En el caso del  asesinato del líder popular Adán Quinto Mosquera, cometido por terroristas no identificados todavía, en  el barrio Brisas del Mar del municipio de Turbo, el día de ayer, 9 de abril de 2014, las autoridades judiciales  deberán investigar no sólo a los autores materiales e intelectuales de ese vil acto sino también, y de manera urgente, a Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, pues ese organismo, que depende del ministerio del Interior, tenía bajo su protección a Adán Quinto.

Dos responsables de trayectoria irreprochable, el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, y el director de la Asociación Tierra y Vida, Carlos Páez Díaz, acusan a Andrés Villamizar de no haber cumplido con su deber ante Adán Quinto, líder afro descendiente que había pedido protección a la UNP de Villamizar luego de recibir enorme cantidad de amenazas de muerte por su labor humanitaria en defensa de cientos de familias desplazadas de sus tierras por los violentos de Urabá y Chocó.

Jorge Armando Otálora no sólo condenó de manera muy firme el asesinato de Adán Quinto sino que reveló a la prensa un detalle de lo que había ocurrido momentos antes del atentado mortal. El afirmó que "en la mañana [del 9 de abril] no se hicieron presentes [los] escoltas [de Adán Quinto] y [éste] al salir de su casa fue ultimado".

Carlos Páez Díaz denunció por su parte que la Unidad Nacional de Protección “le había reducido la seguridad” a Quinto, “a pesar de las constantes amenazas de muerte por parte de grupos ilegales en la región del Urabá antioqueño y chocoano”.

En lugar de encarar con entereza esa situación, Andrés Villamizar optó por trasladar la culpa de lo ocurrido a la propia víctima. Dijo que Adán Quinto  se había “desprendido voluntariamente de su esquema de seguridad”, y que por eso lo habían matado. Villamizar dio en realidad dos explicaciones, en lugar de una. Dijo que la víctima se había  “desprendido de su esquema de seguridad”, y  que la víctima había salido a la calle “sin su escolta”. Lo uno no es idéntico a lo otro. En todo caso, Villamizar dijo ignorar qué “razones” había tenido la víctima para obrar de esa manera. “La persona asesinada contaba con medidas de protección, tenía un escolta asignado y un apoyo de transporte para su movilidad, por hechos que aún todavía aún no hemos podido aclarar del todo, esta persona salió sin el escolta el día de hoy”, declaró Villamizar a la prensa.

Explicación muy fácil, cuando se sabe que, según El Colombiano, quien habló con Carlos Páez, a Quinto “le cambiaron el esquema de seguridad, razón por la cual se hizo más vulnerable al ataque de los que querían asesinarlo”. La conclusión del dirigente Tierra y Vida no puede ser más clara: “El Gobierno lo abandona para que lo asesinen. (…) La Unidad Nacional de Protección no tiene idea de cuándo una persona está amenazada y protege a quienes no tienen amenazas y deja solos a los que sí las tienen”.

En esas condiciones, la Fiscalía está en la obligación de abrir una investigación para determinar exactamente cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Adán Quinto y para saber con precisión en qué falló el supuesto “esquema de seguridad” que Villamizar le había concedido al líder afro descendiente pero que, en realidad, a la hora de la verdad, no sirvió de nada ante la determinación de los asesinos.

Es increíble que el director de la Unidad Nacional de Protección ante el asesinato de una persona protegida, pretenda salvar la responsabilidad oficial aduciendo que la persona que estaba bajo su protección fue la que cometió un error y no el equipo que debía protegerla.  Según cuatro asociaciones defensoras de derechos humanos  –el Comité Víctimas de la Guerrilla Vida, Voluntariado Misionero Cristiano de Colombia “Manos Unidas”, la Asociación de víctimas civiles de la guerrilla y Unoamérica–, el asesino de Adán Quinto es “un miliciano del Frente 57 de las Farc”.

Adán Quinto era un joven y abnegado líder de la comunidad afro descendiente colombiana que había participado en los procesos de restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó. Es la tercera personalidad que es abatida por los bandidos que se oponen a que los afro descendientes sean libres. Otros dos héroes de esa comunidad, Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo Jair Blandón, fueron asesinados por las Farc el 17 de diciembre de 2009, el mismo día que la famosa (y muy cuestionada) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es San José de Costa Rica, les negara las medidas de protección que habían pedido meses atrás.

Antes de recibir la muerte, Adán Quinto fue objeto de una campaña de calumnias y amenazas, como lo habían sido, exactamente, poco antes de morir, Blandón y Moya. En efecto, tres meses antes de esos atentados mortales, una Ong canadiense (PASC) fue la encargada de difundir la mentira de que la comunidad de Blandón y Moya hacía parte de un masivo “desplazamiento” de personas de la región empujado por los “paramilitares” y las fuerzas del orden de Colombia.

Moya había ido a Bogotá a revelar la verdad de esa tragedia ante el Parlamento colombiano. Allí explicó que las Farc son las que hacen salir la gente de sus tierras para confinarlas y explotarlas en unos campos de concentración, con alambradas de púas y terror permanente, que hacen llamar “comunidades de paz”, adonde ninguna autoridad del Estado colombiano puede entrar.

Indicó igualmente que el narco-terrorismo hace eso con la complicidad de conocidos curas marxistas de Bogotá y otras ciudades que jamás han querido explicar sus andanzas ilegales a la justicia pues pretenden estar por encima de la ley.

El 7 de noviembre de 2013, Adán Quinto reiteró las denuncias de Blandón y Moya, en una carta enviada al Papa Francisco. Quinto dijo que las 621 familias desplazadas desde 1997 del sector de Cacarica siguen sufriendo amenazas de parte de la Ong dirigida por el jesuita Javier Giraldo y por los civiles Danilo Rueda y Alirio Peña. Esa carta reitera que la Ong llamada Comisión Intereclesial Justicia y Paz se entromete en los asuntos de esas comunidades “para mantenerlas sometidas en la ruina y así poder sacar un beneficio personal”.

El asesinato de Adán Quinto fue perpetrado el 9 de abril, día destinado en Colombia a rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo. Los autores de la muerte del líder afro descendiente le dijeron así al país que las víctimas nunca serán reconocidas por las Farc y que nadie puede esperar nada de las conversaciones de La Habana.