"Cristina Plazas y su novio han evitado contar esta historia. Claramente tienen miedo."

Cuatro días antes de la captura, la Fiscalía General de la Nación ordenó interceptar su teléfono. Grande fue la sorpresa de los investigadores, al descubrir que sus charlas se limitaban a tratar asuntos laborales y a finiquitar algunos detalles de su matrimonio.

La noche del 4 de febrero pasado, cuando estaba llegando a la portería del club Payandé –en el municipio de La Vega, Cundinamarca- cuatro camionetas adscritas al CTI, apoyadas por vehículos del ejército y de la policía, cerraron la vía y procedieron a capturarlo.

No se trataba de un operativo contra un gran capo de la mafia, ni contra un peligroso comandante guerrillero o paramilitar. Aquel espectacular despliegue de fuerza fue utilizado para detener al zootecnista Eduardo José Benavides Rueda, quien estaba ad portas de contraer matrimonio con la directora del ICBF, Cristina Plazas.

Aunque la Fiscalía supo desde siempre su lugar de residencia y la dirección de su oficina, prefirió poner en marcha la cinematográfica operación de captura, para someter al detenido a una audiencia de imputación de cargos en la que el juez 21 de control de garantías desestimó los argumentos presentados por la Fiscalía y se abstuvo de imponer cualquier medida contra él.

La decisión del juez resulta lógica, máxime cuando la misma Fiscalía ha emitido oficios en los que reconoce que contra Benavides no hay pruebas ni cargos. Él, está encartado por un proceso que se adelanta contra su padre y en el que la FGN, contraviniendo principios constitucionales elementales, ha buscado que el hijo declare contra su progenitor, despropósito que el procurador de este caso calificó en la diligencia de imputación como “lo más raro y exótico que he visto en mi carrera como agente del ministerio público”.

Pero el daño estaba hecho. Su matrimonio tuvo que ser suspendido en medio de la marea de especulaciones periodísticas.

Un par de hechos que rodearon la captura de Benavides llaman poderosamente la atención.

A comienzos de enero del año pasado, Jorge Luis Peñuela fue nombrado como subdirector nacional del ICBF por recomendación del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Al existir dudas sobre su solvencia, la directora del instituto, Cristina Plazas, lo invitó a renunciar un mes y medio después de su designación, hecho que desató la ira santa del poderoso doctor Perdomo. Hoy, Peñuela, protegido en materia burocrática del vicefiscal, es el subdirector nacional de gestión contractual de la Fiscalía General de la Nación, puesto al que llegó como quien cruza el puente de Londres: directo y sin escalas.

Además, existe un elemento que resulta aún más complejo. El papá de Benavides, don Eduardo Benavides Guerrero, fue socio de la tristemente célebre Fiduciaria Petrolera S.A, Fidupetrol, empresa que ha estado envuelta en el escándalo que involucra al magistrado Pretelt en un supuesto soborno de 500 millones de pesos.

El 5 de febrero, minutos antes de que comenzara la diligencia de imputación de cargos contra Benavides, un asesor del despacho del vicefiscal Perdomo le propuso al papá del detenido el siguiente acuerdo: si él aportaba alguna prueba del pago de los 500 millones de pesos de Fidupetrol a Pretelt, ellos, la Fiscalía, se abstendrían de seguir adelante en la imputación y dejarían salir a su hijo para que llegara a tiempo a la celebración de su matrimonio con la doctora Plazas.

Desde mediados del año pasado, la Fiscalía le ha venido planteando a Eduardo Benavides –el padre-la posibilidad de un principio de oportunidad a cambio de que diga cómo se pagaron los 500 millones del soborno a Pretelt.

La solicitud, que en realidad es una burda extorsión, es imposible de satisfacer. Benavides no tiene prueba alguna de que Fidupetrol haya hecho el pretendido desembolso de los 500 millones, ni mucho menos tiene conocimiento de los pormenores de la famosa tutela con la que la fiduciaria buscaba salvarse de pagar la suma de 22.500 millones de pesos al departamento del Casanare.

La doctora Cristina Plazas, su novio, la familia de éste, han evitado contar esta historia. Claramente tienen miedo de lo que sea capaz de hacer la Fiscalía en su contra. Ellos, están viviendo en carne propia los abusos que desde hace mucho se cometen en la Fiscalía General de la Nación contra las personas que son objeto de investigación.