismo diario El Tiempo, en un desafortunado editorial (“Toques de alarma”, diciembre 3 de 2012) respaldó tan absurda pretensión, que viola los derechos procesales. Nada menos que una ley del embudo pavorosa: además de que la Ley de Víctimas invirtió la carga de la prueba (al denunciado por despojo no se le supone inocente sino culpable que tiene que probar que no lo es), también el gobierno pretende que las pruebas presentadas por el denunciante tienen validez per se y no son controvertibles.
Aún así, el proceso no arranca. Funcionarios menores han revelado esta semana que la meta de restitución por vía judicial será la pírrica suma de 150.000 hectáreas este año. Llevan, en sentencias judiciales 11.000 hectáreas, casi todas de titulación de baldíos, en cerca de seis meses. Dudoso que se llegue a 150.000 hectáreas en todo el año (aparte, claro, de las titulaciones que no requieren procesos ante tribunales por desplazamiento u otras causas). Incluso si se acepta ese ritmo de restituciones anuales y son más de dos millones las hectáreas reclamadas, la tarea durará cerca de 15 años.
Otro globo desinflado del gobierno de los anuncios.
